La Policía vincula inmigración con delincuencia sin datos para pedir a los juzgados el encierro de migrantes en el CIE de Las Palmas

La aceleración del ritmo de las deportaciones desde Las Palmas a Marruecos ha acarreado el aumento del número de ciudadanos marroquíes en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Canarias después de meses de limitaciones. En algunos de los escritos enviados por la Policía Nacional a los juzgados de instrucción de Las Palmas para solicitar el internamiento de extranjeros, la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) ha vinculado la inmigración irregular con la delincuencia con el objetivo de conseguir la luz verde de los magistrados para encerrar a migrantes detenidos en el CIE.

En el argumentario incluido en una de las solicitudes de auto de internamiento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la UCER apunta sin pruebas que “los inmigrantes que quedan en libertad y no disponen de recursos acaban delinquiendo para subsistir”. Fuentes del Ministerio del Interior corrigen a la Policía y aclaran a elDiario.es que “no existen datos ni cifras” que sustenten esta afirmación. El documento está firmado por la subdelegada del Gobierno en Las Palmas y por el Inspector jefe de la UCER, pero desde la Delegación del Gobierno en Canarias se desmarcan del escrito.

La Delegación del Gobierno confirma su contenido pero explica que, en el procedimiento de solicitud de internamiento, la subdelegada en Las Palmas delega la firma en la Policía Nacional. Después de que este medio enviase varias preguntas al respecto, fuentes de la institución que representa al Ejecutivo central en Canarias aseguran que la afirmación que vincula la inmigración con la delincuencia “no es adecuada”, por lo que “ese argumentario se va a eliminar de las solicitudes”.

ElDiario.es se ha puesto en contacto con la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que por el momento no ha respondido a nuestra solicitud.

Los obstáculos a las deportaciones

El documento también detalla algunos de los obstáculos con los que se ha encontrado la Policía Nacional en los últimos meses para deportar migrantes marroquíes y mantener la política de bloqueo de migrantes en las islas. La Jefatura Superior de Policía de Canarias considera en su escrito que la situación se vio “agravada” por los viajes de “muchos” migrantes de Canarias a la península por sus propios medios, de los que aseguran tener constancia desde hace tres meses.

“En los tres últimos meses es tendencia habitual la salida de elevados ciudadanos marroquíes desde el aeropuerto de Las Palmas con destino a distintas capitales de la Península, principalmente Madrid, Valencia, Alicante, Bilbao, Sevilla y Málaga, y desde el puerto de Gran Canaria por vía marítima hacia Huelva”, desarrolla una de las solicitudes de internamiento en los CIE firmadas por la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas y el jefe de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, a la que ha accedido elDiario.es. Algunos de los migrantes tienen la finalidad de dirigirse a algunas ciudades europeas, principalmente Francia o Italia, “donde se les deniega finalmente la entrada y se activa su inmediata devolución a nuestro país”, sostiene la Policía.

Los migrantes, una vez en libertad, “provistos de documentación original y de medios económicos suficientes” adquieren billetes de avión o barco para viajar la península. Según especifica el documento, los migrantes que abandonaban el archipiélago por vía aérea o marítima no solían ser “inferiores a 40 en cada trayecto, pudiendo llegar a 100 en cada vuelo”.

La Policía reconoce que las compañías de transporte, “desconocedoras de su situación administrativa, aceptan embarcar a estos ciudadanos al portar todos ellos documentos válidos de viaje”. Una tendencia que, según Interior, está cambiando desde la nueva política de refuerzo de controles policiales activada la semana pasada en los vuelos procedentes de Canarias. Según fuentes policiales, las fuerzas de seguridad están aprovechando las restricciones sanitarias para frenar el viaje a cientos de migrantes irregulares.

“Además, se viene detectando que algunos ciudadanos marroquíes se roban entre sí los pasaportes para lograr 'escapar' a la Península por la vía marítima o aérea”, continúa la solicitud de internamiento. “Si la situación no se ataja de raíz, en un breve espacio de tiempo será más difícil proceder a las repatriaciones, porque al aumentar el índice delictivo muchos de los inmigrantes no podrán ser expulsados al tener causas pendientes en España”, apunta el escrito, incidiendo en la vinculación entre inmigración y criminalidad. En este sentido, varios abogados expertos en Extranjería aseguran que se trata de una apreciación falsa, pues la comisión de un delito no impide en la actualidad la expulsión del migrante.

Paco Solans, portavoz de la Asociación de Española de Abogados Extranjeristas, explica que esta consideración tiene su origen en “viejo mito fundamentado en una ley reformada en 2009”. En la actualidad, “un juez de instrucción al que se le pide el internamiento y tiene a su disposición a una persona por una causa de delito tiene que autorizar esa orden de expulsión”, añade el letrado.

La vía para devolver migrantes marroquíes

A través de la solicitud de internamiento, la Policía Nacional desarrolla un amplio relato de las dificultades con las que se ha topado Interior para deportar migrantes en situación irregular durante la crisis sanitaria: “La pandemia ha generado por primera vez en la historia el bloqueo general de las repatriaciones de inmigrantes llegados de forma irregular por vía marítima a España”. La Jefatura de Policía destaca la nueva vía de repatriación “ofrecida” por las autoridades marroquíes desde Las Palmas a El Aaiún (Sáhara Occidental) para urgir al juzgado el internamiento del migrante detenido.

El sistema de devoluciones en vuelos comerciales operados por la aerolínea Royal Air Maroc se reducía a la repatriación de ocho migrantes irregulares documentados de origen marroquí en cada vuelo, con una periodicidad de cuatro vuelos semanales hasta el 7 de diciembre. A partir de entonces, como adelantó El País, Interior comenzó a agilizar las devoluciones de ciudadanos marroquíes. En vez de ocho, podrían volar hasta un máximo de 20 retornados con escolta policial, hasta alcanzar unas cifras de 80 repatriados semanales en vuelos comerciales de la misma compañía, “aceptando los requerimientos de las autoridades marroquíes”, expone el escrito.

Otro de los obstáculos destacados por la Policía Nacional “para culminar con éxito la materialización de las repatriaciones” es la reducción del índice de ocupación de los CIE como medida preventiva frente a la COVID-19. Las restricciones sanitarias, reza el escrito, “dificultan las posibilidades de internamiento, teniendo en cuenta además que algunos centros de la península se encuentran actualmente en obras para optimizar sus capacidades y no pueden por el momento acoger internos”.