El Gobierno da 15 días a las comunidades para que se presten a repartirse a los menores migrantes a cambio de fondos
El Gobierno ha marcado un plazo de 15 días para que las comunidades autónomas se ofrezcan a acoger “voluntariamente” a los menores migrantes solos desde las comunidades que más niños y adolescentes extranjeros atienden, un posible reparto al que destinará 40 millones de euros. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, durante la mesa Coordinación Interterritorial de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas celebrada este miércoles en Madrid.
Para ello, el Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido en esta reunión de carácter técnico a llevar al Consejo de Ministras la aprobación de un Real Decreto para la “mejora y la atención solidaria” a los menores no acompañados, que contemplará el reparto de 40 millones de euros y tendrá una vigencia de seis meses, según ha precisado Montón, quien ha insistido durante una comparecencia ante los medios de comunicación en que se trata de una medida de carácter “excepcional” hasta que estén aprobados los presupuestos de 2019. La ministra ha asegurado que esta norma será aprobada en un plazo aproximado de seis semanas. “Intentaremos hacerlo con la mayor celeridad posible”, ha afirmado Montón.
Por un lado, a través de este Real Decreto, el Gobierno podrá conceder ayudas a las comunidades y ciudades autónomas que más menores están recibiendo, como Andalucía -que tutela a 4.098 niños y adolescentes-, para “mejorar su atención”. Este desembolso de fondos se realizará en función del aumento de los menores extranjeros atendidos por cada comunidad desde diciembre de 2017. Por otro, también se habilitará este reparto para las comunidades que decidan en un plazo de 15 días si participan en la redistribución “solidaria” de estos menores desde otras comunidades y realicen una propuesta de acogida con un determinado número de plazas.
Esta medida tendrá, por tanto, carácter voluntario. Las propuestas de las autonomías serán después evaluadas por el Gobierno central antes de autorizar el desembolso de fondos “con el objetivo de que se cumplan los requisitos adecuados de calidad”. Una vez fijado el número de menores por comunidad, se repartirán estos 40 millones en forma de anticipo de crédito a las autonomías que tendrán que justificar, detalla el Ministerio.
“Esta medida se toma para garantizar los derechos que hay que proteger de la infancia. La aprobación de este decreto responde a razones de interés público, social y humanitario debido al incremento del número de llegadas en los últimos meses”, ha señalado la ministra. “La idea está sobre la mesa y ahora tenemos un trabajo muy intenso de 15 días en los cuales voluntariamente las CCAA tienen que decir si son solidarias en esta atención que queremos dar de calidad a los niños y adolescentes” ha indicado.
La redistribución de menores migrantes no acompañados lleva encima de la mesa desde el pasado 6 de agosto, cuando se celebró la Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración, que finalizó sin soluciones específicas en esta materia. “Hay comunidades autónomas que son partidarias de establecer cupos, donde hay mayor presión como Catalunya, País Vasco o Andalucía. Pero hay otros que no lo son”, dijo entonces la ministra de Migraciones, Magdalena Valerio.
La comunidad andaluza, en concreto, recordó en aquella ocasión, y también en esta, el fuerte aumento experimentado en las llegadas de migrantes en los últimos años y había solicitado “solidaridad” a las regiones que menos menores no acompañados reciben, así como “apoyo financiero” para su atención. Tras la reunión de este miércoles, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha “agradecido” la medida y ha señalado que “el Gobierno por fin oye esta demanda de la comunidad andaluza”. “Hacer un esfuerzo de una inversión de 40 millones es importante”, ha añadido, tras lo que ha indicado que las comunidades “han sido receptivas” a la acogida.
La tutela de los menores migrantes no acompañados depende de las comunidades autónomas y generalmente son acogidos a los territorios adonde llegan. Andalucía, Catalunya, País Vasco y Melilla son las regiones que más niños y adolescentes extranjeros solos han integrado en sus sistemas de protección. El aumento de las llegadas de los menores que viajan solos y la falta de distribución por los distintos territorios han provocado la saturación de centros de menores andaluces o de las ciudades autónomas fronterizas con Marruecos, donde las ONG denuncian el hacinamiento al que son sometidos los MENAS.
Cambios en el protocolo de MENAS
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado la modificación del protocolo marco de menores no acompañados, aprobado en 2014, tal y como se anunció tras la Conferencia Sectorial del pasado agosto. Los cambios irán encaminados, según ha dicho Montón, a “hacerlo más homogéneo, agilizar los procedimientos y dotar de mayores garantías” a la hora de admitir los menores en el sistema de protección.
Según ha anunciado, se revisarán “los procedimientos de ingreso en los centros, la identificación con el objeto de establecer criterios coordinados en todas las comunidades, la mejora de los protocolos de actuación sanitaria y también la cuestión del registro y el seguimiento de los menores no acompañados” de los niños que llegan solos a las costas españolas. Asimismo, el Gobierno tratará de “equiparar” el modelo de atención que reciben estos menores en las diferentes comunidades con “la puesta en marcha de recursos de calidad y evaluables”, de los que no se han precisado más detalles.
La ONG Save the Children ha acogido “positivamente” las conclusiones del encuentro mantenido este miércoles. “Se han puesto sobre la mesa las principales carencias del sistema de acogida a los niños y niñas que llegan solos a nuestro país y los tres pilares en torno a los cuales se han comprometido a trabajar son fundamentales”, ha señalado Andrés Conde, director general de la ONG.
La organización ha recordado en las últimas semanas la “disparidad” existente en la totalidad del territorio español en la acogida de los menores no acompañados. Según ha explicado, “existen 19 modelos distintos de protección de menores en España”, lo que se traduce en diferencias de garantías para los menores en función del lugar donde sean recibidos. Por ello, había solicitado “criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad” de los menores en el sistema de protección, así como en los procesos de determinación de la edad que según alertan, “en muchos casos se realizan sin las adecuadas garantías para los niños”.
La ONG también ha expresado su preocupación por la petición que han realizado algunos gobiernos, como Andalucía, Ceuta y Melilla, para “priorizar el retorno” de los menores de origen marroquí a su país de procedencia. En los últimos días, desde la comunidad andaluza se ha afirmado que este miércoles se iba a trasladar al Gobierno central que cumpla y haga cumplir el acuerdo bilateral entre España y Marruecos para el retorno de menores no acompañados alcanzado en 2007.
Según ha indicado Montón, “esa propuesta no se ha realizado” durante el encuentro. “De lo que estamos hablando es de mejorar la asistencia, porque tenemos la obligación dentro de las comunidades de atender esta tutela y también de tener esta acogida solidaria”, ha reiterado la ministra. “La importancia es que son menores de edad y que tenemos una obligación”, ha sentenciado. Por su parte, la representante andaluza ha afirmado que este acuerdo “no significa que vienen y se devuelven, eso es un error absoluto”, ya que “existe una garantía para los menores, cuyo interés tiene que primar siempre”.
ONG como Human Rights Watch han denunciado que este acuerdo, que Marruecos no aplica, “carece de directrices sobre cómo determinar el mejor interés del menor teniendo en cuenta una variedad de factores, como la seguridad, las condiciones socioeconómicas y los arreglos para su cuidado en el país de origen”. También se pone en entredicho “la continuidad de la educación del niño y el nivel de integración en el país de acogida”. Como consecuencia, aseguran que “no existen garantías de que el retorno de un niño conforme a este acuerdo represente una solución segura y duradera que redunde en el mejor interés del menor”.
