La ley que da la nacionalidad a los sefardíes olvida a los saharauis, moriscos y familiares de exiliados

“Esta ley dice mucho de lo que fuimos en el pasado y de lo que somos hoy los españoles y lo que queremos ser en el futuro, una España abierta, diversa y tolerante”. Con este alegato, el ministro de Justicia celebró este jueves la aprobación de la normativa que permite otorgar la nacionalidad a los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España hace más de 500 años. España se ha acordado de ellos, expulsados en 1492, pero olvida a los saharauis, españoles de pleno derecho hasta el abandono del Sáhara Occidental en 1975. También a los moriscos expulsados en 1609 o los hijos de emigrantes españoles que se quedaron fuera de la Ley de Memoria Histórica.

La normativa pretende corregir “una injusticia de más de 500 años”, en palabras de los ministros de Justicia y de Exteriores: la expulsión forzosa de los sefardíes, a los que arrebataron su ciudadanía. El Gobierno ha aprobado un mecanismo que permitirá devolvérsela a sus descendientes, aunque no tengan residencia legal en el país, acreditando su origen y su especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura.

La oposición también ha celebrado la “reparación de una injusticia histórica”, aunque ha recordado las “visibles carencias” de una normativa que, a pesar de las peticiones de asociaciones y partidos políticos como IU o PSOE, no ha incluido a otros ciudadanos con grandes vínculos históricos con España.

Saharauis: españoles hace 40 años

Más allá de no tener la nacionalidad de la colonia que les abandonó en 1975, cerca de 400 saharauis residentes en España llevan años chocándose con la denegación sistemática de la nacionalidad a pesar de cumplir todos los requisitos marcados por el Ministerio de Justicia. Llevan más de diez años viviendo en España, cotizan a la Seguridad Social y no tienen antecedentes penales. Tampoco sirve el argumento de que sus padres son españoles –cuentan con el DNI español por haber vivido en una colonia– para lograr la ciudadanía. El motivo expuesto por el Ejecutivo: proceden de “un país no reconocido”.

Zhara, saharaui inmersa en una batalla jurídica por su nacionalidad, no puede evitar mostrar su impotencia al valorar la “doble vara de medir” del Gobierno. “Llevo veinte años en España. Veinte. Estoy integrada en este país, trabajando. He estudiado secundaria, la universidad, pero no me dan la ciudadanía porque no tengo un documento que España reconozca. Y porque los sefardíes tienen un Estado detrás, Israel, pero los saharauis tenemos uno en contra, Marruecos”.

Los moriscos, otros olvidados

Para la Asociación Amigos del Legado Andalusí, la ley que permite optar a la nacionalidad a los descendientes sefardíes es “más bien, una ley cosmética”, critica su presidente Mario José Mañas López. Corta, insuficiente, pacata... son los calificativos con los que Mañas se refiere a una norma que, en su opinión, apenas tendrá consecuencias reales para los sefardíes. “Solo un pequeño porcentaje pedirán la nacionalidad, las pruebas que les exigen son casi imposibles de cumplir”, apunta.

Mario José Mañas considera que la ley no sólo se queda corta para los sefardíes. Habla de los López, los Sordo y un gran número de personas –de apellidos con una relación más o menos evidente con la cultura española– descendientes de los 300.000 moriscos que fueron expulsados del país por un decreto de 1609. Algo más de un siglo después de la expulsión de los judíos, el rey Felipe III ponía fin a la convivencia con una comunidad de tradición musulmana que desde hacía un siglo se había convertido al catolicismo, muchos obligados por una presión que acabó con la obligación de dejar sus hogares.

De ellos, en cambio, no hay rastro en la norma, algo que solicitaban varias fuerzas de la oposición, por la cultura común que compartieron, al igual que los sefardíes, con España. Ante los vetos que varias formaciones presentaron contra la norma en el Senado, por la discriminación de estos grupos, los senadores del Partido Popular argumentaron que habría que valorar para ellos “otra iniciativa parlamentaria específica” dada la “singularidad” de esta ley.

Fuentes diplomáticas interpretaron la normativa, anunciada el 22 de noviembre de 2012, como un gesto hacia los sefardíes para evitar el previsible enfado de Israel por el voto de España en Naciones Unidas a favor del reconocimiento de Palestina en la Asamblea General de la ONU solo una semana después, según publicó El País.

“El mismo razonamiento que se ha utilizado con los sefardíes debería aplicarse con los moriscos. El mismo, no hay diferencias”, argumenta el presidente de la Asociación Amigos del Legado Andalusí. Mario José Mañas insiste en que la norma ya llega tarde y en su relación con parte de los descendientes de los moriscos que ahora se reparten, sobre todo, por el norte de África, “la sensación es de malestar, pero también con algo de indiferencia”. Muchos, cuenta, ya no confían en el reconocimiento que merecen sus abuelos. “Ellos pedirían una ley diferente, de reconocimiento de derechos, más allá de nacionalidad. Piden el reconocimiento por lo que vivieron sus abuelos”, apunta. Por el momento, la reparación –ya sea a través de la nacionalidad o de un arrepentimiento institucional– no está en la agenda del Gobierno.

Algunos familiares de exiliados

La ley de Memoria Histórica, de 2007, permitió obtener la nacionalidad española a los descendientes de exiliados españoles y de emigrantes, en más supuestos de los que el marco jurídico contemplaba hasta el momento (podían ser sucesores de personas de origen español, pero no haber nacido en España).

Pero la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero se dejó algunos supuestos en el tintero, como reconoce el Partido Socialista en sus nuevas propuestas legislativas para ampliar la norma, aún sin respaldo del Gobierno. Fuera se quedaron, entre otros, los descendientes de mujeres emigrantes, ya que las españolas no transmitían su nacionalidad hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, o de los hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad por medio de la Ley de Memoria. Ellos tampoco están entre las prioridades legislativas del Gobierno.