Gritar de alegría por ir al colegio: 160 niños en Melilla empiezan el curso tras años de lucha para ser escolarizados

Marwan tiene cuatro años y madruga más de lo normal. Este jueves es su primer día de clase y no quiere llegar tarde. Carga en la espalda una mochila nueva, con su primer cuaderno a estrenar y un estuche lleno de colores, mientras su madre lo acompaña de la mano, también nerviosa, porque un nuevo futuro se abre ante él, como lo hacen las puertas de su primer colegio.

Él no lo sabe, pero es un “afortunado” porque “solo” ha perdido un año de educación infantil. “Han sido años de lucha para conseguir que centenares de niños como mi hijo puedan ir al colegio en Melilla”, relata Asisa, su madre, quien comenzó a participar en las protestas ante la Dirección Provincial de Educación en la ciudad autónoma hace más de cinco años para apoyar la escolarización de su sobrino y la de centenares de menores que veían restringido su derecho a ir al colegio. 

El pasado lunes, la Dirección Provincial de Educación publicó el listado definitivo de admitidos y, para sorpresa de todas las familias afectadas, los 160 niños y niñas que inicialmente fueron rechazados por “falta de documentación” constaban como aceptados en diferentes escuelas públicas de la ciudad. Entre ellos, Marwan. “Cuando vi su nombre en la lista, no pude contener las lágrimas. Cuando llegué a casa del trabajo y le dije que iría al colegio, no dejó de gritar de alegría. Me preguntaba si le compraría colores y que cuántos amigos tendría”, explica Asisa emocionada.

“El lunes no dejamos de enviarnos mensajes por WhatsApp, de llamarnos dándonos la enhorabuena porque todo el esfuerzo había merecido la pena”, relata a elDiario.es José Palazón, presidente de la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein). La lucha por la escolarización de estos niños viene de lejos. Este activista por los derechos humanos ha estado al pie del cañón durante la última década para que la Administración cumpliera con un derecho básico como es la educación de los menores.

La raíz de la discriminación

Todos estos niños y niñas comparten un perfil determinado. Nacidos en Melilla, pertenecen a familias vulnerables que, en su mayoría, sobreviven de la economía sumergida con empleos precarios sin contrato ni alta en la Seguridad Social debido a la situación irregular de sus padres. Algunos de los progenitores también son melillenses, de ascendencia marroquí, que nunca consiguieron regularizar su documentación. Asisa llegó a Melilla recién nacida y ahora, con 35 años y sin ningún vínculo con su país de nacimiento, sigue tratando de regularizar sus papeles, problema que dejará en herencia a Marwan si no lo consigue y que, de hecho, ya ha afectado a su escolarización.

“Para matricular a mi hijo en un centro educativo público en Melilla, el niño y la familia deben estar empadronados en la ciudad, pero para empadronarse deben disponer de permiso de residencia y para contar con este permiso de residencia deben tener previamente el padrón. Es la pescadilla que se muerde la cola”, suspira Asisa. 

El año pasado el Ministerio de Educación añadió una segunda disposición con el fin de dotar a los afectados de una alternativa para la escolarización al margen del padrón y la residencia: “Se podrá acreditar a través de un certificado expedido por servicios sociales o aquel otro documento acordado por órganos competentes en admisión de alumnos”, rezaba la directriz. Sin embargo, relata Asisa, ella presentó numerosas facturas de su vivienda a su nombre, heredada de su padre ya fallecido, y nunca se las reconocieron como prueba de arraigo en la ciudad.

Por su parte, el director provincial del Ministerio de Educación en Melilla, Juan Ángel Berbel, niega que se trate de una medida discriminatoria y apunta que los casos que fueron rechazados en su día no cumplían con las disposiciones determinadas por el Ministerio, de ahí que no se admitieran entonces. Berbel hace hincapié en que se han admitido en esta ocasión porque toda la documentación aportada sí cumplía con la normativa vigente. Además, añade que a lo largo del curso espera admitir otros casos que siguen paralizados hasta que aporten todos los documentos necesarios, dado que el periodo de escolarización extraordinario se extiende durante el año académico.

La lucha sigue

“No se entiende que un país como España deje a niños sin ir al colegio”, critica Palazón, quien lamenta la pérdida de oportunidades que supone la falta de acceso a la educación para las tres generaciones de adolescentes que en estos tres últimos cursos no han podido matricularse. “No solo han hecho perder el tiempo de centenares de familias, sino que han destrozado la vida de muchos jóvenes a los que no han permitido acceder a la educación. ¿Qué pasa ahora con los adolescentes que en estos tres años han ido cumpliendo la mayoría de edad? Ya no pueden inscribirse en la Educación Obligatoria ni acceder a otro tipo de estudios sin este certificado”, denuncia. 

El presidente de Prodein critica que la única oportunidad de formarse para estas personas sean los cursos que ofrecen algunas ONG: “Son cursos de dudosa utilidad para estos jóvenes porque no están reglados, pero sí que permiten a determinadas ONG próximas al Ministerio hacerse con una suculenta subvención. Siempre pierden los mismos”.

Desde esta entidad seguirán vigilantes por los derechos de los menores de cara al próximo curso. Asisa también: “Hemos conseguido escolarizar a todos estos niños ahora, pero el curso que viene habrá que luchar por los menores de tres años que estén en la misma situación y vayan a empezar en Educación Infantil. La lucha no acaba aquí”.

Las familias afectadas cuentan con el apoyo de numerosas organizaciones que han alzado la voz este último año en contra de esta discriminación. El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, recordaba a inicios de este año que el derecho a la Educación “es un derecho fundamental, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas”. Ibarra recalca que “este derecho implica la obligación del Estado español de escolarizar a todo niño o niña que resida en territorio español garantizando una plaza escolar, sin que pueda ser cuestionado en ninguna circunstancia o limitado por problemas administrativos o documentales de sus familias”.

La Asociación de Abogados Extranjeristas es otra de las entidades que ha estado luchando por estos menores desde el principio. José Luis Rodríguez, integrante de esta organización, recuerda que reclamar el padrón y la residencia para la escolarización es ilegal porque “el artículo 9 de la Ley de Extranjería garantiza la escolarización de los menores al margen de la situación administrativa”. El mismo Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha emitido en los últimos tres años numerosos informes instando al Ministerio a escolarizar a estos menores, a los que se suman las resoluciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Para Palazón, resulta paradójico que el actual Gobierno socialista en la ciudad autónoma y en el Ejecutivo central hayan seguido la estela de su predecesor, el Partido Popular. “Lo peor de todo es que cada uno de los responsables no ha admitido su culpa y siguen enganchados a sus sillones cobrando lo suyo”, añade.

El PP, liderado en Melilla por Juan José Imbroda, ahora en la oposición en la Asamblea de Melilla, siempre ha mostrado su rechazo contra la escolarización de estos niños y niñas, omitiendo las resoluciones internacionales y la propia legislación española. Según los populares, su escolarización contribuye a un efecto llamada que puede derivar en la “marroquinización” de la ciudad autónoma y acabar con su españolidad.