Diez internos se escapan del CIE de Madrid

Diez personas encerradas en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche se han escapado durante la mañana de este martes desde una ventana descolgándose por varias sábanas atadas entre sí, según ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.30 horas de este martes. Los internos aprovecharon un descanso tras el recuento matutino, cuando se estaba dando el desayuno, para descolgarse con las sábanas previamente enrrolladas y con una botella de agua en el borde para hacer de contrapeso.

Una vez en el patio, han saltado la valla perimetral para llegar al a calle y han huido a la carrera. La Policía Nacional, que custodia las instalaciones, ha detenido a tres de los internos huidos y están pendientes de un cuarto, han indicado las mismas fuentes. De momento, no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido.

No es la primera vez que un grupo de internos trata de huir de los CIE. En agosto del año pasado, otras 17 personas se escaparon del centro de Aluche. “Escaparse es una respuesta desesperada de gente que ya viene a España desesperada. Acaban de llegar de la patera, se han jugado la vida en el mar y, tras la alegría de llegar, son encerradas. Saben que otros se quedan en libertad, no sabemos cuál es el criterio, lo que aumenta su ansiedad”, sostuvo una voluntaria de la ONG Karibu a eldiario.es.

Los CIE son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular, lo que supone una infracción administrativa, no un delito. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

Las condiciones en las que son encerrados los inmigrantes en los CIE llevan años siendo denunciadas por las organizaciones de derechos humanos, que han reclamado en reiteradas ocasiones el cierre de estos centros, al entender que la propia privación de libertad por una infracción administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.

En los últimos años, los colectivos sociales que trabajan para garantizar los derechos de los migrantes en estos centros han documentado malos tratos, intimidaciones verbales o agresiones físicas, basadas en las quejas de los internos, por parte de los agentes que custodian las dependencias.

Son varias las voces que han criticado las condiciones materiales de estos centros, que han calificado como “peores que en las cárceles”, y han documentado hacinamiento, incomunicación, indefensión legal de los internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente o de intérprete.

Este lunes, la Fiscalía indicaba en su última memoria anual que “la infraestructura y dotación del centro” de Aluche “no son las idóneas para acoger a un número tan importante de personas”, y reclama “instalaciones amplías adecuadas a las necesidades de los internos, para garantizar adecuadamente sus derechos y bienestar”. Asimismo, aprecia “un deterioro progresivo del Centro derivado del uso y la constante afluencia de personas”.