El forense diagnosticó tuberculosis: la muerte de Alpha Pam

El edificio era modesto: dos plantas, con balcones que miraban a una calle con palmeras. La calle desembocaba en un paseo que recorría la costa donde familias sonrosadas caminaban mirando al mar o comprando souvenirs. Todavía no era tiempo de playa, la primavera estaba tardando en llegar a Mallorca ese 21 abril.

Dentro del edificio en uno de los apartamentos, Antonio Moreno justo terminaba su desayuno del domingo cuando llamaron a la puerta. No sonó el timbre, golpearon. En la puerta, Ana, la vecina de arriba le dio su móvil y le pidió que llamase. Balbuceaba, era difícil de entender.

– Arriba, arriba –dijo.

Antonio subió una planta, en la escalera encontró a un joven tendido cubierto de sangre. Las baldosas blancas tenían charcos de sangre. El joven no conseguía hablar. Se llamaba Alpha, tenía 28 años, era de Senegal y sangraba por la nariz y la boca. Le acababan de reventar los pulmones en su propia casa. Así es una muerte por tuberculosis. Sólo que nadie muere de tuberculosis en España hoy día en una feliz zona playera en una de las regiones más ricas de Europa.

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Si hubiese sido una muerte menos sangrienta o de alguien mayor quizás hubiera pasado desapercibida. Es probable que hubiese sido registrada como producida por “causas naturales”. Pero los medios descubren el caso y lo convierten en un símbolo: el primer migrante muerto por falta de asistencia sanitaria después de la aprobación del Real Decreto 16/2012.

Mediante esta ley que entró en vigor en septiembre del año pasado, los migrantes sin permiso de residencia fueron privados del derecho al uso normal de la red sanitaria pública. A partir de entonces solo serían atendidos de forma gratuita en urgencias, salvo en el caso de menores y embarazadas que en teoría tienen acceso total.

El decreto también modificaba radicalmente el sentido y alcance de la sanidad pública. La salud ya no es un derecho universal, por eso se puede excluir a los migrantes. Ya no somos ciudadanos, sino “asegurados”, según la terminología de la empresa privada. A partir de su aprobación, nuestro acceso a la salud está vinculado al trabajo presente o pasado. Para no dejarse fuera a varios millones de españoles que no tienen trabajo, un desarrollo posterior de la norma creó otra categoría excepcional para aquellos que no cobren más de 100.000 euros. La función de la ley es acabar conceptualmente con un derecho de todos y abrir la puerta a un futuro incierto donde los límites entre quien tiene acceso y quien no podrán ser modificados con facilidad. Sólo es una cuestión de tiempo.

Los primeros en caer constituyen el eslabón más débil: más de 870.000 migrantes sin permiso de residencia a quienes ya se ha retirado la tarjeta sanitaria.

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Este era el caso de Alpha Pam, que pese a llevar casi ocho años en España no tenía papeles. Su amigo Kalidou Amadou Gaye sí trabajaba y residía legalmente aquí y era el que sostenía la mayor parte de los gastos comunes. Era su “hermano africano”, de distinta sangre pero compartiendo todo desde adolescentes. En Dakar durmieron en la misma cama un tiempo y se enamoraron por primera vez de la misma mujer. Desde hace un par de años, vivían juntos en Can Picafort, una zona turística del norte de Mallorca.

Kalidou está ahora en uno de sus parques. Sentado en el banco no se nota tanto lo alto que es, lo alto y flaco que es. Parece vestido de domingo. Lleva un traje tradicional senegalés de satén color crema y un bolso en el pecho con la foto de un santón sufí –que era una de las posesiones más preciadas de su amigo muerto– . Mira al frente, la mirada perdida. Justo delante, unos niños juegan y gritan en los columpios. La voz es baja y monocorde.

–Cada día pienso que si lo hubiese sabido antes...–se refiere a la tuberculosis, extremadamente familiar para los senegaleses–. Si no hubiésemos venido aquí seguiría vivo, no habría muerto de eso en mi país.

Aunque soñaba con Nueva York y Londres, en su periplo migratorio Alpha pasó primero por Andalucía y Granollers. Allí trabajó en agricultura y vendiendo cosas por la calle hasta que se instaló con su amigo en este pueblo. Kalidou dice que aquí se sentían bien. Su casa es agradable, tenían muchos amigos, el sol, el mar y la nostalgia de su país y de los lugares a los que todavía no habían viajado.

