Los únicos valencianos que todavía pagarán peaje después del 1 de enero

La Autopista del Mediterráneo AP-7 entre Tarragona y Alicante pasará a ser gratuita a partir del 1 de enero del próximo año tras vencer la concesión con la empresa Abertis. Esta noticia confirmada por el Ministerio de Fomento y acogida con júbilo por conductores habituales que llega tras más de 40 años de pagar peaje, vuelve a poner sobre la mesa las incógnitas sobre la autopista AP-7 entre Alicante y Cartagena.

Sus usuarios llevan aproximadamente la mitad de tiempo, unos 20 años, pagando por ocupar sus 76,6 kilómetros que unen el enlace de los Beatos, en las proximidades de Cartagena el enlace con la Autovía A-7, a la altura de Crevillent. Un peaje que oscila entre los 2,20 euros en temporada baja y los 3,95 en temporada alta -con la obligatoriedad de tener que rebasar dos peajes, el de Los Montesinos y el de La Zenia, en apenas 10 kilómetros-.

Las consecuencias de estos tramos de pago vienen siendo, desde hace años, el colapso de la Nacional 332 que discurre en paralelo a la AP-7 entre unos conductores, muchos turistas, que destinan hasta 45 minutos para recorrer unos pocos kilómetros, aumentando la siniestralidad de la N-332 frente a la autopista, con tráfico muy fluido.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el norte de la provincia de Alicante se ha librado del peaje, el vecino de la Vega Baja se ha preguntado estos días que qué pasa con la autopista del sureste y si también se van a levantar las barreras para siempre. Para siempre no, pero hasta 2048 tiene de concesión la empresa que explota el tramo, Autopista de Sureste Concesionaria Española de Autopistas S.A, Ausur, como recuerda en su página Web, tras adjudicarse la concesión el 1 de diciembre de 1998.

Por lo tanto, ¿qué alternativas le quedan a los vecinos del sur de Alicante y Murcia? Partido Popular y Ciudadanos reclamaron el verano pasado la introducción de un peaje blando de la autopista para residentes, una propuesta que como reconoció entonces el alcalde popular de Orihuela, Emilio Bascuñana, ya lanzó al gobierno de Mariano Rajoy, sin éxito.

Anteriormente, Compromís ha venido requiriendo al Estado que libere el tramo de la autopista que más se colapsa ateniendo a cuestiones de seguridad. “Así vemos como el Estado ha abonado el coste íntegro del desvío de tráfico en autopistas explotadas en régimen de concesión al amparo de la Ley de Carreteras cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o de seguridad viaria lo requieran. Si es posible en Lleida en la AP-2, en la AP-7 en Girona, o en Tarragona, en León, Málaga o Navalcarnero de entrada a Madrid por la R5 los domingos y festivos debe tomarse en cuenta seriamente descongestionar el tráfico en la costa y facilitar la vida a los turistas, residentes y a quienes hemos pagado peajes toda la vida”, afirmó el senador Carles Mulet.

Contrarios al peaje blando, la coalición ha venido defendiendo en las últimas elecciones “que se acelere el desdoblamiento real e integral de la N-332” a su paso por Torrevieja para evitar su colapso, por donde transcurren más de 50.000 vehículos diarios. Su desdoblamiento inicial entre Torrevieja y Pilar de la Horadada y entre esta última ciudad y Guardamar del Segura llevó a Ausur a denunciar al Ministerio de Fomento al entender que estas obras afectaban al flujo de tráfico que discurre por la AP-7 y alteraba las “bases económico-financieras sobre la concesión que está diseñada”. Pero el Tribunal Supremo dictaminó en 2015 que el Estado no debía compensar a la empresa concesionaria, esgrimiendo, apuntaba la Abogacía del Estado de que hasta 2048 el tráfico de la concesión respecto de la que se pretende una indemnización o un reequilibrio económico puede variar y agrega que la concesión misma “ha de considerarse en el largo plazo y no en la obtención inmediata de beneficios”.