La muerte de un joven indígena pone en jaque el plan estrella del Gobierno chileno para el pueblo mapuche

Sentada en una piedra de una antigua fortaleza española, Natividad Llanquileo recuerda sus primeros pasos en el activismo, cuando ocupaba con su familia terrenos que antiguamente pertenecían a su pueblo, hoy en manos de empresas forestales. Tiene 34 años y es abogada en la Fundación CIDSUR (Centro de Investigación y Defensa SUR). En su Cañete natal, parte de la Araucanía –al sur del país– y antiguo territorio mapuche, sigue ligada al activismo.

“Si el pueblo mapuche sigue existiendo hoy en día es porque hemos hecho las cosas a nuestra manera, tomando nuestras decisiones, no impuestas”, espeta con convicción.

A 25 años de la aprobación de la ley que regula todo lo que afecta a los pueblos originarios del país, se había presentado un nuevo proyecto para sustituirla, el Plan Impulso Araucanía del conservador Sebastián Piñera, presidente de Chile. Se trata de la nueva estrategia gubernamental para la región de la Araucanía y el pueblo mapuche cuyo objetivo, dicen, es encontrar una solución para el conflicto entre el Estado y las comunidades indígenas mapuches por el control del territorio que les fue arrebatado a finales del siglo XIX y continúa hasta hoy. 

Sin embargo, el futuro del plan está en el aire tras la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, que ha encendido la mecha de las protestas por todo el país. Catrillanca fue alcanzado por una bala mientras conducía un tractor por un camino rural de la Araucanía el pasado 14 de noviembre. Los carabineros [la Policía chilena] dispararon al vehículo y el denominado 'Comando Jungla', resultado de las políticas de militarización de la zona con más población mapuche, se cobraba una nueva víctima dentro de la llamada “pacificación” de la Araucanía. 

La Policía asegura que se produjo en medio de una persecución en la que estaban intercambiando disparos con los presuntos ladrones de unos automóviles y negó tener grabaciones del momento, pero el Gobierno acabó reconociendo que uno de los agentes había destruido las imágenes, claves para esclarecer lo ocurrido.  

El Gobierno de Michelle Bachelet apostó por la creación de una Policía con más recursos militares, para lo que envió al 'Comando Jungla' a entrenarse a Colombia y lo dejó listo para que su sucesor en la presidencia lo implantase en la Araucanía. Ahora Piñera, a través de su plan de desarrollo para la región sureña, llama a una pacificación que queda cuestionada. Parlamentarios y dirigentes de la región han criticado al Ejecutivo y advierten de que el futuro del plan está en riesgo tras la muerte de Catrillanca.

Las dudas sobre el plan

El proyecto destaca la intención de establecer la paz en la región, reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución y potenciar el uso productivo de las tierras y aguas en territorio mapuche a través de monocultivos y arriendos. Las medidas, según el Gobierno, habían sido pactadas con infinidad de dirigentes mapuches, pero las voces dentro de estas comunidades nunca han sido únicas. Dos días después del anuncio, el pasado septiembre, ya había una marcha convocada en Temuco, capital de la región, bajo el lema 'No al Plan Impulso Araucanía', en la que participaron los sectores mapuches críticos con el proyecto.

Las medidas para la “pacificación” defendidas por las autoridades han sido uno de los principales aspectos que han sembrado dudas desde el anuncio del plan. Llanquileo defiende que la presencia policial en la zona, como la desplegada con el 'Comando Jungla', acostumbra a ser sinónimo de más represión y de menos capacidad para la negociación de la comunidad indígena. “El Estado chileno nunca se ha querido hacer responsable de las atrocidades cometidas contra el pueblo mapuche”, sostiene. “Los policías que actúan en la zona se ven con más impunidad para reprimir a la población”, agrega. 

La primera de las propuestas del presidente Piñera fue la creación de un Consejo para la Paz, integrado por diferentes actores, tanto civiles como políticos, para “asegurar la paz y restablecer el Estado en la región”, según palabras del presidente en el discurso de presentación.

Mientras, en los tribunales, siguen las batallas judiciales entre el Estado y dirigentes mapuches acusados de terrorismo.  La zona, desde finales de los años noventa, ha vivido episodios como la quema de camiones que el Estado ha considerado como actos terroristas y son juzgados bajo la Ley Antiterrorista, aprobada por Augusto Pinochet en 1984. En 2014, Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la ley antiterrorista sin las debidas garantías procesales a algunos de los dirigentes que promovían acciones de recuperación del territorio. 