-Hablamos muchas veces de cómo sería volver juntos a Senegal. Todavía no lo habíamos hecho porque Alpha no podía salir del país y yo trabajaba. Jamás pensé que volvería así, con su cuerpo dentro de una caja.

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En noviembre del año pasado, según Kalidou y otros amigos, el habitual buen humor de Alpha se resintió porque empezó a encontrarse mal: tosía mucho y estaba un poco débil.

En el Centro de Atención Primaria de Can Picafort le atendieron varias veces de urgencias, pero al no tener tarjeta sanitaria no tenía asignado médico de cabecera y era más difícil hacer un seguimiento de la evolución de su enfermedad.

Le vieron médicos distintos. Sistemáticamente le diagnosticaban bronquitis que es lo más común para los síntomas que tenía. Solo que a partir de tres semanas ya no puede ser una bronquitis y se tiene que contemplar la posibilidad de tuberculosis u otros problemas respiratorios graves.

Ventolin, Primperan, Effelgaran, Sueroral, Enantyum, Nolotil, Espidifen, Paracetamol: los medicamentos se agolpaban en la estantería de Alpha. Ninguno le hacía mejorar.

El primer día del año su novia Alaina lo encontró bastante mal: había perdido peso y tenía fiebre. Alaina trató de convencerle para que volviese al centro pero él le contestó:

–¿Para qué? No va a servir para nada, estoy harto de ir y de que no me hagan caso.

A finales de febrero, seguía empeorando. Era ya evidente que no iba a curarse sin ayuda, y lo intentó otra vez. En esa ocasión, el médico que le atendió ya sospechaba de tuberculosis, así que le hizo la prueba de Mantoux que sirve para detectar la enfermedad a través de la reacción en la piel de una punción superficial. Al cabo de tres días, el 28 de febrero, Alpha regresó a por los resultados que fueron negativos. Sin embargo, ese día el médico recogió en el informe que Alpha era amigo de una familia que tenía ingresado a un niño por tuberculosis. La sospecha persistía. La prueba definitiva sería una placa que el médico no podía hacer en su centro. “Derivo al Hospital de Inca para radiografía de tórax y valoración ya que ha habido brote de tuberculosis en Can Picafort y sospechamos que este sea el caso primario” –el primero en sufrir la enfermedad dentro de un mismo grupo de contagio–, escribió el médico en el informe.

Consunción, tisis, mal del rey, plaga blanca, mal de vivir o mal del siglo. Estos son algunos de los nombres por los que se ha conocido a la tuberculosis: la enfermedad más vieja que afecta al ser humano, la que más vidas se ha llevado durante la historia de la humanidad.

Hoy constituye la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después del sida.

Pero la muerte no siempre nos iguala. Si se mira el mapa de la distribución mundial de la riqueza, coincide exactamente con el de la incidencia de la enfermedad, pero a la inversa. Es una patología de los países pobres, pero también de los pobres de los países ricos.

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Pero no todos los portadores enferman. Su contagio y desarrollo tienen que ver con las malas condiciones de vida y con su asociación con otros problemas de salud. Hacinamiento, viviendas en malas condiciones, jornadas de trabajo prolongadas, mala alimentación, problemas en el acceso a la salud: todos estos factores influyen. Las muertes que produce son muy pocas en los países de la UE15 –los más desarrollados de Europa–. Al menos por ahora.

La tuberculosis mata muy lentamente. Normalmente sólo fallecen por su causa aquellas personas con el sistema inmunitario comprometido como los enfermos de sida. Sobre todo porque es una enfermedad fácilmente curable mediante la administración de antibióticos. A las dos o tres semanas del inicio del tratamiento ya no es contagiosa. Pero el proceso es largo, de seis a nueve meses, por lo que se aconseja un correcto seguimiento del paciente. Según la Organización Mundial de la Salud –OMS– los errores en la continuidad de la medicación están conduciendo al surgimiento de cepas resistentes a los fármacos. Esas cepas no son fácilmente curables y pueden ser una consecuencia indeseable más del fin de la universalidad de la asistencia sanitaria. En España, los recortes en salud, la exclusión de los migrantes sin papeles, las privatizaciones, el copago y otras medidas de este tipo están pavimentando el camino hacia la posible proliferación de enfermedades infecciosas, como advierten las asociaciones de médicos. En Grecia ya ha pasado. Los estudios realizados en los últimos años después del estallido de la crisis y el impacto de las políticas de austeridad apuntan al aumento considerable de infecciones por VIH y tuberculosis además del crecimiento de la mortalidad en general.

