“Se están normalizando discursos (xenófobos y racistas) que hace unos años era difícil escuchar”

Más de medio centenar de entidades sociales valencianas que tratan con colectivos vulnerables han suscrito un manifiesto por medio del cuál denuncian una “campaña de agresiones racistas y xenófobas” contra las personas migrantes en Valencia. Así, relatan como en los últimos meses han sufrido hasta ocho ataques ultras a sedes de estos colectivos, al tiempo que denuncian actuaciones como la humillación que sufrió hace unas semanas un gorrilla en un restaurante de la ciudad o la actuación de la Policía Local el pasado fin de semana en la que resultaron heridos seis 'manteros'. “Se están normalizando e interiorizando discursos que hace años era difícil de escuchar”, explica Albert Mora, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, quien muestra su preocupación por este hecho.

En este sentido, estos colectivos alertan que el razismo y la xenofobia “están en auge”. “Habitualmente, numerosas personas son tratadas de forma discriminatoria y con intolerancia por motivos de origen racial, étnico o nacional”, han explicado, para añadir que todos los años se producen “hechos violentos” contra personas extranjeras o sus bienes, así como discriminación hacia la comunidad gitana. “Oficialmente las cifras no son muy llamativas”, en 2017 hubo 38 casos de discriminación y 87 incidentes vinculados a delitos de odio, “pero somos conscientes de que sólo se denuncia un mínimo porcentaje de los casos porque las víctimas tienen miedo a represalias”.

Estas manifestaciones de racismo e intolerancia, sentencian, se han visto reforzadas en los últimos meses por las accionesde grupos organizados que pretenden “normalizar el odio al diferente”. Así, relatan algunos ejemplos. El pasado mes de junio, coincidiendo con la llegada del Aquarius a Valencia, la ultraderechista España 2000 “puso en marcha una campaña de rechazo a la acogida”. Además, el día siguiente a la llegada del buque humanitario a Valencia, “aparecieron folletos (en el puerto) en los que se acusaba a comerciantes paquistanís de financiar atentados y se facilitaba la dirección de sus tiendas”.

También explican que durante los meses de julio y agosto se han producido “al menos ocho ataques neonazis contra colectivos que defendemos los derechos de las personas migrantes, centros religiosos y académicos y entidades políticas y culturales que apuestan por la acogida y la integración”. Por ejemplo, uno de estos ataques se produjo en la madrugada del 26 de julio, cuando la Gran Mezquita de Valencia fue ensuciada con pintadas y carteles con mensajes racistas e islamófobos y en la verja colgaron despojos de un cerco “con una evidente intención ofensiva y amenazadora contra la comunidad musulmana”. Unos ataques “contra la democracia y el pluralismo”, en palabras de Mora, que resalta que son principios que están amenazados“.

Este tipo de acciones racistas y xenófobas “no son nuevas” ni tampoco “hechos aislados” y se producen en un contexto de “creciente criminalización de la inmigración y las minorías étnicas que favorece la violencia” y con grupos neonazis que “alimentan el odio y el miedo que se sienten amparados para actuar por el discurso de algunos medios y políticos que presentan las llegadas de inmigrantes y refugiados como una invasión que amenaza nuestra cultura y bienestar”. Mantienen que estas acciones responden a una campaña “planificada por grupos ultraderechistas organizados” que pretende crear un “ambiente propicio” para “justificar nuevas y más violentas agresiones”. La “impunidad” con la que aseguran que actúan estas organizaciones son “un aliciente para repetirlas”.

Por todo ello, exigen un aumento de las medidas de prevención ante estas actuaciones; el esclarecimiento de las agresiones neonazis y acciones contundentes contra los responsables de estos ataques; el impulso de campañas en favor de la interculturalidad y la tolerancia; y la creación de estrategias por la erradicación e identificación del racismo.

“Sui no se actúa de forma inmediata, nos arriesgamos a que el racismo social e institucional siga suponiendo una seria amenaza para la cohesión de la sociedad valenciana en su conjunto y podría arrastrarla a conflictos y enfrentamientos importantes en un futuro no lejano”, tal y como se advierte en la estrategia valenciana para la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio elaborada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, que propone cincuenta medidas para luchar contra estas actitudes que van de la sensibilización a la formación, pasando por garantizar los derechos de estos colectivos vulnerables.