El Gobierno y Ceuta activan la maquinaria administrativa para intentar de nuevo devolver a los menores marroquíes

El Gobierno central y el de Ceuta pondrán en marcha la próxima semana la maquinaria administrativa para, por segunda vez, tratar de devolver a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma durante la crisis de mayo. Tras el intento de repatriarlos sin cumplir la legislación, frenado por la Justicia, ambos ejecutivos volverán a intentarlo a través de la “vía” que marca la Ley de Extranjería.

Dos semanas después de que Pedro Sánchez se comprometiese con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, a activar todos los recursos a su alcance para lograrlo, ambas administraciones prevén disponer de 31 trabajadores extra para estudiar cada expediente, contando con financiación de fondos europeos, aunque son muchas las dudas que pesan sobre el procedimiento.

El Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta ya ha contratado a doce trabajadores sociales a través de la bolsa de empleo abierta en 2014, así como a ocho intérpretes de dariya, el árabe dialectal que se habla en el norte de Marruecos, para empezar a elaborar sus estudios individuales sobre el interés superior de cada uno de los 539 niños del país vecino llegados en mayo que actualmente acoge. Las cifras de menores cambian “casi a diario” en los distintos espacios donde se encuentran alojados en condiciones de “absoluta precariedad”.

Disponer de esos informes es imprescindible para que la Delegación del Gobierno pueda incoar caso a caso los correspondientes expedientes de repatriación, algo para lo que también necesitará contar con informes emitidos por el Reino de Marruecos que detallen, entre otros datos, “los relativos a la filiación del menor y a las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen”. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras es la encargada de solicitar estos análisis al país vecino, un trámite que todavía no se ha llevado a cabo, según ha reconocido esta semana la delegada en Ceuta, Salvadora Mateos.

Para abordar la realización del “mucho papeleo” que, según ha advertido, queda por delante para devolver a los menores la Delegación del Gobierno prevé contar “cuanto antes” con 11 administrativos interinos suplementarios que saldrán de los aspirantes a las últimas oposiciones a la Administración General del Estado. Su misión será “hacerse cargo de la tramitación previa de los expedientes y, si procede, de la gestión de los retornos”, han precisado fuentes de la Delegación.

La tercera institución que deberá implicarse, la Fiscalía de Menores, ha recibido ya un fiscal de refuerzo para acelerar las pruebas de determinación de edad a los adolescentes no acompañados. Hasta ahora sólo se han efectuado a algo más de 400, menos de la mitad del total que se calcula que permanece en la ciudad.

Personal del Ministerio Público se reunió es lunes con representantes de la administración central y local. La Fiscalía no ha solicitado más refuerzos a la espera de conocer la “velocidad de crucero” que alcanza el proceso, ya que su intervención sólo será protagonista una vez que, en su caso, la Delegación pueda abrir los expedientes de retorno, que el Reglamento de Extranjería exige resolver en un máximo de seis meses.

A la hora de decidir si la devolución garantiza el interés superior del menor, el criterio de la Fiscalía, como todos los demás, no es vinculante. La resolución de cada expediente recae sobre la delegada del Gobierno en Ceuta -dependiente del Ministerio del Interior- pero, en cualquier caso, “debe adoptarla de forma motivada”, según subrayan las fuentes jurídicas consultadas.

“Muchas” son las dudas que todavía penden sobre la ejecución, aseguran fuentes vinculadas al proceso. La primera se refiere a la falta de “certeza” sobre si Marruecos colaborará con “repatriaciones” de menores que cumplan la legislación, pues el país vecino es a menudo reticente aceptar los procesos formales de devolución desde una ciudad de la que demanda la soberanía. El mismo Gobierno alauita 'culpó' en mayo a la UE de no facilitar la vuelta de sus chavales por “procedimientos” demasiado farragosos y garantistas.

En caso de que el país vecino coopere y sus autoridades envíen a la Oficina de Extranjería de Ceuta los dictámenes marroquíes, la Delegación podrá poner en marcha las repatriaciones si entiende que a la luz de sus informes y los del Área de Menores de la Ciudad “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen”.

Sin embargo, a tenor de las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, algunas organizaciones temen que la decisión esté tomada antes de iniciar el largo procedimiento exigido por la Ley. Esta semana, antes de empezar a analizar caso a caso, Mateos zanjó que todos los niños migrantes solos “deben estar con sus familias o asistidos por una entidad que los tutele, pero en su país”. Tras sus palabras, tres ONG han cuestionado “su capacidad para liderar y resolver con objetividad los expedientes”, para “garantizar una adecuada evaluación y determinación del interés superior de cada niño”. También han dudado de “su predisposición para desarrollar el procedimiento con todas las garantías”.

Más niños en la calle

No sólo eso. La Plafaforma de Infancia de España, Save The Children, Coordinadora de Barrios y otras diez entidades especializadas han alertado de que con manifestaciones públicas de esa naturaleza sólo se atiza “la huida de los centros de protección de centenares de niños y niñas frente a la amenaza de ser devueltos colectiva e irregularmente al país de origen”.

Ya ha sucedido. A finales de julio en todos los centros de acogida habilitados por la Ciudad había 746 menores marroquíes no acompañados bajo la guarda de la administración local, más de 200 por encima de los que se encuentran actualmente en la misma situación. Sin contar a los 55 expulsados a Marruecos, al menos 150 han optado por sobrevivir en la calle, donde organizaciones como Maakum y No Name Kitchen llevan el peso de las labores de acompañamiento y atención a falta de un servicio público especializado.

La Ciudad Autónoma prevé reactivar antes de que termine este mes el programa de trabajo con menores extranjeros solos que rechazan los recursos de protección de la Universidad de Málaga que entre 2018 y 2019 asistió sanitaria y psicológicamente a cientos y logró convencer a decenas para que aceptasen ingresar en centros o retornar con sus familias. A tal efecto el Ejecutivo local ha reservado 121.000 euros en sus presupuestos de este año, pero su restablecimiento siguen pendiente de la justificación de varios gastos menores del último convenio, flecos que se prevé resolver “en breve”.

Si los expedientes de repatriación se instruyen también habrá que dar audiencia a los menores (su opinión tiene que ser oída y argumentada en contra si se oponen al retorno, pero no es vinculante), ofrecerles asistencia letrada y, en su caso, designar defensores judiciales, responsabilidad que habitualmente recae en los letrados de guardia. Para prepararlos, La Merced Migraciones y Save The Children ya han ofrecido al Colegio de Abogados de Ceuta un programa formativo especializado, oferta que la corporación estudiará la próxima semana, pero que ha sido recibida de buen grado. La Fundación Raícs ha pedido a las administraciones implicadas que garanticen la asistencia letrada a los menores “a lo largo de todo el procedimiento”.