A un lado, un transitado parque comercial de grandes almacenes y, al otro, justo enfrente, como si nada tuviese que ver con Lepe, un campamento chabolista donde viven más de 700 migrantes que buscan trabajo en la campaña agrícola de Huelva. No hay agua, no hay luz. Solo está el refugio de los palés vestidos de plásticos y cartones, además de pequeñas hogueras que sirven para calentarse al aire libre y hervir el agua con la que apenas se podrán dar una rápida ducha.
Francisco Brema anda y conoce las callejuelas del campamento improvisado como la palma de su mano. Su nombre es español, pero sus orígenes africanos. Vino desde Guinea Ecuatorial a Andalucía en el año 1996 y siempre ha trabajado como temporero en el campo, primero en Almería y desde hace menos de una década en Lepe.
“Hay mucha gente que ha cruzado la mar, ha saltado la valla, se ha jugado la vida para llegar hasta Europa, pero no lo dicen. Muchos de los que hicieron la ruta Libia-Italia también han llegado hasta aquí cuando comenzó la crisis en este país. Para llegar desde África hasta aquí es vida o muerte, incluso antes de llegar al agua. Cuando llegan no tienen papeles, y los que vienen de Italia con papeles no sirven en España. El pasaporte o la documentación aquí no es nada”, explica.
La provincia de Huelva se caracteriza, entre otras cosas, por ser un referente en el sector agrario. Se trata de las bases de la economía onubense y llegó a generar en la campaña 2016-2017 una facturación de más de 395 millones de euros. Mientras que en el resto de España y Andalucía el campo se ha mostrado como un mercado de trabajo en retroceso, en la provincia de Huelva la agricultura ha permanecido como una fuerza de trabajo que no solo se ha mantenido, sino que ha llegado a experimentar un leve ascenso y convertirse en un verdadero yacimiento laboral.
A muchos migrantes de este asentamiento no les queda otra que esperar al amanecer para acabar con la incertidumbre de si ese día trabajarán o no. Si lo hacen, aseguran, obtendrán cerca de 50 céntimos por cada caja de 22 kilos de naranjas recogida según su testimonio. “Nunca sabemos ni el día ni las horas que vamos a estar en el trabajo. En mi situación ahora mismo, este mes he cobrado 270 euros. Me quedan 70 para comer, pero también tengo que mantener la chabola con los cartones”, describe.
Aquí también vive Birmaka, de origen senegalés. “A Italia llegué en patera, pero de Italia a España no tuve problema. Estoy viviendo en una chabola mientras consigo hacer mi vida y trabajar, porque tengo un problema con los productos del campo que afecta a mi salud y el médico me dijo que tenía que buscar otra cosa, pero no tengo papeles”, relata Birmaka.
“Hace falta mano de obra, pero no tenemos contrato”
Desde el año 2015, son muchas las personas que han llegado desde Italia para trabajar durante la campaña. Sin embargo, aunque se encuentren en situación administrativa regular en el país vecino, llegar a España no implica tener la documentación necesaria para trabajar y, dicen, vuelven a verse sumergidos en el bucle que les impide regularizarse.
“El Gobierno debería regularizar a los migrantes y a los trabajadores del campo”, apunta Birmaka. En el campamento no hay ni una sola conversación en la que no aparezca el “Gobierno”. “El Gobierno de España no hace nada para que podamos trabajar de forma legal en el campo y arreglar nuestra situación administrativa. Claro que hace falta mano de obra en el campo, pero no tenemos contrato ni siquiera durante el tiempo de la campaña, 3 o 4 meses, así también se podría facilitar la documentación para las personas que estamos residiendo de forma clandestina y tratando de sobrevivir. Si no tienes papeles tampoco te pueden dar trabajo, porque se les puede caer el pelo”, apunta Brema.
Varias ONG especializadas estiman que el 27% de quienes viven en los asentamientos se encuentran esperando a cumplir con los requisitos necesarios para regularizarse. Solo el 10% de la personas con la documentación regularizada consigue tener un empleo durante más de siete meses al año.
“Ante esta situación los migrantes suelen buscar otras vías alternativas para poder subsistir, entre las que se encuentran: trabajar sin contrato, sin estar dados de alta en el Sistema de la Seguridad Social y aceptando condiciones laborales precarias e incluso de explotación”, denuncian. Este medio se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno y la delegación de la Junta de Andalucía en Huelva para conocer su versión, pero, por el momento, no ha obtenido respuesta.
“Nos ayudamos como podemos y ahora hemos tenido que comprar medicinas para un compañero que tuvo un accidente en el trabajo, pero como no tiene papeles no puede tener baja y en el hospital tampoco le han hecho una radiografía. No se puede mover. Estamos en una situación precaria. ¿Dónde están realmente nuestros derechos como trabajadores y como personas?”, se pregunta Brema una y otra vez.