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El hospital de Inca es un gran edificio de cristal y ladrillo, nuevo, con todas las comodidades. En un cartel de la entrada alguien ha dibujado unas tijeras dentro de una indicación de prohibido que quiere significar: “no a los recortes”. El 5 de abril, Alpha fue con la hoja de derivación del centro de atención primaria a hacerse la radiografía que le había pedido el médico. Ese día, unas enfermeras estaban fumando en el jardín. Él lo había dejado seis meses antes cuando empezó la tos y el malestar. Ya ni siquiera le apetecía. Además de la tos, a menudo tenía fiebre, temblores y escalofríos.

Kalidou le acompañaba para darle ánimos en esta ocasión, porque según él, ya había sido rechazado antes aunque no pueda demostrarlo. Las denegaciones de asistencia no quedan registradas en la burocracia hospitalaria. Las cámaras de seguridad borran las imágenes cada dos semanas. La Consejería de Sanidad niega la visita anterior y una posterior de la que informan sus amigos. En realidad, no es tan importante, porque ese mismo día con solo una radiografía Alpha hubiese sido diagnosticado.

– Sabíamos que no iba a ser fácil –dice ahora Kalidou–. Nosotros nunca pasamos los primeros pero tampoco esperábamos lo que ocurrió.

En urgencias se podían leer algunos carteles: “Zona de videovigilancia” y “Presente: tarjeta sanitaria internacional o seguro privado”.

Dentro, dos trabajadores de admisión quedaban protegidos del público por un grueso cristal dentro de una salita con forma de pecera. La que recibió a Kalidou y Alpha les dijo:

–Sin tarjeta sanitaria no podéis ser atendidos. Es la ley.

–Está empadronado, se encuentra muy mal, necesita una placa de aquí –dijo Kalidou señalando al pecho. Y le entregó un papel donde constaba inscrito como residente.

Pero el personal de admisión fue inflexible. No se puede. Si quiere ser atendido tendrá que firmar un compromiso de pago. La factura le llegará más tarde. Después de pensárselo un momento firmaron los dos. Kalidou también tuvo que dejar sus datos como “avalista”. No tenían ni idea de qué les podía costar, tampoco se lo dijeron.

Cuando llevaban como una hora y media más o menos esperando, Kalidou salió a fumar. Estaba seguro de que iban a ingresar a su amigo. Así que aprovechó para llamar a su novia y pedirle que preparase una bolsa con el pijama y otras cosas que Alpha pudiese necesitar en el hospital. Cuando terminó la llamada, apenas habían pasado ni cinco minutos, las puertas automáticas de urgencias se abrieron y su amigo salió.

Alpha había sido atendido en el tiempo que duró la llamada. Salió desolado, con más medicamentos y el mismo diagnóstico: bronquitis. Le habían prescrito también seguimiento por su médico de cabecera, sólo que no tenía. No consiguió que le hiciesen la radiografía de tórax donde se hubiesen visto sin margen de error las cavernas que provoca en los pulmones el virus de la tuberculosis. Dos semanas después, sus vecinos lo verán asfixiarse con su propia sangre en la escalera de casa.

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Esta narración deja algunas preguntas sin respuesta. Para desentrañar la cadena de acontecimientos que ha posibilitado la muerte faltan por conocerse datos, motivaciones, responsabilidades. Estos quizás lleguen a saberse en profundidad cuando se hagan públicos los resultados de la investigación judicial en marcha. Mientras, en los interrogantes que se han abierto florecen las versiones.

En la confusión inicial algunos medios culpabilizaron al propio Alpha por no llevar la hora de derivación donde el médico de atención primaria pedía la radiografía. Pero la propia Consejería de Sanidad de Baleares en su informe sobre el caso dice que sí la llevaba. ¿Es eso tan importante?

