La principal asociación de jueces italianos, sobre el caso por el que Salvini es investigado: “Violó la Constitución”
“Un brindis por los que investigan, insultan o me desean el mal”. La frase acompaña una foto publicada en redes sociales por el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, sujetando una jarra de cerveza. Poco antes, había conocido que la justicia lo estaba investigando por secuestro, arresto ilegal y abuso de poder tras retener a 177 personas durante cinco días en el puerto de Catania a bordo del barco Diciotti, de su propia Guardia Costera. Desde entonces, el líder ultraderechista no ha dejado de arremeter contra el poder judicial y calificar de “vergüenza” la investigación. “Será un bumerán”, ha amenazado para defender una futura “reforma de la justicia”.
“Lo que Salvini considera 'vergonzoso' no son más que cosas normales de la democracia”, responde el juez italiano Riccardo de Vito, en una entrevista con eldiario.es. Es presidente de Magistratura Democrática, de tendencia progresista, una de las principales asociaciones en las que se agrupan los jueces y magistrados italianos y una de las voces más críticas con la decisión de no permitir que los migrantes, a quienes también había denegado puerto durante días, pudieran bajar a tierra hasta llegar a un acuerdo con otros países para reubicarlos.
“Hemos visto a personas privadas de libertad por el poder ejecutivo, sin fundamento legal, sin poder ver a un juez durante un tiempo mayor al previsto en la Constitución italiana”, recalca de Vito. Los migrantes estaban malnutridos y agotados y muchos habían sufrido cautiverio, golpes y torturas en Libia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Finalmente, y tras una lluvia de críticas, el ministro del Interior autorizó el desembarco en la noche del sábado y afirmó que Italia había logrado acordar repartir a estas personas con las autoridades de Albania e Irlanda, y que la Iglesia católica se haría cargo de la gran mayoría, unos 100 migrantes, en territorio italiano.
Sin embargo, la decisión de retenerlas tuvo consecuencias: el fiscal de la ciudad siciliana de Agrigento abrió una investigación, que ahora ha quedado en manos del tribunal de Palermo. Allí se formará el llamado Tribunal de Ministros, compuesto por tres jueces, que estudiará el caso y decidirá si cerrarlo o solicitar permiso al Parlamento italiano para poder juzgar al ministro. Salvini ha anunciado que renunciará a la inmunidad parlamentaria.
Finalmente, los 177 migrantes a bordo del Diciotti pudieron desembarcar tras más de una semana en el barco. ¿Qué opina de la decisión del Gobierno de retenerlas durante días?
El caso Diciotti ha supuesto una suspensión grave de las garantías constitucionales y una violación de los principios fundamentales del Estado de derecho, empezando por el hábeas corpus. Hemos visto a personas privadas de libertad por el poder ejecutivo, sin fundamento legal, sin poder ver a un juez durante un tiempo mayor al previsto en la Constitución italiana.
La violación de las normas constitucionales han ido acompañadas de la violación de varias cartas internacionales, empezando por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio de Hamburgo sobre búsqueda y salvamento marítimo. Mantenerlos a bordo es exactamente lo contrario del principio que establece que el rescate debe realizarse de la forma más eficaz.
¿Es un triunfo que los migrantes pudieran finalmente desembarcar?
El desembarco de los migrantes ha sido un alivio, sobre todo teniendo en cuenta las difíciles condiciones de vida a bordo, que se documentaron en reportajes de televisión y durante las visitas de Defensor de las personas privadas de libertad. Era una situación potencialmente susceptible de ser un “trato inhumano y degradante”, por lo tanto una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos, algo que no puede dejarse de lado ni siquiera en caso de guerra.
La Fiscalía de Agrigento ha iniciado una investigación contra Salvini a raíz del caso Diciotti. ¿Cuál es el siguiente escenario y las posibles consecuencias?
El fiscal de Agrigento está investigando los delitos relacionados con la privación de la libertad personal sin fundamento legal, como el encarcelamiento injustificado y la detención ilegal, además de la posible comisión de un delito de malversación de fondos por un funcionario del Gobierno, todos recogidos en el Código Penal italiano.
También está comprobando la posible participación de Salvini en la comisión de esos crímenes y, en consecuencia, se han transmitido las actas al Tribunal de Ministros, un tribunal establecido en cada Tribunal de Apelación, compuesto por jueces ordinarios seleccionados por sorteo, que tiene que investigar y solicitar la autorización al Parlamento si considera que existen las condiciones para una acusación.
Tras conocerse la noticia, el ministro del Interior no ha dejado de arremeter contra el poder judicial y calificó de “vergonzoso” que se investigue “a un ministro que defiende las fronteras de un país”. ¿Qué respondería?
Las palabras del Ministro no se ajustan a los principios del Estado de derecho. Los principios de la democracia mayoritaria no justifican los abusos, que siempre que estén presentes deben ser perseguidos por el poder judicial. Lo que Salvini considera “vergonzoso” no son más que cosas normales de la democracia.
La Asociación italiana de Estudios Jurídicos sobre Inmigración ha dicho que no se puede trasladar a estos migrantes a Albania. ¿Por qué?
Albania no es un Estado miembro de la UE y, por lo tanto, no está incluida en el Sistema Común de Asilo. La decisión de enviar a los migrantes a este país, sin ninguna certeza sobre sus solicitudes de asilo y sin su consentimiento, parece estar en conflicto con la ley. Todo esto sin tener en cuenta el problema añadido de elegir quién debe ser asignado a Albania.
La mayoría de las personas a bordo eran eritreas y la misma asociación recuerda que todas las personas tienen derecho a solicitar asilo en Italia.
Está claro que Eritrea está gobernada por una dictadura, y es cierto que en Italia se aceptan el 70% de las solicitudes de asilo.
¿Cuál es su visión de la batalla que el Gobierno libra contra la inmigración y las ONG de rescate, incluido el cierre de puertos?
La atención de los jueces se centra en los derechos fundamentales individuales de los migrantes. Las políticas de cierre de puertos y contra las ONG –apoyadas por algunas iniciativas judiciales cuyo resultado aún se desconoce– han producido, sin duda, muerte y sufrimiento y han convertido a las personas en instrumentos para la negociación política. Todo esto es inaceptable desde el punto de vista de un sistema jurídico llamado a proteger a los más necesitados de protección.
