Las advertencias del Consejo de Europa a España tras su visita a Melilla

Las devoluciones en caliente, la arbitrariedad de los traslados de inmigrantes y refugiados a la Península, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil, la imposibilidad de acceso de los subsaharianos a las nuevas salas de asilo... Son algunas de las situaciones que el comisario de Derechos Humanos, representante independiente del Consejo de Europa considera que el Gobierno debe corregir.

Devoluciones en caliente

“Las devoluciones en caliente son 'ilegalizables”. Con estas palabras resume Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sus advertencias al Gobierno de España respecto a la inminente legalización -tan solo falta la votación del Senado para su aprobación-. La enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que regularizará estas prácticas “incumple la normativa de la Unión Europea y de la ONU”, por lo que exige al Ejecutivo español la introducción de modificaciones.

Su preocupación supera las fronteras españolas. Los efectos de la reforma, indica, afectaría al derecho de asilo del conjunto de la Unión Europea. “He visto devoluciones en otros países, pero nunca estaban plasmadas en la legislación. Que España lo hiciera, sería un precedente muy negativo. Sería el principio del fin del sistema de asilo europeo”, aseveró el comisario de Derechos Humanos.

El comisario ha mantenido conversaciones con el Gobierno, en las que también ha participado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la intención de lograr que el Ejecutivo rectifique y suspenda la legalización de las expulsiones sumarias. “Nos consta que se está trabajando en ello”, ha afirmado Muiznieks, quien confía en que se modifique el texto actual de la reforma, que ya ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados.

“Hacinamiento crónico” del CETI

Durante su viaje a Melilla, Nils Muiznieks visitó las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma, el lugar donde son acogidos los inmigrantes o solicitantes de asilo que acceden de forma irregular. El comisario ha alertado de las “condiciones de hacinamiento crónico” en las que se encuentra el centro, cuyo límite de capacidad (480 plazas) supera las 2.000 personas, según las cifras que maneja.

“Todas los internos con las que he mantenido entrevistas están satisfechos  con el trabajo del director del CETI y con el trabajo que hace la única abogada -resalta con énfasis- existente en un centro donde residen 2.000 personas”, explica el comisario. “Esta situación dificulta mucho la identificación de posibles vítimas de trata o de personas con enfermedades que requieran una atención específica”, destaca.

En esta línea, solicita una solución a este problema: más infraestructuras y una mayor inversión por parte del Ejecutivo español en mejorar las instalaciones y el acceso al asilo. “El Gobierno debe aprovechar más los fondos europeos puesto que las cifras de llegadas irregulares son manejables”, afirma Muiznieks, quien también reconoce que “Europa debe poner más atención a Melilla” porque está “muy expuesta”, añade.

Nils Muiznieks defiende que “aunque las ciudades autónomas están muy expuestas a la inmigración irregular, las cifras de las personas que llegan a Melilla por estas vías ”son manejables“ pues, enfatiza, en el 2014 se situaron en torno a los 5.000 inmigrantes o solicitantes de asilo, número que se aleja notablemente de las entradas irregulares en otros países europeos como Italia o Grecia. ”No son cifras disparadas, no son millones. Es manejable“, reitera

“Poca transparencia” en los traslados a la Península

La otra pata del “hacinamiento” del CETI de Melilla es la lentitud con la que se procede a los traslados a la Península de inmigrantes y solicitantes de asilo. Si las personas acogidas no pueden salir de Melilla y, a su vez, continúan las llegadas de estas personas, el resultado es claro.

El comisario ha exigido al Gobierno “normas y la determinación de plazos” en la ejecución de los traslados para que los internos “sepan a qué atenerse y el tiempo que tendrán que permanecer” en las ciudades autónomas, algo que en la actualidad, según denuncia, no ocurre.

“Durante mi visita a Melilla hice muchas preguntas sobre cómo se organizan los traslados pero obtuve diferentes respuestas. Hace falta transparencia y claridad sobre a quién trasladan y en qué momento”, advierte.

