Las 'cloacas' de la exclusión sanitaria en España en la actualidad, ocultas y casi imperceptibles para la mayoría de las personas, suelen tener un punto en común: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es la conclusión de un nuevo informe de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que ha reunido casos de denegación de acceso al sistema de salud público de inmigrantes con permiso de residencia y de españoles, en regiones incluso que aprobaron normas para devolver la “universalidad” a sus comunidades tras la reforma sanitaria de 2012. “Pero es que estos casos parten de la administración central, de la Seguridad Social”, denuncia Marta Pérez, portavoz del colectivo.
Con la reforma sanitaria de 2012, vía real decreto (el 16/2012), el Gobierno retiró las tarjetas sanitarias a cientos de miles de personas de un día para otro. “Lo que hizo fue más allá, cambió el modelo sanitario de uno universal a otro de seguro individual en el que tienes derechos según tu edad, tu situación laboral, tu residencia...”, explica la activista.
El colectivo más visible de los excluidos fueron los inmigrantes sin permiso de residencia: ellos solo podían acceder a los tratamientos públicos en ciertos supuestos (urgencias, enfermedades infecciosas, menores y embarazadas). Pero no fueron los únicos que se quedaron sin la tarjeta sanitaria y para los demás –menos visibles y en supuestos muy específicos– no había excepciones.
Los 'otros' excluidos son los ascendientes reagrupados por sus familiares (la mayoría ancianos), las personas con permisos de residencia por circunstancias excepcionales y sin trabajo, y muchos migrantes rumanos con permiso de residencia, entre otros grupos que destaca el informe de Yo Sí. El INSS (rebautizado como 'Instituto Nacional de Segregación Sanitaria' por el colectivo) centraliza la concesión de las tarjetas sanitarias y, al ser un organismo estatal, su actuación se deja notar también en las comunidades insumisas al decreto del Gobierno (como Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, entre otras) y las que decidieron ampliar las excepciones para inmigrantes irregulares con programas sociales (Galicia) e instruciones (Madrid).
“Hoy sigue habiendo exclusión sanitaria a nivel estatal, en comunidades con normas o instrucciones para evitarla, como en Madrid, Valencia o Jaén por ejemplo”, lamenta Marta Pérez. La Xunta de Galicia, por ejemplo, creó un sistema de protección para dar sanidad a inmigrantes en situación irregular y sin recursos (que justificaran más de seis meses de residencia) al que no se pueden adherir los migrantes con papeles. En la ley 'que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la comunidad valenciana' se menciona específicamente el supuesto de los inmigrantes sin papeles, pero no al resto de colectivos.
Quiénes siguen estando excluidos tras los “parches”
Yo Sí destaca que, aunque en la práctica algunos de estos grupos excluidos consigan ser atendidos por la sanidad pública, los “parches” de las normas y programas regionales no les incluyen muchas veces ni les garantizan la cobertura sanitaria sobre el papel. “Y ya hemos visto qué pasa en estos cuatro años de decreto, que acaba habiendo exclusión, errores y falta de información que dejan a personas sin atención sanitaria”, critica Marta Pérez.
En el caso de los ascendientes reagrupados, la justicia ha dado la razón a las familias que han recurrido a los tribunales y exigido la tarjeta sanitaria. En esta situación se han visto los padres de Flor, el padre de Annie, la madre de Claudia, y la suegra de Nuria. Ahora, además, la Seguridad Social notifica a Extranjería cuando ve un caso de este tipo para que revise los papeles de los afectados. Al padre de Flor, de 83 años, le han extinguido sus papeles. “Cuesta entender cómo se sigue denegando la tarjeta si hay varias sentencias, hasta en Tribunales Superiores de Justicia, que dicen que estas personas tienen derecho. No entendemos por qué hacen pasar a estas personas por un año de juicios para que al final les reconozcan que tenían derecho a la tarjeta”, continúa Pérez. Una de las últimas denuncias ganadas en los tribunales, este junio, fue presentada por la ONG Sos Racismo en Madrid.
Otros grupos, como los emigrantes españoles se ven privados de la sanidad europea cuando se mudan al extranjero más de 90 días sin un trabajo fijo. El INSS les deniega la tarjeta sanitaria europea y les concede el Certificado Provisional Sustitutorio, que solo les cubre la asistencia durante 90 días (lejos de los dos años del carnet europeo).
Sofía, madrileña de 25 años, acudió este mes al INSS para pedir la tarjeta comunitaria para viajar a Italia, donde pasará el verano. “Me dijeron que no tenía derecho porque mi contrato era temporal, no indefinido, y que solo podía acceder al certificado”, explica la joven a este medio.
Aunque si los españoles regresan a España puedes recuperar su tarjeta acudiendo al INSS, Yo Sí ha documentado casos de intentos de cobro en el médico cuando vienen solo de visita.
Yo Sí enfoca su denuncia contra la exclusión sanitaria en este organismo de la Seguridad Social, que sigue las órdenes del gobierno central, para evidenciar que “los parches” no acaban con las diferentes situaciones de exclusión que provocó el Ejecutivo de Rajoy con su reforma en 2012. El Gobierno se desdijo en marzo de 2015 respecto a los inmigrantes sin permiso de residencia, a los que decía que permitiría el acceso a la atención primaria pero no a la tarjeta. No ha creado aún el documento prometido para ellos.
Del resto de excluidos, con papeles y españoles, el Gobierno no se pronuncia. “Lo único que puede acabar con estas exclusiones es la derogación del decreto”, repiten en el colectivo a favor de la sanidad universal.