Interior impide a cientos de extranjeros que huyen de Ucrania pedir la protección temporal que se les prometió

Apenas habían pasado dos semanas del inicio de la invasión rusa y cinco días de la aprobación de la normativa europea que permitiría acoger de forma rápida a los refugiados de Ucrania cuando el Gobierno español anunció que iría más allá. Tras considerar que “las consecuencias de la guerra afectan a otras muchas personas”, el Ejecutivo hizo gala de haber acordado “ampliar el ámbito de aplicación” de la directiva comunitaria y conceder la protección temporal inmediata no solo a los ucranianos, sino también a los residentes legales en el país en conflicto, sin importar la duración de sus permisos. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) corrió a aplaudir la iniciativa del Ejecutivo español de conceder también a los residentes extranjeros en Ucrania este tipo de protección, que conlleva permisos automáticos de residencia y trabajo. “La respuesta del Gobierno está siendo muy positiva porque no solo protege a ucranianos, sino también a otras personas que huyen de Ucrania y necesitan protección”, decía a mediados de marzo Sophie Muller, representante de Acnur en España.

Tres meses después, Muller muestra su preocupación ante el incumplimiento parcial de esta promesa. Los equipos de la agencia de la ONU, que vigilan que se cumplan todas las garantías en los centros de referencia para refugiados de Ucrania, confirman que cada vez les llegan más casos de ciudadanos extranjeros residentes en Ucrania a los que la Policía Nacional impide solicitar la protección temporal por no ser ucranianos o no ser familiares de una persona de esta nacionalidad. Aunque no es posible conocer la cifra exacta, al no quedar registrados, Acnur calcula que se trata de “cientos” de afectados. 

Además de la agencia de la ONU, las principales organizaciones que gestionan los centros de referencia para recibir y documentar a los refugiados de Ucrania (CREADE) confirman a elDiario.es el bloqueo al que se está enfrentando un número indeterminado de ciudadanos no ucranianos huidos de la invasión rusa. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Cruz Roja y Accem han tenido constancia de decenas de personas de distintas nacionalidades a las que, cuando acuden a pedir su permiso de protección temporal, los agentes de los centros especializados o de las comisarías habilitadas para documentar a quienes huyen de la invasión rusa rechazan registrar su petición, según explican portavoces de Acnur y de las tres entidades a elDiario.es. El resultado: estas personas no acceden al procedimiento, no pueden ni formalizar su solicitud, por lo que no queda constancia alguna de su rechazo. 

Fuentes de Interior niegan que este tipo de situaciones sean un “problema sistémico”, más allá de lo que considera “casos puntuales” que, según dicen, “puedan ser subsanados”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska asegura que ha concedido la protección temporal a 6.862 refugiados que no son nacionales ucranianos. No obstante, sus cifras no distinguen entre cuántos son familiares de ucranianos y cuántos no. Tampoco detallan la evolución de la concesión de estos permisos: las organizaciones denuncian que, mientras en un principio Interior sí otorgaba esta autorización de manera automática a los ciudadanos de terceros países exiliados de Ucrania, unas semanas después empezaron los problemas.

El limbo

Joseph, de nacionalidad nigeriana, es uno de los afectados. El joven de 25 años vivía en Ucrania desde 2020. Allí, en la ciudad de Zaporiyia, estudiaba Ingeniería Informática, donde compaginaba su formación con un trabajo en un servicio de atención al cliente, hasta que la guerra interrumpió sus muchos planes de futuro. Decidió viajar a España, donde no conoce a nadie, porque le hablaron del anuncio del Gobierno español. Supo que extranjeros como él, con permiso de estudiante, podían encontrar protección en España tras su huida de la invasión rusa. Llegó a Euskadi el 4 de abril. Aún no lo ha conseguido. 

“Me decían que España era la mejor opción, que a los residentes extranjeros les daban la documentación y permisos de trabajo temporal, pero la realidad que me he encontrado aquí es muy diferente”, cuenta Joseph desde Bilbao, donde vive acogido en un albergue gestionado por CEAR. El nigeriano, cuya tarjeta de residencia en Ucrania estaba vigente hasta mayo de este año, ha intentado solicitar protección temporal en dos comisarías distintas de España. 

El primer día, el pasado 27 de abril, acudió a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao, donde tenía una cita específica para solicitar protección temporal por la guerra de Ucrania, según la documentación aportada a este medio. “Me dijeron que, como no era ucraniano, no podía pedirlo”, lamenta el joven. 

Quiso pensar que se trataba de un error “puntual”, como defiende Interior, por lo que probó suerte en otra localidad. El 24 de mayo se desplazó, también con cita previa, a la comisaría de Miranda del Ebro (Burgos). Tampoco: “La Policía me dijo que no podía pedir protección temporal, que tenía que volver a Nigeria, pero yo no puedo volver a mi país”, dice Joseph. Después de haber conseguido un visado de estudiante desde Nigeria a Ucrania donde, cuenta, tenía una “buena vida”, ahora teme que todos sus esfuerzos se desvanezcan. “Tengo miedo de qué va a pasar. Espero poder empezar de nuevo aquí, conseguir un trabajo… No tengo un lugar a donde ir, en Nigeria tengo muchos problemas”, añade el nigeriano. 

