El plan con el que José Luis Escrivá pretende facilitar el ingreso de trabajadores inmigrantes en el mercado laboral saldrá adelante. Tras las reticencias iniciales de los sindicatos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobará próximamente un nuevo texto que incluye algunas de las propuestas enviadas por los agentes sociales en las últimas semanas, pero mantiene los principales cambios que despertaron sus cautelas: la eliminación de la duración mínima de horas y la exigencia de presencialidad, según confirman fuentes ministeriales y sindicales tras la reunión de este jueves de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
El pasado 17 de mayo, el Inclusión dio un plazo de diez días a los agentes sociales y al Ministerio de Trabajo para enviar alegaciones al borrador de la instrucción que pretendía flexibilizar la aplicación del arraigo por formación, una de las vías para regularizar a inmigrantes creada en julio de 2022 como una de las principales novedades impulsadas por la reforma del reglamento de Extranjería. Esta figura permite que las personas que acrediten vivir en España durante un mínimo dos años puedan acceder a un permiso de residencia de un año para estudiar un curso de formación y, una vez superado, podrán obtener una autorización de trabajo de dos años si presentan una oferta de contrato laboral.
Inclusión defendía que la medida “funcionaba bien” pero, en la práctica, había una serie de requisitos “demasiado rígidos” que chocaban con la precaria situación de las personas sin papeles, especialmente las mujeres, debido a la obligatoriedad de presencialidad y la exigencia de un mínimo de duración de 200 horas, lo que impedía compaginar los estudios con los cuidados familiares y sus trabajos en la economía sumergida. Los cambios, sin embargo, despertaron las críticas de los sindicatos, que temían posibles situaciones de fraude en las formaciones, derivada de la rebaja de las exigencias.
Aunque el nuevo borrador de la instrucción ha incorporado algunas de las alegaciones enviadas por los sindicatos, el texto mantendrá los principales puntos que despertaron la desconfianza inicial entre los sindicatos: la eliminación del requisito de una duración mínima de 200 horas en las formaciones del SEPE y la obligatoriedad de la presencialidad del curso, permitiendo ahora la posibilidad de superarlos de forma telemática, según el nuevo borrador de la instrucción, al que ha accedido elDiario.es. También se han incluido las microcredenciales, como otra de los tipos de titulaciones permitidas para solicitar un permiso de trabajo por esta vía.
El departamento dirigido por José Luis Escrivá ha aceptado la incorporación de algunas propuestas de los agentes sociales orientadas a un mayor control de las titulaciones presentadas para evitar situaciones de fraude, según el último borrador al que ha accedido elDiario.es. Entre ellas se encuentra la necesidad de “comprobación de la inscripción en el registro correspondiente de la entidad que imparte la formación para evitar fraudes” y la inclusión de un anexo con un listado de certificados de aptitud técnica “para facilitar la orientación de aquellos potenciales beneficiarios”.
Reacción de sindicatos
“Los resultados finales no gustan a todo el mundo, pero tampoco son inaceptables”, ha dicho José Antonio Moreno Díaz, secretario confederal de Migraciones en CCOO, quien celebra la incorporación de un mayor control para “evitar fraude”, pero lamenta la retirada de la duración mínima de las formaciones, la incorporación de los microcredenciales y la eliminación de la exigencia de presencialidad.
“Ahora no se establece una duración mínima [en los cursos del SEPE], por lo que nos genera suspicacia. ”, dice Moreno Díaz. “Han aceptado el 80% de las alegaciones, basadas especialmente en la asimilación de todos los canales de formación para el empleo, para evitar hacer una formación específica para extranjeros, así como comprobar la homologación de los centros y las clases de titulación”.
Fuentes presentes en la reunión celebran que se haya realizado sin las tensiones surgidas en la anterior encuentro de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, celebrada el pasado 18 de mayo. Los sindicatos y Trabajo cuestionaron una de las razones de fondo que empujan al Ministerio de Inclusión a sacar adelante esta medida: su utilización como un mecanismo para dar respuesta a la cobertura de puestos vacantes en sectores como la hostelería y la construcción. En este segundo encuentro, en general, se ha evitado defender la medida como un mecanismo para equilibrar el mercado de trabajo, sino que se ha recordado que la figura del arraigo es una herramienta para sacar de la irregularidad a personas concretas que viven en España.
“Este no es el sitio para hablar de las vacantes en los sectores de hostelería y construcción. Hemos evitado el bucle de las vacantes y no lo reconocemos. No hay falta de mano de obra sino una carencia de dignidad en determinados sectores laborales, en unos sectores laborales concretos que son los que piden esas vacantes”, sostiene Moreno Díaz.
Tras seis meses de vigencia, 22.000 personas han solicitado el arraigo por formación. De ellas, ha sido concedido en su primera fase a 12.000. Distintas ONG especializadas en migraciones, aquellas que acompañan a muchas personas sin papeles en sus intentos de regularización, aseguran que los requisitos establecidos para el arraigo por formación chocaban con la “realidad” y la “situación de vulnerabilidad” que vive la mayoría del colectivo.
Según sostiene el gabinete de Escrivá, las asociaciones les han trasladado que los periodos muy prolongados de formación y la exigencia de presencialidad pueden “favorecer que personas migrantes prefieran trabajar en la economía sumergida, en condiciones a veces de explotación, ante la imposibilidad de estar un tiempo largo sin ingresos”.
Una de las ONG que trasladó a Inclusión los obstáculos con los que se chocaban los solicitantes para pedir un permiso de residencia por esta vía es la Red Acoge. “Por las personas que acompañamos vimos que el impacto que iba a tener esta medida era bastante limitado. Por su situación de vulnerabilidad, no iban a poder hacer el recorrido del arraigo de formación. Estas personas llevan dos años trabajando en la economía sumergida y no se les puede exigir que estén casi un año en un curso presencial de 200 horas sin poder ingresar dinero”, sostiene la responsable de incidencia de la organización. “Estas personas ya están en la economía sumergida y, al rebajar los requisitos, lo único que va a ocurrir es que pasarán a estar contratadas y aportar a la Seguridad Social”, defiende el presidente de Andalucía Acoge, otra de las organizaciones que expresaron su preocupación.