Para ejemplificar la arbitrariedad y la falta de estabilidad denunciadas, recuerda una reveladora conversación con una trabajadora del CETI.

— Si yo fuera sirio (en Melilla) y quisiera llegar a la Península, ¿qué hago?

— Hace tres meses, no pedir asilo. Ahora, solicitarlo.

“Se castiga a los subsaharianos”

La directora general de Política Interior destacó en su visita a Melilla del pasado jueves que solo cinco de los casi 2.500 subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en el año 2014 solicitaron asilo, según informó la agencia Efe. A estos datos se unen declaraciones institucionales que sostienen la falta de interés de estas personas a pedir protección internacional.

“Los que irregularmente e ilegalmente intenten atravesar la frontera a través del perímetro fronterizo que quede claro que no quieren pedir asilo, sino que son inmigrantes que quieren entrar ilegalmente en el país”, subrayó el ministro del Interior en el Congreso el pasado noviembre.

El comisario de Derechos Humanos ha rechazado con rotundidad este tipo de afirmaciones. “Voy a pedir que no se hagan estas declaraciones, porque ayudan a que estas personas no pidan asilo”, ha afirmado Muiznieks. Según explica, existen una serie de dificultades en cadena que derivan en las bajas cifras de peticiones de asilo de personas de raza negra registradas en Melilla. La falta de confianza en el sistema de asilo, la imposibilidad de acceso a los puestos fronterizos -donde los sirios ahora sí pueden pedir protección internacional, la falta de oportunidades, la arbitrariedad de los traslados... Son algunas de las circunstancias que desincentivan a estas personas.

La responsabilidad de Europa en el acceso al asilo

Los inmigrantes de origen subsahariano no están accediendo a las salas de asilo. De las cerca de 400 solicitudes que se registraron desde septiembre de 2014, prácticamente recaían sobre sirios. Las ONG alertan de que son los gendarmes marroquíes quienes, a petición de España y de la Unión Europea, impiden que se acerquen a esta zona las personas de raza negra sin documentación.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo lo reconoce. “La Unión Europea tiene que hablar con Marruecos. Pediré a la UE que intervenga para que Marruecos permita a los subsaharianos pedir asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla”, anuncia Muiznieks.

Los casos abiertos: Tarajal y devoluciones en caliente

En la actualidad hay dos procesos judiciales abiertos destacados que denuncian la posible vulneración de derechos humanos en las fronteras de las ciudades autónomas. Por un lado, en Melilla, el caso que está investigando, entre otros asuntos, las devoluciones en caliente y las agresiones de la Guardia Civil española y las fuerzas auxiliares marroquíes durante los intentos de entrada del 18 de junio y del 13 de agosto.

Debido a la existencia de una investigación en curso, el comisario de Derechos Humanos rechaza hacer declaraciones al respecto. Aunque sí comenta uno de los últimos episodios conocidos: la eliminación de las grabaciones oficiales de los hechos por los que está imputado el máximo responsable del Instituto Armado en Melilla. “Espero que las cintas que se borraron puedan recuperarse y aquellas personas que hayan manipulado los vídeos sean castigadas”, sentenció. El Ejecutivo reconoció en una respuesta parlamentaria que las imágenes de las devoluciones en caliente efectuadas el 13 de agosto en la valla “ya no están disponibles”, a pesar de existir un proceso judicial abierto, algo que prohíbe la ley que regula el uso de vídeocámaras de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, Muiznieks reconoce que la muerte de 15 personas en aguas fronterizas de Ceuta —en un intento de entrada repelido por la Guardia Civil con botes de humo y pelotas de goma— despertó su interés por la vigilancia de los derechos humanos en las ciudades autónomas. “Hay un proceso abierto y espero que se castigue a las personas que sean culpables”.

En este sentido, reconoce que ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno de España la creación de un “mecanismo de quejas” de las vulneraciones de derechos humanos en Ceuta y Melilla, a modo de observatorio de la frontera, pero, admite, aún no he recibido respuesta.