La exdelegada del Gobierno en Ceuta investigada por la expulsión de menores apunta a Interior: “Me llegaban órdenes”

Salvadora Mateos, exdelegada del Gobierno en Ceuta, era la autoridad competente en aplicar la repatriación de menores en agosto de 2021, cuando 55 chavales fueron retornados sin seguir ningún procedimiento administrativo. Pero en su declaración como investigada por un posible delito de prevaricación, celebrada en un juzgado ceutí el pasado 5 de octubre, transmitió no haber tomado apenas decisiones en la puesta en marcha del operativo. Aunque a lo largo de su intervención intentó hacer de cortafuegos y evitó dar detalles sobre directrices concretas enviadas por sus superiores del Ministerio del Interior –de los que depende en materia migratoria–, Mateos acabó admitiendo haber recibido órdenes.

El caso sobre las expulsiones de menores desde Ceuta, abierto en el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad tras la denuncia presentada por la Fiscalía, investiga por lo penal a la ya exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos; y la vicepresidenta de la ciudad, Maribel Deu, por un posible delito de prevaricación. Mateos, quien actualmente se encuentra en tratamiento oncológico, fue destituida el pasado 31 de octubre. Tras su declaración, la Abogacía del Estado ha solicitado al juzgado que no tenga en cuenta su testimonio, debido a la enfermedad que padece.

A lo largo de su declaración, adelantada por El Confidencial y a la que ha accedido elDiario.es, la exdelegada insistió en varias ocasiones en la supuesta imposibilidad de aplicar la Ley de Extranjería para retornar a los menores llegados durante la crisis migratoria de mayo del año pasado. Su declaración evidenció, como ya lo habían hecho las testificales recogidas por el Ministerio Público en su investigación previa, la arbitrariedad y falta de control con la que actuaron el Ejecutivo central y el Gobierno de Ceuta para retornar a los niños y adolescentes. 

La exdelegada defendió que “no se podía aplicar” la normativa estatal porque “nunca se había” hecho, así como por el enfriamiento de las relaciones entre España y Marruecos, por lo que se debía acudir al acuerdo hispanomarroquí de 2007. Ante la insistencia de las preguntas de la jueza acerca de qué impedía el cumplimiento de la legislación estatal, la entonces representante del Gobierno en la ciudad respondió: “Me dijeron que no se podía aplicar y que lo que se iba a aplicar era el acuerdo”. Posteriormente, Mateos aseguró no recordar quién se lo dijo.

“Recibo una orden”

Ante la insistencia de las preguntas de la jueza y la fiscal, Mateos describió con brocha gorda cómo se activaron las repatriaciones de menores. “Yo no decido que los niños salgan. Recibo una orden”, dijo la delegada. La fiscal entendió entonces que se refería al correo electrónico enviado el 10 de agosto de 2021 por la secretaria del secretario de Estado de Seguridad a la Delegación del Gobierno de Ceuta. “Dada la importancia del asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo”, rezaba el email, en referencia a una instrucción sin firma que activó de facto las repatriaciones de niños y adolescentes migrantes en base al acuerdo hispano-marroquí.

Como dicha orden sin rúbrica incluía la indicación de “respetar” los “intereses y derechos” de los menores, algo que no se respetó en la práctica, la fiscal insistió en preguntar a la investigada por el origen de las decisiones sobre la manera en que se llevaron a cabo las repatriaciones: sin seguir ningún procedimiento, sin emitir ninguna resolución y sin cumplir las garantías establecidas por la legislación española. 

El 11 de agosto, las autoridades españolas y marroquíes celebraron una reunión en la frontera para cerrar los detalles de la repatriación. Según la exdelegada, que no asistió al encuentro por ser positivo en COVID, aquel día “había autobuses” en el lado marroquí de la frontera, preparados para llevarse a los primeros niños, aunque finalmente las devoluciones comenzaron dos días después. “El mecanismo ya estaba pactado”, zanjó Mateos, sin concretar quién se encargó de decidirlo. La delegada fue informada por su secretario, quien la sustituyó. 

