Ordenan la liberación del menor migrante encerrado en una cárcel de Canarias desde hace 82 días

El menor senegalés que llevaba 82 días encerrado en una cárcel de Canarias acusado de ser patrón de su patera ha sido puesto en libertad. La Audiencia Provincial de las Palmas ha concluido que los resultados del informe médico forense ordenado para determinar la edad del chaval “casan más con una posible minoría de edad que con una certeza de que el sujeto sea mayor de edad”, en contra de lo determinado anteriormente por dos autos del juzgado de instrucción número dos de San Bartolomé de Tirajana.

El adolescente, B. C., había sido identificado como menor por Cruz Roja a su llegada al Archipiélago, pero fue reseñado por la Policía como mayor de edad. Acusado de conducir su patera, fue ingresado en prisión provisional, donde ha permanecido durante 82 días a pesar de haber manifestado su edad.

Aunque su certificado de nacimiento apostillado acredita su minoría de edad, el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana le mantiene en prisión tras la realización de una prueba médico-forense que concluye como “edad más probable” los “18,2 años”. Sin embargo, dicho informe no descarta que el joven tenga la edad que aparece en su documentación, dado el amplio margen de error habitual en los test de determinación de la edad.

Esta semana, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas intervino para proteger a B. C. Tras un análisis provisional del caso, la ONU primó la presunción de minoría de edad del chaval, un principio clave en la legislación internacional en materia de infancia, que establece que en caso de duda la persona afectada debe ser tratada como un menor. Y, por lo tanto, no cabría su permanencia en una prisión para adultos.

El chico, nacido en 2007, alcanzó Canarias en cayuco el pasado 16 de diciembre. Para ello se desplazó en coche a la capital de Mauritania, desde donde subió a bordo de un cayuco en una travesía que duró cinco días, según si testimonio. Apelando al certificado de nacimiento apostillado y traducido por un traductor jurado, la Ley del Menor y a la recientes medidas cautelares dictaminadas por el Comité, los abogados del chico solicitan “la inhibición del Juzgado de Instrucción en favor de la jurisdicción de menores y, en consecuencia, la inmediata puesta en libertad de B. C. y su puesta a disposición de las autoridades encargadas de la protección de menores en Las Palmas”.

El muchacho lleva casi tres meses encerrado en el centro penitenciario Las Palmas II, acusado de ser uno de los patrones de la embarcación en la que alcanzó Canarias junto a otros migrantes. Además de B. C., hasta mediados de febrero había otro chico migrante que aseguraba ser menor desde el interior de prisión. En ese caso, el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana ordenó su salida tras recibir las pruebas de determinación de la edad que acreditaba su minoría de edad. Sin embargo, el mismo juzgado mantuvo en prisión al B.G.

El informe médico-forense de B.C., al que ha accedido elDiario.es, indica que “todas las pruebas realizadas indican que ha finalizado el proceso de maduración” por lo que “existe una probabilidad médica razonable de que el sujeto sea mayor de 18 años”. No obstante, el análisis forense añade que “la edad cronológica estimada del supuesto menor es compatible con la edad referida con el mismo”.

Al desembarcar en Canarias, más allá de la asistencia de Cruz Roja, los migrantes son interrogados por la Policía Nacional y por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. El Defensor del Pueblo ha cuestionado estos interrogatorios que se dan sin presencia de abogados. Las entrevistas “se realizan mientras la persona acaba de llegar por vía marítima, en condiciones de peligro y vulnerabilidad”, criticó el Defensor del Pueblo. El objetivo es obtener información relacionada con delitos graves como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el terrorismo o el fraude documental. Por eso, el Defensor exige que estos interrogatorios no se hagan a personas recién desembarcadas que no han sido informadas de sus derechos en su idioma. A los migrantes que entran en prisión por haber conducido supuestamente la patera se les acusa de favorecer la inmigración irregular.