El Ayuntamiento de Santa Pola pide tres años de cárcel para su exjefe de la Policía Local y dos ediles del PP por la trama del ‘caso uniformes’
El Ayuntamiento de Santa Pola ha reclamado, como acusación particular en el ‘caso uniformes’ que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche, la prensa de prisión para el exjefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, hermano del exalcalde de la localidad Miguel Zaragoza y del actual jefe de la Policía en Elche César Zaragoza.
En concreto, el exintendente jefe de la Policía municipal y los exregidores de Seguridad Ciudadana con el PP Antonio Andrés García Baile y Antonio Pérez Huerta se enfrentan a una petición de dos años y un día de prisión por un delito continuado de fraude e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años y 1 día, y a otro año y tres meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental.
Estos cuatro procesados también deberán responder a 8 años y seis meses de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por el delito continuado de prevaricación. Se libraría el Oficial de Policía Local -encargado de la Unidad Administrativa al menos desde el año 2013- Roque Miguel Alemañ Bonet del delito de prevaricación, pero deberá hacer frente a los otros dos.
La presunta trama de corrupción estalló en junio de 2017 cuando la UDEF de la Policía Nacional arrestó a los arriba mencionados así como a cinco empresarios del textil. La corporación que había entrado en 2015, con la socialista Yolanda Seva a la cabeza como alcaldesa –elegida este domingo diputada nacional- había hallado supuestas irregularidades detectadas en contratos menores realizados a dedo para la adquisición de prendas por parte de la Policía Local durante años, presumiblemente desde 2007 hasta 2015 realizadas con la connivencia de las mercantiles Uniformes Riera SL y Gil de los Ríos S.A.
El escrito de acusación, en una pieza separada de la causa principal, se refiere a los responsables de la última empresa. Para Antonio Folgado Mateu, Antonio Gil Moreno y su hermano Mario el Ayuntamiento reclama por un delito continuado de fraude, la pena de 2 años y 1 día de prisión y la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de 3 años 6 meses y 1 día; así como un año y tres meses de prisión por el delito continuado de falsedad documental.
Y es que todavía queda por dilucidar también la trama principal que tiene a la empresa de los hermanos Riera como beneficiarios y que se encuentra a la espera del auto de cierre de la fase de instrucción. Los cinco miembros de la empresa familiar Riera, con sede en Redován, están imputados por presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Mientras tanto, y como reveló este medio, el ayuntamiento vecino de Elche ha contratado a esta empresa sospechosa de corrupción -mediante concurso público- para que le suministre los uniformes de la Policía ya que al no pesar una condena en firme el trámite es legal.
Se da la circunstancia de que en Elche el jefe de la Policía, César Zaragoza, es el hermano del de Santa Pola, cautelarmente suspendido de sus funciones como máximo responsable de la Policía de la villa marinera.
Por último, el escrito de acusación también reclama en concepto de responsabilidad civil a los acusados una indemnización al Ayuntamiento de Santa Pola de 27.664,02.-€ “por el perjuicio patrimonial ocasionado”. La apertura de juicio oral se prevé para dentro de un mes aproximadamente, es decir, próximo a las elecciones municipales del 26 de mayo.
Además de este escándalo, el PP del que fuera su alcalde entre 2003 y 2015, Miguel Zaragoza, se ha visto salpicado por otras tramas destapadas por el equipo de gobierno del PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida, Sí Se Puede Santa Pola y dos exregidores de Cs. En los juzgados se encuentra la supuesta imprudencia grave tras el derrumbe parcial del suelo del colegio público Hispanidad; también se está investigando el elevado número de horas extras de las que se beneficiaban, pese a no realizarlas, entre otros el jefe de la Policía Local José Miguel Zaragoza; su otra hermana, Pilar Zaragoza, también podría haber estado cobrando un sueldo sin ir a trabajar en una clínica privada de Gran Alacant durante los diez años que el consistorio lo había permitido, dejando de ingresar a cambio 100.000 euros en concepto de canon.
Por esta causa el exalcalde Miguel Zaragoza fue detenido y posteriormente dimitió de su cargo de diputado en la Diputación de Alicante. Y la hasta el pasado domingo diputada nacional, Loreto Cascales, también tendrá que responder como investigada. De momento, esta acusación le ha costado ni repetir en la candidatura a la cámara baja ni ser la candidata a la alcaldía, puesto al que concurrirá finalmente la exregidora Loreto Serrano.
