Interior mantiene el hacinamiento de más de 1.600 migrantes en el CETI de Melilla a pesar del riesgo de contagio

Son las 14 horas y, como cada día, una larga fila de personas se concentra a las puertas del comedor del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes Melilla (CETI) sin respetar la distancia social exigida por el Gobierno. Cuando caminan por el interior de las tiendas de campaña donde duermen cientos de ellos, es difícil evitar tocar las camas de sus compañeros, ubicadas muy cerca unas de otras. Los migrantes acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla incumplen todos los días las medidas de seguridad impuestas en pandemia, porque durante casi dos meses de estado de alarma el Ejecutivo mantiene a más de 1.600 migrantes en un espacio creado para alojar a 700. 

A pesar de las reiteradas exigencias por parte del Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Amnistía Internacional, Interior no desbloquea los traslados a la península de un número de personas suficiente para descongestionar el centro. “Está trabajando en ello los ministerios implicados y vamos a ver si somos capaces de solucionarlo en breve”, respondió este viernes el ministro de Sanidad tras ser preguntado sobre la situación de saturación.

La respuesta es la misma desde el inicio del estado de alarma. “Desde la secretaría de Estado de Migraciones continuamos colaborando estrechamente con el ministerio de Interior para agilizar los traslados a península de los residentes”, insisten desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que dependen los CETIS. José Luis Escrivá solicitó hace semanas a su homólogo en Interior, Fernando Grande-Marlaska, la aceleración de los traslados de inmigrantes al resto de España, pero la respuesta llega a cuentagotas y resulta escasa para aliviar la sobreocupación del CETI. 

Desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska no dan explicaciones oficiales acerca del retraso en la ejecución de los traslados de migrantes desde Melilla a la península. Históricamente, gobiernos de distintos colores han tratado de prolongar la estancia de los migrantes en las ciudades autónomas bajo el supuesto argumento de que permitir una rápida salida hacia el resto de Europa podría conllevar un aumento de las entradas clandestinas a través de este punto. Es el viejo fantasma del “efecto llamada”. 

Del mismo modo que miles de migrantes permanecen durante meses atrapados en las islas griegas, quien accede a España de forma irregular a través de las ciudades autónomas -una ruta menos peligrosa- suelen quedarse durante largos (y arbitrarios) periodos de tiempo atrapados en ellas. Ni una pandemia global desbloquea las arraigadas políticas migratorias en los enclaves españoles. 

Entre las más de 1.600 personas confinadas en el saturado centro, cerca de 400 se encuentran en una situación “especialmente vulnerable”, según ha alertado el Defensor del Pueblo en respuesta a una queja enviada por la ONG Prodein, a la que ha accedido eldiario.es. Francisco Fernández Marugán exige la salida urgente de las mujeres solas, dado que “la situación de sobreocupación no les puede garantizar un entorno libre de violencia sexual y de género”. También realiza una llamada de atención particular sobre los niños y las niñas “a los que no se les puede garantizar unas condiciones mínimas tras las traumáticas situaciones que han atravesado al llegar a nuestro país”. 

Entre quienes ha despertado una mayor preocupación del Defensor del Pueblo, se encuentra una mujer solicitante de asilo que huyó de su país, Marruecos, debido a la violencia machista sufrida por parte de su pareja. A Melilla llegó con sus tres niños en busca de protección hace unos meses, pero desde mediados de marzo el miedo al coronavirus también ha llegado a sus vidas. La mujer sufre “asma grave”, explica la familia, y como persona de riesgo vive el temor al contagio en un lugar donde evitar el contacto es casi imposible, aunque por el momento no se ha detectado ningún caso positivo en el centro. El Defensor del Pueblo exigió hace casi dos semanas al Gobierno la salida urgente de Melilla de esta familia “especialmente vulnerable a la pandemia”. No obstante, la institución, no ha recibido respuesta por parte del Ministerio del Interior. 

Uno de sus hijos, de once años, ha escrito una carta al ministro Grande-Marlaska para pedir su traslado a través de todos los canales posibles. “Hola, Ministerio del Interior”, comienza el menor en su misiva, escrita con su letra irregular. “Somos marroquíes y hemos huido del maltrato de mi padre. Ahora estamos en el centro temporal de Melilla y no podemos salir y hemos pedido salir pero se nos deniega y no saldremos porque siempre es denegada”, explica el pequeño. El niño confiesa al ministro su preocupación por su madre: “Mi mamá es enferma de riesgo y tiene asma grave. Aquí el contacto con la gente es mucho y sube el peligro del coronavirus.  Mi madre lo pasa muy mal aquí”. La mujer marroquí asegura haber recibido avisos por parte de su marido: “Él amenaza a una amiga de mi madre en Marruecos, le dice que tiene a alguien aquí”, aseguró uno de sus hijos a la Cadena SER. 

