La justicia europea impone una multa de un millón de euros al día a Hungría por su boicot a la política de asilo de la UE

Multa a Hungría por su boicot a la política de asilo de la UE. La justicia europea ha impuesto un castigo de 200 millones de euros y una sanción de un millón de euros al día por cada jornada de retraso en la aplicación de la sentencia en la que se condenaba a ese país por el incumplimiento de las normas comunitarias a la protección de los refugiados.

En el año 2020, la Comisión Europea ganó una primera batalla en los tribunales de Luxemburgo por el boicot que la Hungría de Viktor Orbán hizo a la política de migración y asilo de la UE durante la crisis de refugiados que comenzó en 2015 al limitar el acceso a la protección internacional de las personas refugiadas, así como por el internamiento irregular de los solicitantes y a la vulneración de su derecho a permanecer en territorio húngaro a la espera de que se resolvieran las peticiones.

Pero Hungría ha mantenido ese rechazo a las reglas de la UE -y ahora que se ha aprobado el nuevo pacto migratorio amenaza con incumplirlo de nuevo, a pesar de que supone un endurecimiento de las condiciones para la concesión del asilo, entre otras cosas-. Eso llevó a la Comisión Europea a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

“El Tribunal de Justicia declara que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020 en lo que respecta al acceso al procedimiento de protección internacional, al derecho de los solicitantes de dicha protección a permanecer en Hungría a la espera de una resolución definitiva sobre el recurso contra la denegación de su solicitud y a la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular”, señala la institución en un comunicado sobre la sentencia.

Lo que consideran los jueces de Luxemburgo es que la rebelión de Hungría contra las normas migratorias y de asilo supone una vulneración del “principio de cooperación leal”. “Este comportamiento”, dice el comunicado sobre las expulsiones de solicitantes de asilo y las denegaciones de la protección internacional, “constituye una amenaza importante para la unidad del Derecho de la Unión que afecta de manera extraordinariamente grave tanto a intereses privados, en particular a los de los solicitantes de asilo, como al interés público”.

Además, el TJUE considera que esa actuación perjudica al resto de socios europeos: “El incumplimiento de Hungría, que tiene como consecuencia transferir a otros Estados miembros la responsabilidad, incluso en el aspecto financiero, de garantizar, de conformidad con el Derecho de la Unión, la acogida de los solicitantes de protección internacional, la tramitación de sus solicitudes y el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, menoscaba gravemente el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros”.

El siguiente paso es que la Comisión Europea se ponga en contacto con Hungría para interrogarle sobre las medidas que pretende cumplir con la sentencia del TJUE y remediar los problemas identificados por el tribunal. En función de la respuesta, el gobierno comunitario decidirá si reclama o no el pago de la multa impuesta, según ha explicado un portavoz, que ha fijado en este mismo jueves la fecha en la que se empieza a cobrar la multa diaria, aunque luego se haga con efecto retroactivo. En cualquier caso, sí espera recibir los 200 millones de euros, para lo que enviará próximamente una solicitud de pago.

Orbán ha reaccionado virulentamente contra la sentencia, que ha calificado de “indignante e inaceptable”. “Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que los ciudadanos europeos”, ha espetado en la red social X (antes Twitter).