La Justicia estudiará si hubo colaboradores dentro del Gobierno central en la expulsión ilegal de niños marroquíes desde Ceuta

La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado reabrir la instrucción de la causa sobre la deportación de 55 menores marroquíes, en una operación que incumplió el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería, en agosto de 2021, tras la llegada de alrededor de 10.000 migrantes durante la crisis diplomática hispano-marroquí. La Justicia, que procesó a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos (PSOE), y a la exvicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu (PP), ofrece la posibilidad de aportar un listado de llamadas y mensajes intercambiados entre su equipo y personal del Gobierno central, para estudiar si las dos encausadas contaron con la colaboración del Ejecutivo de Pedro Sánchez para expulsar a los niños.

Así, la Justicia ha estimado parcialmente un recurso de apelación de la acusación popular, la Red Española de Inmigración, para explorar si Mateos y Deud, sobre las que ya se ha ordenado la apertura de juicio oral, tuvieron colaboradores desde la Vicepresidencia Primera y los ministerios de Interior, Derechos Sociales y Asuntos Exteriores en la operación de retorno.

La Sala ha ordenado que se inste a Deu a aportar si quiere “los listados de llamadas con su duración y los mensajes intercambiados a través de aplicaciones de telefonía móvil con personas que actuaban por cuenta de la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España y sus ministerios de Interior, Derechos Sociales y Agenda 2030 y Asuntos Exteriores”.

La exconsejera de Presidencia de Vivas, que no entró en la lista del PP para las municipales de mayo tras su procesamiento, aseguró en septiembre del año pasado como investigada que entre mayo de 2021 y agosto de ese mismo año habló casi “a diario” con representantes del Ejecutivo de Sánchez, sobre todo con la entonces jefa de Gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres.

Mabel Deu también se reunió en Madrid con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para impulsar la devolución de los menores.

Ni la Fiscalía ni la jueza de instrucción atisbaron la posibilidad de extender la exigencia de responsabilidades más allá de Mateos y Deu, que se enfrentan a peticiones de hasta 15 años de inhabilitación absoluta y la “pérdida de los honores” asociados a sus cargos. La Audiencia, sin embargo, no opina lo mismo.

“No tenía razón de ser limitar las indagaciones a otros posibles responsables penales por haber cooperado o colaborado de una u otra forma con las dos investigadas para la realización de los hechos inicialmente comunicados a la autoridad judicial y, más en concreto, si los mismos se encontrarían dentro del círculo del Gobierno de España”, advierte el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es.

Para la Audiencia “las indagaciones propias de la instrucción no debían limitarse forzosamente a la conducta que hubieran llevado a cabo las personas a las que directamente se atribuyó la condición de investigadas desde que se incoó la causa. Habría de tratar de esclarecer si hubiera otros posibles responsables, no por diferentes posibles actuaciones, eventualmente conexas o no, sino por cooperar o colaborar con ellas en las que realizaron en concreto las mismas, y quiénes podrían ser”.

A ojos de la Sala, “investigándose una repatriación de menores que se habrían llevado a cabo fuera de los cauces legales entre una delegada del Gobierno y una vicepresidenta de la Ciudad, esos otros posibles responsables podrían encontrarse, obviamente, entre quienes hubieran podido brindarles, no cualquier cooperación con ellas, sino la tendente a la ejecución de aquella subvirtiendo conscientemente la legalidad, ya integrasen o prestasen servicio para el ejecutivo nacional o el local”.

“Un mandato expreso” de Interior

Tanto Salvadora Mateos como Mabel Deu han recurrido ante la Audiencia Provincial de Cádiz el auto de procedimiento abreviado de la jueza instructora de la causa que, en noviembre, las abocó a sentarse en el banquillo por saltarse de forma “grosera” la legislación española. Según la instructora, las procesadas hicieron “absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que tenían en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo la integridad física y moral de los menores y ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad” que vivía Ceuta.

En su escrito solicitando el sobreseimiento del caso, todavía no resuelto, la defensa de Deu ha alegado que interpretó como “un mandato expreso y acabado” la misiva sin firma de la Secretaría de Estado de Seguridad que “rogó” efectuar los retornos. De acuerdo con su argumentario, su misión se limitó a “facilitar y posibilitar la ejecución de lo ya decidido”, aunque la carta incluía la coletilla de que se hiciese “protegiendo siempre los intereses de los menores implicados”.

La exvicepresidenta solicitó incluso durante la instrucción de la causa que tanto Marlaska como Pérez y Valldecabres fuesen citados a declarar como testigos, algo que rechazó la jueza al considerar que las gestiones “diplomáticas o administrativas” que hubieran podido llevar a cabo en favor de las deportaciones “no empecen ni sustituyen a los trámites administrativos previstos” que tendrían que haber cumplimentado las procesadas.

“Por mucha voluntad que tuviesen consejera y delegada en ejecutar retornos de menores a Marruecos, la decisión se adopta a otro nivel y de común acuerdo entre dos Estados soberanos”, razonó Deu en su recurso.

En el suyo, Mateos, que siempre ha evitado señalar con tanta claridad hacia el Ejecutivo de Sánchez, razona que “no hay delito cuando nos encontramos ante una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del Derecho”. “No puede apreciarse arbitrariedad ni conciencia o manifiesta voluntad de vulnerar la ley, ya que existía y existe una creencia legítima que dicha actuación fue legal y correcta, y así se está manteniendo y defendiendo en los procedimientos contencioso-administrativos por el Servicio Jurídico del Estado”, añade.