Más allá de la petición de salida urgente de las personas en situación más “vulnerable” a ojos de la Defensoría del Pueblo, la institución ha realizado una recomendación general a Interior para que se aceleren los traslados a la península de los migrantes acogidos en el CETI de Melilla debido a la sobreocupación de sus instalaciones. “La crónica sobreocupación de Melilla, que en este momento supera las 1.600 personas, hace inviable que se puedan garantizar las obligatorias medidas de distanciamiento social que hemos de respetar todos los ciudadanos durante el estado de alarma”, ha advertido el Defensor del Pueblo, ha solicitado Francisco Fernández Marugán en la recomendación enviada al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.  “En un contexto de crisis sanitaria como el actual, la cuestión de la sobreocupación y la necesidad de aliviar la presión residencial de los CETI se vuelve más urgente que nunca”, ha destacado Fernández Marugán, quien recuerda que el cierre de fronteras ligado a la pandemia reduce también las “perspectivas reales” de expulsión. Ahmed (nombre ficticio) está rodeado de personas a la espera de recoger su comida cuando responde a los mensajes de eldiario.es. Es uno de los 600 migrantes tunecinos que el ministro del Interior quiere expulsar “a la mayor brevedad posible”, a pesar del cierre de fronteras ligados al coronavirus. Con su móvil fotografía la escena que tiene frente a él: una decena de compañeros, muy juntos, en el comedor del centro. También graba el lugar donde duerme junto a un centenar de compatriotas en una de las tiendas de campaña desplegadas en el CETI debido a la saturación de sus instalaciones. Un paseo por el interior de la lona demuestra la proximidad existente entre las literas, cubiertas con sábanas. Las imágenes, a las que ha tenido acceso eldiario.es, evidencia el incumplimiento de la exigencia de distancia entre los residentes del centro. 

“No nos dan mascarillas a nosotros, pero los trabajadores si tienen”, denuncia el joven tunecino. “Hay personas con enfermedades, personas en silla de ruedas. Somos muchos y aquí no se puede mantener las distancias: solemos estar dos horas en la cola para comer”, cuestiona el hombre. “Nadie sabe cuánto tiempo nos tenemos que quedar aquí. Llevamos ya mucho tiempo. Creo que es suficiente”, clama el tunecino.

Una mujer transgénero de origen marroquí es otra de las residentes del CETI cuya situación de vulnerabilidad ha sido denunciada por Amnistía Internacional. “Estoy destrozada y volviéndome loca... No me dejan ni salir a coger dinero que me mandan…”, ha denunciado la migrante en un testimonio recogido por la ONG. “Solo hay un traductor que no siento que me respete. A veces quiero hasta volver a mi país, o incluso matarme... No sé ni por qué estoy aquí. Nos miran (al colectivo LGBTI) como si no fuéramos nada”, lamenta la ciudadana de Marruecos. 

“En el CETI no se siente protegida porque, además de que hay personas que cuestionan su identidad de género, la masificación también afecta a otras cuestiones de seguridad en relación a sus objetos personales y pertenencias”, asegura Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional, organización que ha pedido en numerosas ocasiones la aceleración de los traslados de migrantes desde Melilla. 

“Llevamos años denunciando que Ceuta y Melilla son un limbo sin derechos para estas personas y lamentamos que, en medio de una crisis sanitaria tan grave como la que nos encontramos, tengamos que volver a repetirlo”, ha incidido el presidente de la organización, Esteban Beltrán. “Han pasado más de cinco semanas desde que se decretó el estado de alarma y se impusieron medidas para evitar el contagio sin que se haya adoptado ninguna iniciativa de relevancia dentro del CETI que proteja la salud de los que están allí hacinados”, ha reclamado. 

A lo largo del estado de alarma, Interior solo ha autorizado la salida de Melilla de 51 migrante el pasado 21 de abril. “Mover a unas pocas decenas de personas a la península, aunque es un paso en la dirección adecuada, no descongestiona un centro tan saturado”, cuestiona Beltrán.