La única quita que ha hecho el banco público valenciano es al grupo mediático en el que tiene acciones el presidente Puig
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tiene desde el pasado 15 de marzo la capacidad para negociar y reestructurar deuda como la banca privada gracias a un decreto aprobado por el Gobierno valenciano. Esta maniobra sería en principio inocua si no fuera porque la única operación que el banco público ha hecho con estos nuevos poderes en cuatro meses ha sido la que beneficiaba a un grupo de comunicación del que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es accionista.
Esa es la información que se desprende de la rueda de prensa exprés que el director general del IVF, Manuel Illueca, ha dado este miércoles después de que eldiario.es publicara que el presidente de la Generalitat votó a favor de un decreto del banco público que ha acabado directamente beneficiando al periódico Mediterráneo, rotativo de Editorial Prensa Ibérica en el que Puig tiene el 1,2 % de la propiedad en acciones, en concreto 177.886,8 euros.
Illueca ha sido el que ha intentado ofrecer algo de luz sobre la operación, mientras el presidente de la Generalitat no se ha pronunciado sobre la misma pese a tener dos actos públicos, después de los cuales ha partido en avión hacia Bruselas en un viaje que estaba programado hace semanas. Allí, a preguntas de los periodistas desplazados sí que ha hablado sobre la operación y sus acciones.
Aunque Illueca ha negado que el decreto para que el IVF pueda reestructurar deudas se hiciera “ad hoc” para la adquisición del Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica, a día de hoy -casi cuatro meses después de su aprobación- el poder para hacer quitas sólo se ha aplicado en esta operación en la que están vinculadas las acciones del propio presidente de la Generalitat. El director general del banco público valenciano ha dicho que tiene otras dos operaciones de reestructuración en marcha, aunque lejos de cerrarse.
Illueca ha revelado, además, que el presidente de la Generalitat se interesó por la operación de compraventa y el impacto en el IVF “por el revuelo que generaba en prensa”, pero que no le dio ninguna indicación al respecto. El director general del IVF ha desvelado también que el acuerdo con EPI, el comprador de Grupo Zeta, estaba sellado antes incluso de que se aprobara el decreto en el pleno del Consell del 15 de marzo. La oferta, ha informado, llegó al IVF en el mes de febrero y se cerró rápidamente por si cambiaban las condiciones a peor, ha alegado Illueca.
El IVF tenía capacidad desde la aprobación de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2019 en diciembre de 2018 para negociar quitas con acreedores, ha reconocido Illueca, pero ha aducido que se esperó a que fuera el pleno del Consell el que le diera poderes. “Fue la Abogacía de la Generalitat la que me recomendó que esperara al decreto para cubrirme las espaldas”, ha dicho. Para rematar, el gestor de la banca pública ha concluido: “Si no, podíamos haber acabado todos en la fiscalía”, en referencia a si algún partido de la oposición hubiera denunciado la actuación del IVF en este sentido. De esta manera, ha sentenciado, se cubre las espaldas.
La operación de reestructuración de la deuda de 99 millones del Grupo Zeta, que ha firmado también la banca privada, está avalada con un informe de la consultora Deloitte. Este documento plantea cuatro escenarios y, en el peor de los casos, la Generalitat hubiera perdido el 79% del préstamo a en caso de que el IVF no hubiera seguido los pasos de los demás acreedores privados. No había otra alternativa, ha espetado el director general del IVF.
Sobre el hecho de que el Institut Català de Finances consiguiera rebajar la quita respecto a la banca privada y al IVF del 70% al 48% del total, Illueca ha defendido que su deuda era de mayor calidad. “Ellos siguieron inyectando dinero al Grupo Zeta cuando se hundía, nuestra deuda es de principios de los años 2000”, ha argumentado.
Sea como fuere, en estos momentos el decreto que el pleno del Consell aprobó el pasado 15 de marzo solo se ha aplicado en una operación, la que afecta al grupo en el que tiene acciones el presidente de la Generalitat. La oposición ya ha preparado su ofensiva para conocer a través del Parlamento valenciano hasta el último dato del acuerdo entre el IVF y Editorial Prensa Ibérica.