Las condiciones laborales precarias y la falta de acceso a una vivienda digna es el día a día que denuncian estos trabajadores. Cuentan que la mayoría intentan alquilar, pero en una situación administrativa irregular es casi imposible, no solo por los papeles, sino también por la desconfianza hacia las personas migrantes, a lo que se suma la falta de recursos económicos.
“Vivo en un lugar infrahumano. Cada 15 días recibimos ayuda alimentaria de diferentes entidades. A la gente no le gusta que estemos aquí, pero no nos queda otra, porque no podemos alquilar. Incluso, cuando yo tenía papeles en regla, compré una vivienda pero fui engañado por los bancos y acabaron desahuciándome. Solo tengo un poco para comer y beber”, señala Brema.
Seis campamentos en Lepe, Palos y Moguer
La chabola de Francisco Brema está cuidada al detalle y construida con el sudor de sus manos. No sabe cuánto tiempo más tendrá que estar aquí, pero ante la falta de soluciones reales a la problemática habitacional, cada cual construye su vida lo más cómoda posible.
Para las entidades locales, es difícil hacer un recuento de las personas que habitan en estos asentamientos porque están en continuo movimiento. “En Huelva provincia existen seis grandes campamentos repartidos en Lepe, Palos y Moguer, a lo que se suman algunos más pequeños esparcidos. Concretamente, en el asentamiento de 'El Cementerio' hay unas 700 personas en época de campaña”, calcula Javier Pérez, Coordinador autonómico de la Fundación CEPAIM.
Entre los plásticos es difícil ver a mujeres. Quizás una o dos, pero “el 95% son hombres y en su mayoría de la África subsahariana”, detalla Pérez. Esta situación, matiza, no es nueva. “Es una realidad que existe desde el año 1999 y, aunque se trata de poner soluciones, hace falta un trabajo más amplio en red por parte de entidades, instituciones públicas, sindicatos y empresas. Conseguir el asentamiento cero es complicado, pero sí hay que disminuir lo máximo posible el número de personas en este lugar”.
Por esta razón, se creó en 2010 la Mesa de la Integración conformada por diferentes entidades en Huelva. El objetivo es encontrar una solución a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran centenares de personas migrantes, principalmente en relación al trabajo agrícola y la vivienda. “Estos asentamientos son, sin duda alguna, una de las realidades de exclusión más graves que se dan no solo a nivel local o regional, sino nacional”, denuncian.
Las entidades que trabajan con migrantes lamentan “la imposibilidad” de alojamientos alternativos. “Esta es una de las razones principales que les empujan a la chabola, ya que en primer lugar es necesario un poder económico que muchos de ellos no tienen, a lo que se suma la inestabilidad de la temporalidad y por menos de seis meses no alquilan casas. Por ello, tienen que buscar también una zona cercana al punto de trabajo”, explica Gladys Meza Ramírez, presidenta de Huelva Acoge.
Desde colectivos como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA) insisten en que “las condiciones se rigen por los convenios del campo para todos por igual”. En los campamentos, la mayoría de las personas migrantes denuncian lo contrario, aunque no se atreven a dar detalles por miedo a la pérdida de su empleo.
De la patera a la chabola
Las personas que vienen desde África a Europa no se imaginan que acabarán pasando las noches en chabolas apartados y excluidos de los núcleos urbanos. Abdou pasó casi una semana en un cayuco de madera desde Senegal a las Islas Canarias. Cuando puso un pie en tierra fue arrestado y condenado a ocho años de cárcel, ya que la policía le acusó de contrabando de personas. Al salir, llegó península y aquí, desde hace diez años aproximadamente, sigue buscando mejorar su vida.
“La gente nos ayuda en todo lo que puede, pero realmente, hay que tener otras cosas en cuenta, como la imposibilidad de conseguir la documentación española. Vivimos fatal porque estamos en chabolas. Ni siquiera, podemos volver a nuestra tierra sin esa documentación. Eso duele. Después de jugarnos la vida para entrar en Europa, ¿qué pasa? Somos trabajadores y tenemos la voluntad de trabajar”, comenta. “Si volvemos a nuestra tierra estamos mal vistos. Hemos sacrificado nuestra alma para salir de nuestra tierra. Puedes tener dinero para ir a Europa, pero no te van a facilitar un visado para ir adonde quieras. Hay cosas que no se pueden explicar”.
Abdou trata de mirar hacia adelante, pero afirma que se topa con muchas barreras en la legalidad de las instituciones españolas. Reitera que el problema también está en su país. “Yo era marinero en Senegal. Nosotros producimos para Francia y toda la mercancía sale para el exterior, pero la gente de mi tierra no tiene nada para comer, así que tenemos que subir a cayucos, saltar vallas, para ir a otra tierra. Nos están condenando, tanto psíquica como físicamente”.
“Si Europa no intenta ayudarnos, en lugar de explotarnos, los africanos vamos a morir allí. Europa apoya a los gobiernos de África en lugar de ayudar a la gente que sube a cayucos, a la gente que viene a trabajar en sus tierras”, concluye Abdou.