29 cadenas perpetuas y 19 penas de prisión de entre 8 y 25 años para los responsables de los conocidos vuelos de la muerte que lanzaron al mar a más de 4.000 personas durante los terribles años de la dictadura argentina (1976-1983). El 29 de noviembre finalizaba con este resultado el histórico juicio que ha probado por primera vez la existencia de un plan sistemático de exterminio llevado a cabo hace 40 años por la ESMA, acrónimo de la Escuela de Mecánica de la Armada. Argentina en 2003 posibilitó legislativamente la investigación y persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura a través de la anulación por parte del Senado de la conocida como Ley de Obediencia Debida y de Punto Final, que había sido dictada en 1987 y establecía que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles.
La vulneración sistemática de los derechos humanos en Argentina se produjo de múltiples formas, siendo la más tristemente conocida la del robo sistemático de bebés, dado a conocer mundialmente a través de la incansable lucha de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que desde 1977 continúan uniendo familias con sus descendientes secuestrados. En el transcurso de la escritura de este artículo, las Abuelas han recuperado a la nieta número 126.
Por el delito de secuestro de bebés fue condenado en 2012 el propio dictador, Jorge Videla, a la pena de 50 años de cárcel junto a otros militares. No llegaría a cumplir la condena completa ya que murió un año después en prisión, donde entró en 2008 tras las primeras sentencias por sus múltiples crímenes.
El secuestro de niños, desgraciadamente, no fue una práctica exclusiva del gobierno de Videla. Otras dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile o la de Franco en España se sirvieron de este bárbaro mecanismo de usurpación con la complicidad de médicos y miembros de la Iglesia Católica que tejieron una red criminal de adopciones irregulares. En Chile los bebés robados son conocidos popularmente como “los niños del silencio” y se calcula que pudieron ser miles los vendidos al extranjero. La justica chilena investiga desde 2014 estos hechos gracias a que el SENAME (Servicio Nacional de Menores) puso a disposición de las víctimas una página web para denunciar casos.
En el caso español, la dictadura franquista justificó y legalizó el secuestro de bebés a través de dos elementos: por un lado, las teorías eugenésicas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera sobre el llamado “gen rojo”, y por otro, las diferentes órdenes aprobadas por el dictador para legalizar el proceso de robo y venta de niños. Así, el 4 de diciembre de 1941 se publicó en el BOE la orden que permitía la inscripción en el Registro Civil, con un nombre distinto, de los menores que no recordaran el suyo, que hubieran sido repatriados o aquellos cuyos padres no pudieran ser localizados. Las mujeres presas, las mujeres solas y las familias vulnerables económica y socialmente eran las principales víctimas.
Las únicas estimaciones del número de bebés que pudieron ser secuestrados de sus familias durante el franquismo provienen del auto de Baltasar Garzón y alcanzan la escandalosa cifra de 30.000. No existen otros cálculos debido a la inacción de los diferentes gobiernos del Estado con respecto a este tema. A pesar de ser un secreto a voces en todo el país, no fue hasta el 17 de marzo de 2006 cuando la trama de robo de bebés fue específicamente condenada por parte del Consejo de Europa en el marco del llamado “Balance de los Crímenes del Régimen de Franco”. 11 años después, siguen sin cumplirse las conclusiones de ese documento: crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos.
El pasado 22 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó un informe de la Comisión de Peticiones (con los votos en contra del Partido Popular Europeo), a modo de conclusión tras una Misión de Investigación a España realizada a propuesta de la eurodiputada Marina Albiol, de Izquierda Unida, y la socialista británica Jude Kirton Darling. El objetivo era claro: “entablar un diálogo con las autoridades nacionales para comprender mejor los diferentes aspectos de las denuncias (...) relativas a los recién nacidos sustraídos en los hospitales durante y después de la dictadura de Franco”.
De entre las 31 recomendaciones que el Parlamento Europeo eleva al Gobierno de España, las más destacables son:
- Crear una fiscalía especial y un Banco de ADN específico.
- Reconocer el robo de bebés como crimen de lesa humanidad, sobre el que no cabe la aplicación de ninguna amnistía.
- Facilitar la apertura de los registros civiles públicos y eclesiásticos.
- Poner en marcha una Comisión de Investigación en el Congreso.
- Colaborar plenamente con las investigaciones internacionales, como las abiertas por la jueza Servini en Argentina y la Fiscalía Nacional de México.
Además, el Parlamento Europeo “lamenta los «pocos avances» en la implementación por parte del Gobierno español de las recomendaciones recogidas en el Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 2014, y pide al Gobierno español que aplique con urgencia dichas recomendaciones, en particular la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas”.
Los eurodiputados y eurodiputadas, tras múltiples reuniones con diferentes representantes de instituciones españolas, miembros del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado, han constatado la divergencia de criterios y, literalmente, “la falta de confianza de las víctimas en las instituciones y la sensación de que se les han puesto obstáculos en el camino, ya sea porque no consideran suficientes las investigaciones realizadas o porque consideran que no es la víctima la que tiene que aportar la prueba del delito. Desearían que la Fiscalía General del Estado tuviera una actitud más proactiva y actuara de oficio en todos los casos, no debiendo las víctimas llevar la carga del proceso judicial. Los eurodiputados también piensan que se podría ayudar mejor y de manera más proactiva a las víctimas tanto a nivel psicológico como en la orientación jurídica y la información administrativa de los casos denunciados. Pero en lo que los diputados estuvieron de una manera unánime de acuerdo es en la existencia de un problema grave que requiere justicia, memoria y reparación”.
