Víctor Walteros, colombiano de 80 años, vive en España de manera regularizada mediante un permiso por reagrupación familiar. Su hija Annie, tras cinco años de residencia en el país, consiguió que el Estado facilitase los papeles a su padre, enfermo de EPOC y ligado a una máquina de oxígeno para poder vivir. Sin embargo, su vida quedó pendiente de un hilo al llegar a España. Gracias a la reforma sanitaria de 2012, la Seguridad Social le negaba el acceso a la sanidad pública porque nunca había cotizado. Por otro lado, ninguna empresa privada quiere asegurarle. “Sus derechos mínimos de vida están siendo vulnerados. En Europa, que no hablamos de un país del Tercer Mundo”, lamenta su hija.
Annie Walteros lo tiene claro, si en Extranjería le hubieran advertido de los problemas y los trámites interminables que soportaría por reunirse con su padre, no habría solicitado la reagrupación familiar. “Pero no lo hicieron”, afirma. Cuando se presentó con su carpeta enorme de papeles, nadie le contó que el Gobierno había aprobado una reforma sanitaria que negaba el acceso de su padre al Sistema Nacional de Salud (SNS). Una negativa que una vez pisó tierra no para de escuchar en oficinas de la Seguridad Social, teléfonos de atención al ciudadano y del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. “Yo no autoricé la repatriación. Fue el Estado Español el que la aprobó”, recuerda.
Víctor, al igual que la madre de Silvina Graff y que Lourdes, no tienen derecho a la tarjeta sanitaria. En la Seguridad Social les niegan el documento porque no se encuentran en ninguno de los supuestos para ser asegurados o beneficiarios de la sanidad pública. Nunca han cotizado en España y el INSS –el órgano encargado de conceder las tarjetas– no permite que los inmigrantes que han obtenido sus papeles después del 24 de abril de 2012 (fecha de publicación del real decreto 13/2012) puedan acogerse a la opción de asegurados por mínimo de ingresos, que sí tienen los españoles que se encuentran en la misma situación.
Los 'seguros públicos' para personas sin derecho a la atención que diseñó el equipo de la ministra Ana Mato (de entre 60 y unos 150 euros al mes) tampoco le sirven. “Para conseguir esos convenios debes estar un mínimo de un año empeadronado aquí, en España”, dice Annie. Sus palabras se atropellan unas a otras de pura impotencia: ¿Qué hago un año sin oxígeno para él? ¡Si es que mi padre no puede durar ni cinco horas sin oxígeno!“, critica.
El problema se agrava porque no hay alternativa. Annie Walteros, a pesar de que se encuentra en una situación económica precaria, se vio obligada a preguntar los precios de varias aseguradoras privadas. Su sorpresa y desesperación llegaron al límite al comprobar que ni siquiera pagar era una opción porque los seguros no le daban cotización. “Esto es un negocio donde él no tiene cabida”, dice su hija. “Esto es algo muy grave. Tengo una persona de 80 años, enferma crónica, que no tiene sanidad pública ni privada”, denuncia.
Sanidad calla ante la indefensión
El vacío legal al que se enfrentan estas personas no encuentra una respuesta en las administraciones sanitarias responsables. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no ha respondido sobre estos casos. Tampoco el ministerio dirigido por Ana Mato quiere pronunciarse sobre los ascendientes reagrupados. Se limitan al discurso oficial: “La ley garantiza la atención a todo el mundo”, afirma una portavoz.
En cambio, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sí señalan un responsable de estas denegaciones: el real decreto 16/2012. “Nosotros nos ceñimos al marco normativo vigente. Si la norma dijese que los familiares reagrupados tienen derecho a la tarjeta sanitaria, se la concederíamos. No lo hacemos porque no lo permite la ley”, explica un portavoz del ministerio.
Algunos tribunales cuestionan si las oficinas de la Seguridad Social están interpretando bien la ley. La abogada Laia Costa Gay dirigió la defensa de una mujer reagrupada a la que la Seguridad Social negaba la tarjeta sanitaria en Cataluña. Y ganaron. “Una instrucción del INSS no puede interpretar una ley. Su instrucción carece de validez legal. Además, otra sentencia, de Burgos, señaló otro aspecto importante: el instituto no es nadie para cuestionar la actuación de Extranjería”, resumía a eldiario.es la magistrada. En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social recuerdan que “hay casos recurridos y que en otras ocasiones han obtenido una sentencia favorable para la Administración”.
Víctor mira a su hija hablar con respeto. Sentado en una silla y con el cable del oxígeno que le permite vivir, escucha con atención cada palabra de Annie. La máquina ha sido conseguida gracias a la intermediación de Médicos del Mundo. Cuando ya no tenía esperanza, acudió a la ONG como “última oportunidad”. Allí consiguieron un permiso temporal de atención, sorteando los límites del marco legal vigente.
Además, la familia paga el 100% del coste de los medicamentos. Solo uno de los tres inhaladores que utiliza diariamente cuesta 90 euros. “Tenemos suerte”, dice Annie, porque han podido permitirse este gasto a pesar de que perdió su empleo cuando tuvo a sus hijas, de nueve meses. Pero la mujer piensa en todas aquellas personas que no han tenido sus oportunidades. “Me siento atropellada. Están jugando con la vida de muchas personas”, condena.