El pescador colombiano que acampó durante años frente a una multinacional energética para denunciar sus abusos

Orlando Ramírez tiene 67 años y la piel cuarteada de trabajar bajo el sol sofocante del sur de Colombia. La mayor parte de su vida la ha dedicado a la pesca artesanal. Pero los últimos tiempos se ha visto obligado a estudiar documentos legales y sentencias judiciales. También a viajar sin apenas dinero a la húmeda capital, Bogotá, donde ha plantado cara a Enel, el consorcio energético responsable de un embalse cuya construcción desarraigó hace 15 años a miles de agricultores de su zona.

La pandemia más agresiva en un siglo lo sorprendió precisamente en una diminuta chabola de cartón que montó frente a las instalaciones de la multinacional colombo-italiana, sobre la acera de una de las zonas más pudientes de la capital. En mayo, tras casi dos años y varios intentos fallidos de expulsarlo, la policía aprovechó una breve ausencia del pescador y decomisó los pocos objetos que había reunido durante su protesta pacífica. “Se llevaron hasta los mecheros para cocinar”, cuenta resignado.

“Fue un desalojo irregular”, asegura Sergio Salazar, un joven estudiante de último semestre de Derecho que ha asesorado de forma gratuita a Ramírez. Indica que la “ley permite que las protestas pacíficas tomen forma de habitación en el espacio público”. Recuerda también que las autoridades locales y uno de los abogados de la multinacional, presidida en su capítulo colombiano por el economista español Lucio Rubio, llegaron al lugar en el mismo coche: “Nunca hubo parcialidad en el proceso ni evaluación alguna de la situación”.

“El derecho a una vida digna”

Hoy el pescador vive en los llanos del sur del país. Desde allí, empuja su lucha para que se cumplan las compensaciones sociales contempladas en la licencia ambiental concedida en mayo de 2009 por las autoridades colombianas a la entonces Enel-Emgesa, compañía de mayoría accionaria italiana, con participación española y colombiana, para construir la hidroeléctrica del Quimbo, en Huila, una zona encajonada entre cordilleras del sur del país. Ramírez recuerda aquellos días en que operarios de la energética reunieron por tandas a vecinos de la zona para mostrarles unas filminas donde se visualizaba un futuro idílico alrededor del nuevo embalse. 

Quince años más tarde, la vida de unas 20.000 personas, entre pescadores artesanales, agricultores, mayordomos, jornaleros o habitantes de caseríos coloniales borrados del mapa, ha dado un giro negativo. Ni fueron reasentados cerca de sus lugares de origen, como se había estipulado, ni se construyeron todas las viviendas pactadas, ni se les han facilitado las condiciones para retomar sus actividades básicas de subsistencia. La Corte Constitucional dejó claro, en una sentencia de 2013, que todo el proceso arrancó viciado (T-135 de 2013): la empresa no adelantó un censo poblacional riguroso, obligatorio por ley. Se limitó, simplemente, a elaborar un listado de posibles afectados por la obra de ingeniería. Entre ellos no se encontraba Orlando Ramírez, a pesar de haber vivido allí durante 20 años.

Según la sentencia, se violó “el derecho a una vida digna” y a la “participación efectiva” de miles de campesinos.

Un mal antecedente para un pantanoso y asimétrico camino judicial que ha reforzado en Orlando Ramírez la convicción de que el poder económico de la energética ha sido capaz de doblegar con preocupante frecuencia la independencia del sistema judicial colombiano.

Datos de las autoridades ambientales señalan que alrededor de 151 familias han sido llevadas a 44 asentamientos individuales y a cuatro colectivos. Pero no hay precisión sobre el número global de afectados, que oscila entre las 28.000 reclamaciones de ciudadanos que se presentaron ante un tribunal del Huila para reclamar, y los alrededor de dos mil que están dentro de los cálculos de Enel. 

Daños socioambientales

Entre ellos se halla la comunidad de San José de Belén, una vereda fundada por indígenas en tiempos coloniales y donde la desconfianza inicial hacia el proyecto fue total. Nadie quería vender su casa. Luego vino la negociación individual con la multinacional energética y rápidamente se quebró el tejido. No tardaron en llegar los primeros pelotones de maquinaria pesada, y los vecinos fueron trasladados a una zona donde el calor es intolerable debido a la escasez de árboles que hagan sombra, según el trabajo de la antropóloga Daniela Motta Bautista. La parroquia de San José, patrimonio cultural del siglo XIX y núcleo de la vereda, quedó anegada por las aguas de la presa, a pesar de que Enel-Emgesa se comprometió a trasladarla completa.

El ingeniero y académico Miller Dussan, miembro de la junta directiva de la asociación de afectados por la hidroeléctrica, aseguró en una cadena de radio que hoy se cumplen seis años sin que muchos de los reasentandos hayan podido cultivar la tierra porque “no tienen distrito de riego adecuados”, o servicio de agua potable, para poner a producir sus sembrados. Muchas de las viviendas entregadas, por su parte, no tenían títulos de propiedad y ya presentaban fisuras en techos y pisos antes de ser estrenadas: “La licencia era clara en que la restitución debía contemplar tierras productivas en igualdad, o condiciones superiores a las que se inundaron”. 

