El golpe de Estado y la respuesta de Erdogan confirman la inseguridad de Turquía para los refugiados
El viernes pasado por la noche, el ruido de aviones militares volvió a alertarles. Centenares de refugiados asentados en Estambul y Ankara escucharon disparos y el sonido de los tanques tomando las calles: no estaban en los países en conflicto de los que huyeron sino en el estado que los acoge como asilados, en el país considerado “seguro” por la Unión Europea para expulsar a los refugiados que llegan a Grecia. “Ya dijimos que Turquía no era un país seguro antes, cuando la UE firmó el pacto en marzo, pero el intento de golpe de Estado y sus consecuencias son la confirmación”, sostiene Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional.
Cuando la UE anunció los primeros detalles de su pacto de expulsiones de migrantes y refugiados a Turquía, varias organizaciones humanitarias y Acnur denunciaron que el país asiático no cumplía las condiciones para ello. Las devoluciones de los demandantes de asilo a suelo turco se proponían basándose en un supuesto: Turquía es un país seguro (“tercer país seguro”) para que los refugiados puedan obtener protección internacional en el país. Esa consideración es la que atacaron numerosas organizaciones humanitarias, como Amnistía Internacional, Cear y Human Rights Watch.
La mayor parte de los requisitos para ser considerado un “tercer país seguro” están relacionadas con los derechos y las garantías que ofrece el sistema de asilo del país en cuestión, “pero también hay una segunda línea sobre derechos fundamentales” de todos los ciudadanos, recuerda Carlos de las Heras.
En el primer supuesto, las denuncias de devoluciones colectivas de refugiados a países en guerra, la falta de ayudas y de garantías en la educación de los menores asilados suponen solo algunos de los inconvenientes para aceptar la “seguridad” de los solicitantes de protección en Turquía. Esas críticas se mantienen desde hace meses y sustentan las peticiones de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y Cear a la UE para que rompa su acuerdo con Ankara.
Las denuncias respecto a la segunda línea –las vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales– son las que han cobrado fuerza tras la intentona de parte del ejército de tomar el poder. “Las vulneraciones se han hecho más explícitas, se han hecho patentes y ahora en ningún caso se puede considerar Turquía un país seguro”, denuncia Ana María Torres, coordinadora de la subcomisión de protección internacional del Consejo General de la Abogacía Española.
Elena Sánchez, investigadora del Cidob y coordinadora del área de migraciones del organismo, coincide en la mayor exposición pública de la represión del Estado tras el levantamiento militar. “La UE decía que Turquía era un país seguro pero hacía la vista gorda con muchos temas porque tenía que cerrar la puerta del Egeo. Ahora los países no pueden callarse”, explica.
Purgas y debate sobre la pena de muerte
Torres y De las Heras hacen referencia a las denuncias de coacciones a la libertad de expresión desde el pasado viernes, las destituciones masivas de unos 50.000 trabajadores (entre ellos policías, profesores y jueces), y la reapertura del debate sobre la pena de muerte en el país amparada por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.
Las autoridades europeas ya han mostrado su preocupación sobre algunos de estos pasos: la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, advirtió a Turquía de que “ningún país” puede convertirse en Estado miembro de la UE si introduce o reintroduce la pena de muerte. El comisario europeo de Política de Vecindad y Ampliación, Johannes Hahn, afirmó también el lunes que las autoridades turcas tenían preparada una lista 'negra' de jueces a los que depurar, antes del intento de golpe de Estado.
Las críticas a la UE van más allá de la futura adhesión de Turquía a la unión: se centran en el papel que ya tiene como aliado en la gestión de la crisis humanitaria de asilo. La secretaria general del Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, pidió este sábado a la UE que dé “marcha atrás” al “acuerdo de la vergüenza” con Ankara. “El golpe de Estado es una muestra más” de que “se ha forzado la maquinaria para demostrar que Turquía era un país seguro para los refugiados”, afirmó.
La directiva europea que define el concepto de “tercer país seguro” exige como requisito garantizar que “su vida o su libertad (del demandante de asilo) no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política”. La persecución política y la falta de libertades de la población está ahora en bajo la lupa de las organizaciones de derechos humanos, que creen que la UE debería revisar su acuerdo con Turquía. “Debería hacerlo”, insiste Ana María Torres.
“Esto acelerará la ruptura del pacto”
La investigadora del Cidob Elena Sánchez considera que los últimos acontecimientos en Turquía “harán que todo vaya más rápido en la ruptura del pacto de la UE, que por otro lado nació muerto”. Sánchez recuerda que los escollos para garantizar la continuidad del acuerdo, como la liberalización de visados para los ciudadanos turcos que viajen a Europa, se complican ahora aún más.
“La UE exigía a Turquía que modificara su ley terrorista y, aunque Erdogan ya era reticente, tras el golpe no lo va a hacer. La UE no puede avanzar en la exención de visados con todo lo que está ocurriendo y eso acelerará que se rompa el acuerdo”, argumenta. En su opinión, sin levantamiento militar, los 28 hubieran seguido avanzando sin muchos reparos en el pacto migratorio para bloquear las llegadas de refugiados por Grecia.
Esa ruta del Mediterráneo, casi bloqueada desde la firma del acuerdo en marzo, “podría volver a abrirse pronto. Erdogan, si no consigue lo acordado, puede que empiece a abrir el grifo y volvamos a ver más llegadas por el Egeo este verano”, analiza la investigadora.
