Jerusalén Este bajo el cerco israelí

A las 4 de la tarde todo parece tranquilo en la arteria que separa el barrio árabe de Yabel al Mukaber del judío Armón Hanatziv, en el lado oriental de Jerusalén. Hassan está sentado, fusil en mano, bajo un muro donde la policía de fronteras (Magav) ha levantado un puesto de control improvisado, coronado por una enorme bandera israelí.

“Aquí vivían varios palestinos que han perpetrado ataques en el oeste. Es un barrio conflictivo”, señala en árabe este policía de origen beduino (la policía de fronteras es un cuerpo especialmente popular entre las minorías de drusos y beduinos de Israel que deciden formar parte de sus fuerzas de seguridad).

Como Hassan, cientos de agentes han sido desplegados en el este de la ciudad, en Cisjordania y en Israel para brindar apoyo a la Policía local y al Ejército tras la ola de violencia desatada el 1 de octubre con el asesinato, a manos de una célula de Hamás, de una pareja de colonos judíos cerca de la ciudad cisjordana de Nablus.

“De este barrio han salido 3 ó 4 jóvenes que sí han efectuado ataques, pero aquí viven unas 30.000 personas. Pagamos todos por unos pocos”, se queja Hussein Daoud, un palestino sexagenario dueño de una pequeña ferretería sita justo enfrente del control israelí y al lado de un nuevo muro -de unos 30 metros de largo y casi cuatro de alto- que el Ayuntamiento ha comenzado a construir para aislar los barrios árabes de Yaber al Mukaber y Sur Baher de otro colindante habitado mayoritariamente por judíos.

“El objetivo es prevenir el lanzamiento de piedras y cócteles molotov a las viviendas de la calle Meir Nakar (dentro del distrito de Armón Hanatziv)”, declaró esta semana una portavoz de la policía israelí tras el incremento de estos incidentes en las últimas semanas y poco antes de que el consistorio decidiera congelar temporalmente la ampliación de esta nueva barrera tras las quejas presentadas por varias organizaciones de derechos humanos, que criticaron la medida como “castigo colectivo que violaba los derechos de los residentes árabes respetuosos con la ley”.

Hassan asegura que hasta hace dos meses en Yabel al Mukaber no había problemas, que los judíos del barrio Armón Hanatziv siempre han bajado a comprar a su tienda. “Las cosas han cambiado”, asegura.

“Lo que ocurre desde Jenin (norte de Cisjordania) hasta Rafah (sur de la Franja de Gaza), está sobre todo relacionado con las restricciones de acceso en la mezquita de Al Aqsa para los musulmanes, mientras el gobierno permite la entrada de judíos extremistas y fanáticos que además llegan protegidos por la policía”, añade el ferretero.

A unos pocos metros, sentados sobre los cubos de hormigón que sellan uno de los accesos a Yabel al Mukaber, flanqueado a la derecha por el muro de reciente construcción, Bilal Abu Yamal bromea con su amigo Ahmed. “¿Les ves?”, dice Hussein. “Ellos se rebelan porque no tienen futuro. A los jóvenes aquí les tratan mal. El problema no solo es Al Aqsa, es la pesadilla diaria a la que se enfrentan”, explica este palestino.

Según un informe elaborado este año por la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ACRI) tres cuartas partes de los 300.200 palestinos residentes en el Este de Jerusalén, zona ocupada por Israel desde 1967, viven bajo el umbral de la pobreza (el 83.9% de ellos niños). A la pobreza se suma la falta de inversión municipal por parte del ayuntamiento de Jerusalén y las demoliciones de viviendas (un centenar solo en 2014).

Una palestina muerta durante su retención

“Son demasiadas cosas y son muy jóvenes. Como tales, se rebelan”, asevera Hussein. Este palestino opina que las cosas han empeorado aún más en los últimos días tras la decisión del gobierno israelí de levantar decenas de controles y checkpoints en los accesos a los barrios palestinos de la ciudad como fórmula para frenar la espiral de violencia.

