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Interior activa el sistema para dar papeles “en 24 horas” a los refugiados por la guerra en Ucrania

Llegada de los refugiados ucranianos a València.

Gabriela Sánchez

9 de marzo de 2022 21:25 h

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Los refugiados que lleguen a España por la invasión rusa podrán tramitar sus permisos de residencia y trabajo a partir de este jueves en los centros de acogida y en comisarías específicas del territorio español. Tras el pacto europeo para garantizar la acogida a los desplazados por la guerra de Ucrania, el Gobierno ha activado un sistema inédito para que estos puedan tramitar de forma exprés la protección temporal, según ha anunciado el Ministerio del Interior en un comunicado. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska asegura que resolverá las peticiones en 24 horas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han firmado este miércoles la orden por la que se desarrolla un procedimiento “ágil y sencillo” para el reconocimiento de la protección temporal, la figura activada por los países miembros de la UE para asegurar la acogida inmediata de quienes huyan de la guerra ucraniana sin saturar los sistema de asilo estatales. La directriz establece que los permisos de residencia y trabajo para los desplazados de Ucrania “se podrán solicitar desde comisarías específicas de la Policía Nacional en todo el territorio así como en los centros de recepción habilitados”.

Además de las personas que han llegado a España tras el inicio de la invasión rusa, podrán tramitar sus permisos a través de este procedimiento los ucranianos que viviesen en el país sin papeles, según Interior.

Los solicitantes podrán acudir a “puntos habilitados” donde funcionarios de la Policía Nacional “tomarán sus datos identificativos y otros elementos”, con el objetivo de registrarles y descartar la existencia de antecedentes penales graves. Tras la realización del trámite, que contará con la asistencia de intérpretes, se expedirá a los desplazados un resguardo acreditativo de su solicitud de protección, que ya incluirá la asignación de un Número de Identificación Extranjero (INE).

Interior asegura que la solicitud será tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio y “será resuelta en el plazo máximo de 24 horas”. La resolución incluirá la autorización de residencia y, en el caso de los solicitantes mayores de edad, de trabajo. La respuesta será notificada al solicitante de forma electrónica “siempre que fuera posible, de forma postal o por comparecencia personal ante comisarías u oficinas de extranjeros”.

La rapidez con la que el Gobierno promete responder a las solicitudes es inédita y choca con las habituales esperas de los demandantes de petición internacional o la realización de casi cualquier gestión de extranjería. Solo conseguir una cita para formalizar una petición de asilo o cumplir un trámite como la toma de huellas suele ser una tarea tan difícil que hasta ha derivado en un negocio paralelo de compra-venta de citas. Las respuesta de las demandas de protección internacional, tramitadas también por la Oficina de Asilo y Refugio, suele conllevar una espera de hasta dos años.

El Ministerio afirma que la protección temporal podrá ser denegada, entre otros motivos, en caso de que se compruebe que el solicitante, a través del cotejo de los datos con los registros de antecedentes penales y con las bases de datos de cooperación policial internacional, “pueda suponer un riesgo para la seguridad nacional”. Este medio ha preguntado al Ministerio por el listado de espacios activados para tramitar estos permisos, pero por el momento no ha recibido respuesta.

El Gobierno español ha decidido ir más allá de lo establecido por el pacto europeo para garantizar la acogida a los refugiados por la invasión rusa. El Consejo de Ministros pactó este martes regularizar a todos los ucranianos que viviesen en España antes del conflicto armado, dado que no pueden regresar a su país. También garantizará los permisos temporales de residencia y trabajo a las personas de terceros países que residiesen de forma legal en Ucrania cuando estalló el conflicto, independientemente de la duración de su autorización.

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