Los médicos consultados dicen que es extraño que un médico niegue una prueba relativamente barata cuando lo pide otro médico. Quizás es menos extraño si contemplamos el contexto de recortes –60 millones de euros menos para sanidad en Baleares– y de presiones sobre los profesionales sanitarios. En este hospital, se ha presupuestado un millón de euros menos para personal durante este ejercicio. Eso significa más horas de trabajo, no cubrir bajas, más interinos y menos fijos. ¿Era la médico que atendió a Alpha una contratada eventual? ¿Cuántas horas llevaba trabajando? ¿Estaban recibiendo presiones los profesionales para ahorrar en pruebas diagnósticas? El año anterior, el Sindicato de Enfermería –SATSE– se quejaba públicamente de que las urgencias del hospital estaban colapsadas, de que los enfermeros estaban “desbordados” y exigían más recursos. Pero los recortes continuaron.

Sin embargo, la Consejería de Sanidad Balear –en manos del PP– ha puesto el acento en las responsabilidades del centro, ha despedido al gerente por las facturaciones ilegales y ha expedientado a los trabajadores: a la administrativa de admisión, al enfermero de triaje y al médico que le atendió. Es la línea oficial de respuesta. La ministra Ana Mato, al ser interrogada sobre el caso en el Congreso afirmó que “desgraciadamente, a veces se producen errores” y que la ley garantiza la asistencia sanitaria a todos por igual. El gobierno justifica sus decisiones con argumentos económicos pero no quiere asumir públicamente que la muerte es una consecuencia de sus políticas.

¿Queda asegurada realmente la asistencia sanitaria de los migrantes a los que les ha sido retirada la tarjeta sanitaria? ¿Sirve la atención exclusiva en urgencias para garantizar el derecho a la salud?

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Tras la muerte de Alpha, su novia Alaina quiso averiguar si estaba infectada. En este caso el procedimiento fue totalmente distinto. Alaina acudió a su médico de cabecera quien también consideró necesaria una radiografía. Sin embargo, esta vez le dieron hora para la prueba desde el mismo centro de atención primaria. Alaina no acudió a urgencias, sino que fue directamente a radiología. No tuvo que llevar una hoja de derivación en la mano, ni pasar por admisión, ni volver a explicar su caso a un enfermero y a un médico. Los resultados de la prueba volvieron a su médico de cabecera directamente por vía informática. Alaina estaba bien, no se había infectado.

Esto es lo que hubiese pasado con Alpha de haber tenido tarjeta sanitaria. No se le hubiese podido negar la prueba diagnóstica. El propio sistema público se habría ahorrado cuatro o cinco visitas al centro de salud y al hospital. Y lo más importante, hubiese tenido la posibilidad de seguimiento de su enfermedad por un único médico evitando que su caso fuese evaluado una y otra vez dependiendo del tiempo disponible del profesional para su atención, su buena voluntad o su cansancio.

Nuestro sistema de atención primaria basado en los médicos de cabecera es el pilar de la asistencia sanitaria española. Asegura un correcto seguimiento del paciente y protocolos claros e iguales para todos. Ahorra costes, sirve para la detección temprana de enfermedades y las previene. Además, hacía de nuestro sistema sanitario uno de los más eficientes: el séptimo en calidad de todo el mundo –según la OMS– con muy poca inversión. El Decreto Ley 16/2012 lo pone en peligro.

Urgencias no sirve para atender los problemas de salud de la población migrante. Pero además, es difícil cuantificar el ahorro que supone sacar a unos cientos de miles del sistema cuando esto puede provocar brotes de enfermedades que al final tendrá que acabar absorbiendo la sanidad pública.

El propio protocolo para el control de las enfermedades infectocontagiosas pierde efectividad, ya que tiene que hacerse un seguimiento de todas las personas que están en contacto con los enfermos para investigar un posible contagio, pero eso se controlaba a través de los médicos de cabecera. Todo este sistema se desmorona si una parte importante de la población no tiene tarjeta sanitaria.

El Govern Balear se apresuró a retirarla incluso antes de la entrada en vigor del real decreto. Unas 20.000 personas quedaron sin tarjeta en esta comunidad. Otras como Andalucía, Asturias, o País Vasco han desobedecido la ley. Pero el Tribunal Constitucional les ha dado la razón alegando que limitar el acceso a la sanidad para algunos colectivos puede afectar a “toda la sociedad” y que los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”. Sin embargo las decisiones del gobierno no se han visto afectadas por esta sentencia.