“En esta zona hay unos 8000 estudiantes y muchos tienen problemas para ir al colegio, la gente se queda atascada en los controles para ir al médico y ahora encima nos construyen otro muro”, se lamenta Daoud.

Varios dirigentes del gobierno israelí han asegurado que las barreras y los bloques de hormigón colocados en los accesos a los vecindarios árabes jerosolimitanos son provisionales, pero que permanecerán “todo el tiempo que sea necesario”, hasta que se restablezca la calma.

Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch (HRW) denunciaban este jueves que estos controles “pueden violar los derechos a la salud”. No es para menos. Esta semana falleció una palestina de 65 años con problemas respiratorios –tras inhalar gases lacrimógenos lanzados cerca de su casa– en el barrio árabe de Issawiya mientras el vehículo en el que viajaba de camino al hospital fue retenido durante 45 minutos en el único acceso abierto de la ciudad.

Detenciones como ajustes de cuentas

Bilal y Ahmed continúan con su charla. De pronto, su semblante cambia y callan. A pocos metros del puesto improvisado donde se encuentra Hassan, el policía de fronteras beduino, aparece un vehículo blindado del Magav, se para y de él se apea una patrulla de agentes armados con fusiles M-16 y equipamiento antidisturbios.

En silencio sortean los bloques de hormigón sobre los que se están sentados los dos jóvenes amigos palestinos y se adentran en el barrio de Yabel al Mukaber por una calle de la derecha, bajando en dos filas por la empinada ladera. Apenas diez minutos después reaparece la patrulla empujando a un hombre palestino con las manos esposadas detrás de la espalda.

“Se llevan a uno de los hermanos de Uday”, apunta Bilal refiriéndose a su pariente Uday Abu Yamal, uno de los autores del brutal atentado acaecido en noviembre de 2014 en una sinagoga de Har Nof en que murieron cuatro rabinos y un agente de policía.

“Están aprovechando esta situación de crisis para hacer un ajuste de cuentas. Han detenido a dos de sus hermanos y también demolieron hace poco su vivienda familiar”, explica Bilal.

Según las estadísticas compiladas por la organización de apoyo a los presos Adameer, durante estas últimas tres semanas las fuerzas de seguridad israelíes han arrestado a casi 900 palestinos (medio centenar en Cisjordania y el resto dentro de Jerusalén e Israel), de los que 120 serían menores de edad. Una cifra alarmante, según esta organización, que aumentará en las próximas semanas tal y como anunció el director interino de la Policía Nacional israelí, Bentzi Sau.

“Los arrestos han hecho que los lanzamientos de piedras y de cócteles molotov se hayan reducido de forma importante”, se jactó Sau en una conferencia de prensa celebrada en Jerusalén el pasado día 20. De acuerdo a los datos de Addameer el número de presos palestinos detenidos en cárceles israelíes supera ya los 6.200 y, al ritmo de detenciones actual, esta cifra podría acercarse en breve a los 7000.

Detenciones que podrían terminar con penas de entre 4 y 20 años de cárcel en caso de “lanzar piedras con intención de causar daños humanos o materiales”, de salir adelante la enmienda que tramita la comisión constitucional de la Knéset (Parlamento) a la legislación actual. Además, según se recoge en esta modificación, los padres de todos aquellos menores autores del lanzamiento de piedras podrían asumir multas que ascenderían hasta los 10.000 shequels (unos 2.400 €).

Atardece en Yabel al Mukaber y Hussein Daoud empieza a cerrar su pequeña ferretería “Hoy no he tenido ni un cliente”, se lamenta. Enfrente continúa Hassan, el policía beduino israelí del control colocado al otro lado de la calle, quien también cuenta las horas para terminar su turno y poder marcharse a casa. Bilal y Ahmed también se marchan, adentrándose en las calles de su barrio. Mañana será otro día. Probablemente con más detenciones, más controles y quién sabe si con nuevos muros.