Fiscalía busca un pacto 'in extremis' con Blasco a cambio de que devuelva el dinero pero sin haber embargado ni una obra de arte

Este lunes empieza en la Ciudad de la Justicia la vista en la que se va a juzgar al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts con Francisco Camps Rafael Blasco por el caso de corrupción de las ayudas de cooperación y que le podría costar 16 años de cárcel. Junto a Blasco, otras 23 personas están acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.

Pero hasta el último momento se estará pendiente de un posible pacto con la Fiscalía que, por economía procesal, podría reducir la pena de 16 años a tan solo dos de prisión si acepta devolver el dinero. En total serían ocho millones de euros, cuatro en concepto de los fondos saqueados y otros cuatro por los daños morales.

No obstante esta negociación se produce con un cierto agujero en la instrucción ya que, pese a que sí que se han embargado inmuebles a Blasco, no se ha registrado su casa en ningún momento, y, por tanto, no se ha actuado sobre las obras de arte que cuelgan de sus paredes, obras que se mostraron en el documental sobre corrupción de À Punt 'El Clan Blasco'. Estas obras de arte también podrían haber engrosado el importe embargado para compensar el daño realizado.

En paralelo al proceso penal, el Tribunal de Cuentas procedió en enero de este año a embargar a tres condenados en la pieza ya juzgada -la 1- del 'Caso Blasco', entre ellos el propio Rafael Blasco, para transferir esas cantidades a la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento de reintegro por alcance con el fin de recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

El Tribunal de Cuentas persigue que los condenados devuelvan los 1,7 millones de fondos públicos de la Generalitat que debieron destinarse a diversos proyectos de cooperación en Nicaragua, pero que se desviaron para que los responsables de la trama de corrupción compraran varios inmuebles en València.

De los 1,7 millones de la ayuda humanitaria al Tercer Mundo solo llegaron a su destino 43.953 euros y este tribunal ya cifró en 1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas. Con este embargo, la Generalitat ha podido recuperar hasta la fecha en torno a 650.000 euros de los 1,7 millones desviados, embargo que no han incluido las mencionadas obras de arte que habrían engrosado el montante económico compensado.

La ausencia de un registro en el domicilio de Rafael Blasco contrasta con lo ocurrido a otros responsables políticos valencianos cuando se abrieron causas por presunta corrupción en su contra. Es, por ejemplo, el caso de Serafín Castellano (PP) o de Jorge Rodríguez (PSPV).

Caso Blasco: las piezas 2 y 3, a juicio

El caso que ahora se juzga, concretamente las piezas 2 y 3 del genérico 'Caso Blasco' apunta a delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Blasco, que es el principal imputado, ya fue condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y se encuentra en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión. Además de él, también se sientan en el banquillo su antigua cúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip; y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.

Al exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. El juzgado encargado de la instrucción adoptó en su momento medidas para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que en el caso Blasco se fijaron en 8,2 millones de euros.

Hasta ocho millones se establecen para Augusto César Tauroni y para Llinares -para el resto de ex altos cargos son menores- y de 3,6 millones para Darder.

Peticiones de Anticorrupción

Por estas piezas, la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para Blasco y pide como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que solicita el fiscal es para Augusto César Tauroni, para quien reclama 21 años y medio de cárcel. También solicita que se le fije una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales.

Estas dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011, y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Protesta de CVONGD

Ante el inicio del juicio, la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), miembro de la acusación particular, ha realizado una protesta en la que ha rechazado el posible pacto que busca la Fiscalía.

Sus responsables han leído un manifiesto en el que han mostrado “nuestra mas absoluta repulsa”, reclamando así mismo “dignidad para el trabajo en cooperación internacional” y la devolución de los fondos robados.