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–Si me llega la factura, qué voy a hacer –dice Kalidou cuando le preguntan por el compromiso de pago que firmó en urgencias. Se supone que el compromiso se firma porque luego el centro decide si es o no una urgencia y si no lo es envía la factura. Es un sistema bastante arbitrario porque no existe una definición clara de lo que es una urgencia y tampoco es algo que deba decidir un administrativo. De hecho, la facturación a inmigrantes, embarazadas e incluso niños –supuestos cubiertos por la ley– e incluso a españoles sin tarjeta sanitaria, era algo habitual en Baleares desde antes de la muerte de Alpha.

Médicos del Mundo lleva tiempo denunciándolo. En su sede hoy suenan los teléfonos. Alguien sale a repartir jeringuillas pero no encuentra compañero. Los sonidos se cuelan en la oficina de Paco Garrido, coordinador de la ONG en Baleares. Hay bastante ajetreo porque con los recortes y la exclusión de los migrantes, la entidad tiene que hacerse cargo de problemas que antes asistían la sanidad pública o los servicios sociales.

–Dos semanas antes de la muerte de Alpha nosotros nos habíamos reunido con el Conseller de Sanidad –Martí Sansaloni– y con el Presidente de la comunidad –Jose Ramón Bauzá– para informarles de más de 140 casos de vulneraciones de derechos, de los que muchos eran facturaciones indebidas. También de nuestra preocupación ante la posibilidad de rebrotes de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis por la dificultad de diagnosticar a las personas que quedaban excluidas de la atención.

Tras la muerte de Alpha, el Conseller negó que supiera de las facturaciones, a pesar de la rueda de prensa que Médicos de Mundo y otras ONG dieron antes de la reunión para hacer público su contenido.

Garrido muestra ahora facturas de los centros que a veces llegan a casa de los migrantes que acuden a urgencias. Como la de una enferma de cáncer a la que le llegó una por más de 22.000 euros. Pero también algunas emitidas a embarazadas y niños.

–El problema es una ley ambigua que dicen está pensada para evitar el turismo sanitario pero que genera barreras de acceso a los inmigrantes. En cada comunidad se aplica de una manera. En lugares como Madrid o Galicia se ha facturado sistemáticamente, en otras depende del momento. En Baleares no son casos puntuales o “errores” como declara el gobierno de la comunidad. Está normalizado. El Instituto Balear de la Salud desde hace muchos meses no da instrucciones escritas y firmadas a los responsables de admisión sobre cómo gestionar estas facturaciones –de urgencias, menores y embarazadas– porque saben que es ilegal. La facturación se hace para provocar un efecto disuasorio, para evitar que los inmigrantes acudan incluso a urgencias. Muchas personas desisten de ser atendidas por miedo a ser facturadas.

Para Garrido la solución está en devolver la tarjeta a los migrantes que residen en las islas.

–Cuesta más dinero quitar la tarjeta que mantenerla porque tratar a la gente en urgencias es más caro, además de que no están pensadas para eso y corres el riesgo de colapsarlas; las enfermedades crónicas se agravan y acaban necesitando hospitalización; la detección de enfermedades es más tardía, y multiplicas el efecto contagio, entre otros efectos adversos.

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¿Por qué se ha retirado la asistencia sanitaria a los migrantes sin papeles aunque la medida no supone un ahorro real? ¿Hacía falta cambiar el modelo desde la universalidad al del aseguramiento sólo para excluir a este colectivo?

Cuando los argumentos económicos no sirven, lo que queda es la naturalización. Cuesta acostumbrar a la ciudadanía a perder un derecho. Hay que hacerle sentir la excepcionalidad de la asistencia sanitaria. Ha de volverse habitual morir de enfermedades fácilmente curables para convencernos de que tiene que ser así, de que la salud debe ser únicamente el derecho de unos pocos. Sin embargo, ya hay más de 2.200 médicos que se han declarado objetores de conciencia y que están atendiendo a todo el mundo pese a las trabas burocráticas.

El cambio de modelo de la sanidad universal por el de “asegurados” es el paso previo a la privatización. La idea es introducirlo poco a poco para combatir resistencias.