Fuentes de Acnur calculan que, entre los casos detectados por sus equipos y los trasladados por otras organizaciones, hay “cientos” de personas huidas de Ucrania en una situación similar a la de Joseph. “Nuestro personal presente en los CREADE [los centros de refugiados de Ucrania] está teniendo conocimiento de que hay personas de diferentes nacionalidades que provienen de Ucrania que no encuentran acceso a la petición de protección temporal”, dice la representante de la Agencia de la ONU en España.

La responsable del área jurídica de CEAR, Paloma Favieres, asegura haber detectado solo desde su organización “entre 40 y 50 casos”. “Al principio, aceptaban estos casos sin problemas. Y, de pronto, en los CREADE [los centros específicos para la crisis de Ucrania], el lugar donde podemos medir mejor el pulso de lo que estaba pasando, empiezan a alertar desde distintas organizaciones que los nacionales de terceros países no están accediendo a la protección temporal”, explica la abogada. En un primer momento, cuenta, detectó que se estaba impidiendo el acceso a estos ciudadanos en todos los centros de referencia excepto en el de Málaga.

“Hubo un tiempo en que en Málaga era posible, y muchos ciudadanos no ucranianos se desplazaban allí. Hasta que el CREADE de Málaga recibe una instrucción verbal de que los nacionales de terceros países no pueden obtener la protección temporal”, explica la letrada de CEAR, organización que gestiona la acogida en el centro malagueño. “La Policía considera ahora que, si es de otro país, puede volver a ese país o puede pedir protección internacional. Pero esa valoración no le corresponde a la Policía Nacional”, sostiene Favieres. Interior niega haber emitido una instrucción en este sentido.

Tras una primera negativa en el centro para refugiados de Ucrania de Barcelona, a Mohamed le recomendaron intentar pedir su documentación en Málaga. El argelino tampoco lo logró. “Me dijeron que no podía acceder al procedimiento de protección temporal –la vía rápida creada para refugiados de Ucrania–, porque consideraban que mi país era seguro. La única opción que me dieron es que podía pedir protección internacional en otra comisaría”, explica el joven desde Alemania, a donde se ha mudado de forma temporal porque le ha surgido un trabajo esporádico. Pero allí no puede quedarse. El procedimiento de protección internacional se encuentra colapsado, con largas espera para tan solo conseguir una cita que permita acceder al sistema. “Yo quería ir a España porque sé español, conozco gente, era mi mejor opción y me dijeron que aquí encontraría protección. Pero cuando comprobaron mis documentos y me dijeron que no, no me lo podía creer”, dice el joven, quien estudiaba ruso en Kiev desde junio de 2021. 

Piden un protocolo

Acnur ha “mostrado su preocupación” al Ministerio del Interior en diversas reuniones y correos electrónicos, confirma Muller. Aunque el Gobierno no lo había especificado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 8 de marzo, la orden ministerial que regulaba la protección temporal activada para los refugiados de Ucrania establece que los residentes de terceros países –que no fueran familiares de ucranianos– podían obtener estos permisos especiales siempre que “no puedan regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas”.

Pero estudiar este requisito de forma individualizada, dicen las entidades consultadas, no puede hacerse con la rapidez que prometía la protección temporal. La representante de la Agencia de la ONU en España considera que se debe habilitar un protocolo “distinto” para tramitar las peticiones de protección temporal de los nacionales de terceros países, por el cual se “interrumpa la automatización” del proceso para que la Oficina de Asilo estudie estos casos de forma individualizada para determinar si pueden o no pueden regresar a su país de origen.

“He pedido otra vez al Ministerio del Interior si nos puede decir cuál es el protocolo. Porque estamos frente a una posición cada vez menos clara. Vemos que para algunos hay una respuesta y para otros no. No hemos recibido una posición oficial de cómo hacerlo”, cuestiona Muller. CEAR, Cruz Roja y Accem afirman haber trasladado al Ministerio del Interior en diversas reuniones su preocupación por este colectivo y posibles soluciones. 

“Trasladamos la situación a Interior, pero nos dicen que es un problema complicado. Nuestra propuesta no es que leds den la protección temporal automáticamente. El acuerdo establece que deben demostrar que no tienen una situación segura y duradera en sus países de origen, por lo que merecen acceder al procedimiento y que la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior, tras un estudio individualizado de cada caso, decida si le corresponde acceder o no a estos permisos”, sostiene la abogada de Cear, organización que ha presentado dos quejas ante el Defensor del Pueblo en relación a estos casos. La asociación Diaconía también asegura haber registrado una reclamación ante el CREADE de Barcelona, reenviada a los ministerios de Interior e Inclusión, en la que recoge la negativa del personal policial del centro a recoger la petición de protección temporal de un ciudadano eritreo y otro palestino.

Mohamed muestra varios partes médicos para demostrar la razón por la que, dice, no puede volver a su país. Sufre de epilepsia, su familia no acepta su enfermedad ni en Argelia puede tratarla como necesita. Pero aquí, por ahora, no ha encontrado la estabilidad después de haber estado tan cerca de alcanzarla en Ucrania: “Es complicado. Ahora no estoy protegido. Necesito estar documentado. Solo quiero una vida normal. Solo quiero vivir como cualquiera, como ya hacía en Kiev”, dice el argelino.