Con todo, a los responsables de la ahora bautizada Enel Colombia, propiedad del distrito de Bogotá y de la compañía de mayoría estatal italiana, que absorbió en febrero de 2009 el 92% de la española Endesa (Emgesa), no reconocen los daños socioambientales causados por la explotación de un embalse artificial que cubre un área mayor a la superficie de Manhattan (8.500 hectáreas), y que implicó desviar causes del río Magdalena, el más importante de Colombia. Pero también deforestar y dinamitar extensas zonas de bosques y sembrados de arroz, maíz o cacao, entre otros.

Leonte Muñoz, un pescador de 65 años y tozudo compañero de batallas de Orlando Ramírez, asegura con algo de impotencia que el “pescador artesanal está perdiendo toda su dignidad”. Y añade: “Por cuenta de la contaminación generada por la represa del Quimbo, no hay peces para capturar”. Dice que la desaparición de la riqueza natural se ha acelerado a raíz de que la empresa no “retiró la totalidad de biomasa, o materia orgánico, como se había acordado”. Y prosigue: “Peces como la sabaleta, la sardinata, la dorada o el patalón están virtualmente extinguidos en nuestro territorio”. 

Expropiaciones

Muñoz también asegura que la inversión de más de 1.200 millones de dólares nunca se tradujo en bienestar para los miles de pobladores del área de influencia, a pesar de las reiteradas promesas de uno de los grandes impulsores del proyecto, el entonces presidente de derechas Álvaro Uribe Vélez. Ya siendo congresista, en años recientes, el mismo Uribe ha admitido algunos defectos del proyecto, pero en 2009, durante una visita a la región, aseguraba con la firmeza característica de su temperamento que el Quimbo “se enmarca dentro de un programa de Gobierno que busca generar confianza inversionista”.

De hecho, su Gobierno decretó el uso de las fincas involucradas como de “utilidad pública”. Un acción legal que permite al Estado expropiar terrenos privados con el argumento de ser requeridos para intereses del Estado. En el caso del Quimbo, además, anuló la fase de consultas previas con las comunidades para informarles acerca del pantano e infraestructura que inundaría y afectaría sus tierras y las obligaría a desplazarse. Una gestión que habría retrasado al menos un año el cronograma de una central que hoy en día suministra el 4% de la demanda energética del país, según Enel Colombia.

La estatal ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) anunció su rechazo en octubre a la petición de Enel de rebajar de 12.300 a 9.200 euros la indemnización fijada por cada familia de la zona. En el discurso de Orlando Ramírez, sin embargo, hay poco espacio para cifras. Sí se repiten, en cambio, términos jurídicos a los que se ha tenido que aferrar: “Nada de esto sería admisible en un Estado de derecho serio. Yo tengo pruebas de la dudosa cercanía de los representantes legales de la multinacional con los jueces y magistrados del Huila”.

Habla de un expediente con centenares de folios presentados y desestimados, o archivados, por jueces locales mientras en su municipio “los más viejos, los más vulnerables, han ido muriendo sin una compensación a la que tenían derecho”. Desde Enel, que tiene la concesión de administración del Quimbo durante 20 años, aseguran que la comunicación con los pobladores locales ha mejorado en los últimos tiempos, y que la energética compró 3.500 hectáreas adicionales, contiguas al embalse, para convertirlas en un ecosistema restaurado que debería pasar a manos del Estado en 2038.

Protestas frente la sede de Enel

Sin embargo, para Leonte Muñoz, el paquete de promesas son más “pajaritos en el aire”. Orlando Ramírez recuerda a su vez que la vida de su familia solo ha ido a peor desde que tuvieron que salir del Huila: “Uno de mis hijos estaba estudiando informática y hoy está vendiendo botellines de agua en una zona turística. Y mi otro hijo no pudo estudiar y tuvo que enlistarse en el ejército”. Ellos son su motor para regresar de nuevo a los plantones semanales en la Plaza de Bolívar, el corazón del poder político, donde antes de la pandemia ya solía extender durante días una serie de pancartas con mensajes cargados de veneno contra la multinacional: “Rodeado de la Alcaldía Mayor, del Congreso, de la casa presidencial, y ni un funcionario del Estado, ni un defensor del pueblo se acercó a preguntarme por qué protestaba”.

Pero Ramírez no se rinde y visitó Bogotá una tarde de mediados de octubre para buscar una pensión donde alojarse en un segundo capítulo en la capital. Vestía una mochila negra, camisa a rayas y cierto ímpetu a pesar del viaje de horas en autobús. Recuerda que la Corte “reconoció que los únicos que desplazan de los territorios no son los grupos armados. Las multinacionales también obligan a la gente a migrar y violan los derechos humanos”. Por eso tiene esperanza de que con la llegada del primer gobierno de izquierdas, con mayor acento en el cuidado del medio ambiente y el diseño de planes sociales, “por fin exista alguna posibilidad de justicia”.

— ¿Piensa volver a protestar frente a la sede de Enel?

— Sí señor, pero solo los lunes y los viernes. Los demás días estaré acá en la Plaza de Bolívar.

— Pero aún no ha recuperado sus pertenencias del primer desalojo…

— No, pero aún tengo muchas cosas que decirles. Tengo pruebas con sustento, pancartas y cacerolas y un parlante de música que ya averigüé y todo.