El citado informe además consta de un Anexo en el que se explica la posición en contra del Partido Popular Europeo, basada en la defensa de la “inocencia” del régimen franquista en la presunta trama de sustracción de bebés: “Lamentamos que el informe final concluya en sus recomendaciones que esos delitos fueron cometidos por el Estado español (...). Subrayamos que no existen pruebas para llegar a esa conclusión. Lamentamos la impresión de que esas afirmaciones sirven para sacar un rédito político interno”.
El Gobierno de España aún no ha contestado ni a estas recomendaciones ni a las que, año tras año, publica Pablo Le Graffe en su función como relator especial de la ONU para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y que van en la misma línea de las anteriormente mencionadas.
En España la causa judicial más avanzada espera que la Audiencia Nacional fije la fecha de las citaciones tras la apertura del juicio oral. Se trata del caso de Inés Madrigal, una hija adoptiva que busca a su madre biológica, de cuyos brazos fue presuntamente secuestrada por el imputado Doctor Vela en la Clínica San Ramón de Madrid. En conversación telefónica, Inés cuenta su periplo en los tribunales.
La primera vez que confió en la justicia fue el 27 de enero de 2011, cuando junto a otras 260 personas presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado que quedó archivada poco tiempo después, dado que ésta entendió que no existían pruebas suficientes. Tal y como explica el propio informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, “ante la inexistencia de indicios para mantener que las sustracciones denunciadas fueran realizadas de manera concertada, la Fiscalía General del Estado pensó que la mejor manera de abordar la denuncia era un estudio individualizado de cada uno de los casos, partiendo, como criterio de determinación de la competencia, del lugar en que la madre había dado a luz, remitiéndose, así, a cada Fiscalía de España las denuncias referidas a nacimientos ocurridos en su territorio”.
Así pues, Inés Madrigal, tras el archivo de la denuncia colectiva, llevó su denuncia hasta un juzgado de instrucción, el número 46 de Madrid, que empezó a investigar y terminó derivando la causa a la Audiencia Nacional, imputando tanto a la madre adoptiva como al doctor que, presuntamente, llevó a cabo su secuestro, el Doctor Vela. Inés Pérez, la única madre que Inés Madrigal ha conocido, la apoyó hasta el final aceptando el que llegaran a acusarla de cómplice necesaria del delito con tal de que su hija pudiera conocer la verdad de sus orígenes. “Mi madre fue mi madre -en el amplio sentido de la palabra- hasta el final”, remarca Inés Madrigal durante la entrevista cada vez que tiene ocasión. Se refiere así a la mujer que la adoptó y junto a la que ha estado hasta su muerte, tristemente acaecida el año pasado.
Inés nos transmite la verdad que le contó su madre sobre su adopción: “Fui un regalo del doctor Vela a mi madre en un supuesto acto de caridad”. No obstante, tiene la sospecha de que nunca tuvo lugar tal acto de altruismo por parte del doctor, y sospecha que las visitas que anualmente realizaba cuando era pequeña con sus padres a casa del sacerdote Félix -amigo de Vela y pieza clave del proceso de adopción- pudieron servir para “pagar a plazos su compra”. Este señor, de hecho, fue quien contó a sus padres adoptivos la supuestas circunstancias en que su madre biológica la dio voluntariamente en adopción. Inés cree que estos pagos se realizaban a espaldas de su madre.
A pesar de conocer desde muy temprano que ella era adoptada, no fue hasta hace 17 años cuando, por vez primera, pensó que pudo haber sido víctima de un trámite irregular, ya que se dio cuenta de que en su partida de nacimiento constaba su madre adoptiva como madre biológica. Al llegar a este punto del relato de su propia historia, Inés lanza una pregunta clave: “¿Y quién crees que dice mi documentación que asistió mi parto? Pues, Eduardo Vela. Y es mentira, evidentemente. Mi madre no dio a luz nunca. Él nunca pudo haber asistido el parto de una mujer estéril”. Gracias a esta evidencia documental de la que carecen la gran mayoría de víctimas, Inés Pérez, imputada por propia voluntad para ayudar a su hija en la búsqueda de su madre biológica, pudo testificar frente al Doctor Vela antes de morir. Segun su testimonio, el citado médico le explicó, antes de concederle el “regalo”, cómo simular un embarazo. Sin embargo, cuando se encontró ante ella en el tribunal, negó haberla conocido nunca. “Cuando mi madre salió del careo con Vela estaba muy afectada emocionalmente al ver que él fingía no conocerla”.
El abogado del doctor, nos cuenta Inés, “está dilatando el proceso presentando recursos a favor de la prescripción del delito alegando que yo era conocedora del hecho de ser adoptada desde los 18 años, pero olvida que cuando yo soy consciente de poder ser víctima de una trama de robo de bebés es en 2010”. Por ahora los intentos por archivar el caso por parte de la defensa han resultado del todo infructuosos y, actualmente, Vela sigue imputado a la espera de la fecha de la próxima citación. Inés teme que la avanzada edad del doctor impida que se prosiga con la investigación judicial, por la que el fiscal pide 11 años de prisión por sustracción de menores para quien fuera el director de la clínica San Ramón. Si finalmente fuese condenado, el Señor Vela, con 82 años, sería el primero por el delito de robo de bebés en España.