La Araucanía es una zona rural con pequeños pueblos que la recorren. Es el bastión que los españoles nunca pudieron colonizar, vencidos por los míticos guerreros mapuches Lautaro y Caupolicán. Pero hace más de cien años, los chilenos sí que rebasaron esa frontera. Ahora, y según la última encuesta del Ministerio de Desarrollo Social, un 31,7% de la población de la zona se identifica como mapuche. El total nacional, según la misma fuente, es del 9%.

La región es una de las más empobrecidas del país. Los hogares ingresan 110.000 pesos chilenos menos al mes que en el total nacional, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, una situación provocada por años de desinversiones, aislamiento e inacción de los diferentes gobiernos desde la recuperación de la democracia. El pueblo mapuche y los demás habitantes de la Araucanía sienten que el Estado chileno tiene una deuda histórica con ellos.

El plan también pretende promocionar la cultura, la lengua o la medicina mapuche a través de una mayor representación a nivel nacional. Por esta razón, se quiere establecer una Ley de Cuotas para que los pueblos indígenas tengan un número mínimo de representación dentro de los partidos políticos, una de las demandas históricas de muchas comunidades mapuches. La forma en que se va a desarrollar este acuerdo aún no se conoce, así como la posibilidad de impulsar la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, una promesa de los diferentes gobiernos en democracia que había quedado olvidado en un cajón.

Además, el Gobierno prevé encontrar un nuevo encaje constitucional para el pueblo mapuche. “Lo que nosotros pedimos es la creación de una Asamblea Constituyente que sea capaz de redactar una nueva Constitución desde una visión plurinacional”. Lo dice Adolfo Millabur, alcalde de la comuna de Tirúa, en la costa de la región del Bío-Bío, y vicepresidente de la Asociación de Municipios Con Alcaldes Mapuches. La organización ha abanderado la reivindicación plurinacional como solución. Su idea es que si se reconoce su nación, automáticamente se reconocen los derechos del control de su territorio.

La ecuación, sin embargo, se antoja complicada, sobre todo por la propuesta de desarrollo económico del Gobierno para la región. Piñera y su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, han anunciado una inversión de 24 millones de dólares hasta 2026, 16 de los cuales son de inversiones privadas. La intención de la administración es, en palabras del presidente, “conseguir una mayor productividad agrícola en las tierras y la flexibilización de las propiedades de tierra”.

Por primera vez, los territorios mapuches podrían ser arrendados, puesto que hasta ahora eran tierras mayoritariamente comunales y de uso colectivo, tanto por agricultura como por su valor ancestral y estaban protegidos, algo que perderían en caso de aplicarse la reforma. Con la invasión por parte del Estado de Chile a la zona mapuche a finales del siglo XIX, los habitantes se quedaron solo con el 2% de su territorio. Desde entonces, el retorno de las tierras y la soberanía sobre ellas ha sido el principal conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches. 

“Alinearse en favor del arrendamiento que propone Piñera significa perder para siempre el valor de nuestro territorio, trocearlo y despojarnos de él”, sostiene Llanquileo. Como recuerda, “para los mapuches el territorio es mucho más que productividad y progreso. Su progreso nos mata. El territorio, si no está en nuestras manos y si se cultivan elementos que no son naturales de aquí, pierde su valor social, espiritual y, a la postre, económico”. Si se aplican las políticas del gobierno conservador del presidente Piñera, defienden que lo más probable es que el valor no económico de las tierras se pierda para siempre.

Por su parte, Francisco Huenchumilla, exalcalde de Temuco e intendente del último gobierno de Michelle Bachelet para la región, ve con buenos ojos el nuevo encaje que se quiere dar al pueblo mapuche. “La situación siempre se había valorado como una cuestión de pobreza y seguridad nacional, pero no, es un conflicto político que solo a través del diálogo se va a resolver”, defiende el actual senador, cuya vida política ha estado dedicada en gran medida a tender puentes entre el Estado y estas comunidades indígenas.

Históricamente, también con el Gobierno de Salvador Allende, “los mapuches han sido vistos como parte del proletariado o del campesinado chileno, pero sin atender su condición de pueblo y nación diferente a las demás”, añade el senador. El plan, a su parecer, es “un buen síntoma” que indica que la cultura política del país está cambiando, aunque siente cierto recelo de que se impulse desde una posición conservadora. 

A falta del debate entre las diferentes organizaciones políticas, es la iniciativa más completa presentada hasta el momento, aunque su viabilidad está por ver y las dudas sobre su puesta en marcha aumentan tras la muerte de Catrillanca. Por su parte, y como ha sido históricamente, el pueblo mapuche lo discute desde voces distintas. La incógnita es si todas ellas serán escuchadas del mismo modo, si aquellos que el Gobierno considera “terroristas” estarán sentados en la misma mesa de negociación, o si las empresas privadas, dueñas del territorio araucano, serán las que lleven el desarrollo del proyecto.