El Ministerio del Interior fue el encargado de acordar la activación del pacto con Marruecos para llevar a cabo la repatriación de los menores. Sin embargo, desde la cartera de Grande-Marlaska han defendido que el detalle de su tramitación es competencia de la Delegación del Gobierno. Mateos no llegó a aclarar este extremo. 

“Las órdenes venían de donde venían”

Tras la reunión del 11 de agosto, Mateos habló por teléfono con el secretario de Estado de Seguridad, a quien le trasladó las conversaciones mantenidas durante el encuentro en la frontera: “Le expliqué que habíamos tenido un encuentro en la frontera, que había estado Marruecos. Que entregaríamos a los menores de 15 en 15, para podérselos entregar a sus padres y tratarlos con detenimiento”. 

“¿Obra creyendo que esa decisión de cómo llevar a los niños a Marruecos es la correcta?”, insistió la fiscal. “No había otra forma de llevarla a cabo. Era consciente de que no se aplicaba la Ley de Extranjería. Nos habíamos acogido ambos gobiernos al acuerdo de 2007. Lo que se estaba aplicando es lo que dice el acuerdo”, reiteró Mateos, a pesar de que dicho pacto incluye la obligación de respetar la legislación nacional. 

Ante tal incoherencia, la fiscal preguntó a Mateos si pidió “asesoramiento jurídico” sobre la forma de aplicar el pacto hispano-marroquí en lo referente a las repatriaciones de menores. Y la investigada respondió: “No, porque las órdenes me venían de donde venían. Me decían: hemos llegado a este acuerdo y hay que ponerlo en marcha”. 

Estudio de vulnerabilidad

En varios momentos a lo largo de la declaración, la magistrada incide en sus preguntas sobre la forma en que la Delegación del Gobierno controló que las repatriaciones garantizasen los derechos de los menores. Mateos habla de un supuesto análisis individualizado de la situación de los menores realizado por una ONG (Samu), pero admite que no comprobó que esos informes se hubiesen realizado. Esta organización, sin embargo, advirtió por escrito que no podía asegurar que entre los chavales devueltos no hubiese perfiles vulnerables. La exdelegada habla así de conjeturas y señala a la vicepresidenta de la ciudad, la otra investigada del caso, como responsable de realizar esta función. Según dijo, “confió plenamente en que se hubiese hecho” porque sabía que “la vicepresidenta primera es meticulosa en todo lo que hace”.

Mateos destacó que tenía la “garantía verbal” del jefe de gabinete de Rincón, una autoridad marroquí, de que los chavales serían trasladados a un centro de menores y, desde allí, buscarían a sus familiares. La delegada añadió que llamó al cónsul de España en Tetuán para confirmar que el mencionado edificio “existía” y contaba con las condiciones adecuadas. Este se lo confirmó, dijo.

En representación de Mateos, la Abogacía del Estado ha registrado un escrito al juzgado, al que ha accedido elDiario.es, para solicitar que la magistrada dé “mayor verosimilitud” a la declaración ofrecida a la Fiscalía. Según expone, el tratamiento oncológico al que está sometida la paciente generan episodios de “desmemoria”.

Después de que las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces denunciasen estos retornos en los tribunales, la Justicia frenó, como medida cautelar, la devolución de nueve menores marroquíes. La decisión del juzgado ceutí desencadenó la suspensión temporal del operativo hasta que meses después, el tribunal ordenó el cese definitivo de este tipo de expulsiones de menores y ordenó el retorno a España de los adolescentes trasladados a Marruecos durante aquellos días.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta admitió a trámite la denuncia formulada contra ambas al entender que “omitieron de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho”. Deu y Mateos están citadas a declarar el próximo 7 de septiembre. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado –que, junto a la Asociación para el Desarrollo Integral L' Escola AC, conforma la acusación popular en la investigación judicial– ha recordado este miércoles que el sumario del caso desprende que el Gobierno de España “a través de varios ministerios conoció, impulsó, aprobó y acordó con Marruecos esta actuación”.