En Baleares el gobierno autonómico del PP ha coqueteado con la idea y aunque durante la campaña electoral del 2011 se habló incluso de privatizar hospitales completos –como el de Inca– al final tuvieron que dar marcha atrás por presiones dentro de su propio partido y de sus bases. La estrategia ahora es hacerlo poco a poco. Primero vendieron todos los servicios no sanitarios de los hospitales incluidos los aparcamientos. El mayo pasado ya sacaron un concurso por valor de ocho millones de euros que van a ir directamente a la prestación de servicios sanitarios, desde consultas o geriátricos a operaciones y hospitalizaciones.

La gestión privada de la sanidad avanza en las autonomías del PP sobre todo en Madrid y Valencia. En Valencia se han adjudicado a la empresa privada los hospitales de nueva construcción, mientras que en Madrid se han privatizado centros completos no sin resistencia de los propios trabajadores y de los usuarios. De ahí la Marea Blanca, movimiento que lucha por la sanidad pública y que en una consulta popular realizada en Madrid consiguió el voto de casi un millón de personas. El resultado fue unánime: más del 99% estaba a favor de una sanidad universal y de gestión pública.

La justificación de las privatizaciones es otra vez, los motivos económicos. Dejando de lado las consideraciones éticas sobre si la salud debería regirse o no por este tipo de criterios, no hay ningún estudio que ratifique que la gestión privada es más barata que la pública. Por el contrario, las experiencias que se llevaron a cabo en Inglaterra durante fines de los 90 y los 2000 – y que constituyen la inspiración para nuestros gobernantes– han acabado con un aumento del gasto público en salud e incluso son la intervención del Estado para rescatar hospitales quebrados.

La ministra, Ana Mato, dice que “no podemos pagar la sanidad a todos los ciudadanos que vienen a España”. Sin embargo la sanidad se financia con impuestos indirectos no progresivos que también pagan los migrantes con o sin documentos: IVA o impuestos al tabaco, alcohol y gasolina. Con su ya conocida habilidad para malear el lenguaje, el gobierno habla de “déficit” del sistema público de salud y justifica los recortes y las exclusiones bajo el concepto de la “sostenibilidad”. Pero los presupuestos de sanidad se establecen mediante decreto. Es decir, no puede tener déficit a no ser que se adjudiquen menos recursos de los necesarios. Sin embargo España es uno de los países de la UE15 que menos dedica a salud. El presupuesto asignado es una cuestión política. El problema aquí es el de quién decide o cómo se decide en contra de los deseos de la mayoría. Es decir, el problema es el problema de la democracia.

El año pasado se recortaron 7.000 millones de euros en sanidad. Este año serán otros 3.000. Todo a instancias de la troika –Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que responde a los intereses del capital financiero muy feliz de poder entrar a un nuevo nicho de mercado tan rentable como el de la sanidad.

Estos recortes generan malas condiciones laborales, menos recursos y por tanto, peor atención y mayores listas de espera. La consecuencia a medio plazo: el progresivo abandono de la clase media que empieza a contratar seguros privados. Que la clase media –con mayor capacidad de movilización e influencia– abandone la sanidad, asegura una privatización sin resistencias.

Del lado de los ganadores de esta partida: gente de la casta de Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ahora es gestor de la empresa privada adjudicataria de los los análisis clínicos que él mismo privatizó. Este ejemplo ilustra el pasaje entre poder político y económico en los procesos privatizadores y a qué intereses responden las muertes que ya se están produciendo en España. Muertes como las de Alpha.

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El 22 de abril Kalidou volvió a casa después de un breve viaje. Dentro todavía estaba la sangre: sangre en el suelo, sangre en el sofá. Y los restos de la intervención médica de urgencia: gasas, papeles, jeringuillas y más sangre en ellos. La imagen de la muerte que no había presenciado se le hizo evidente. Así como los objetos del amigo están todavía en la casa y le acompañan cotidianamente, día a día.

Mientras Kalidou limpiaba, el médico forense cortaba, revisaba, analizaba, cosía y recomponía el cuerpo para llegar a una conclusión por fin. Al principio dudaba, buscaba indicios de otras enfermedades. Después, ante la evidencia, escribió en el informe:

“Causa definitiva de la muerte: asfixia por aspiración sanguínea masiva provocada por hemorragia pulmonar debido a tuberculosis no tratada”.