“Llevo meses en Melilla y nadie me ha hablado sobre mis derechos sanitarios”

Si se le pregunta por la asistencia sanitaria a un migrante que huyó de su país, que vivió de la caridad y de los restos, y luego trepó una valla erizada de seis metros antes de esquivar a los agentes de la Guardia Civil, probablemente se encoja de hombros. Pocos de quienes llegan a Ceuta y Melilla son conscientes de la cobertura médica a la que tienen derecho porque, hasta su llegada, sus prioridades han sido otras. Y cuando alcanzan Europa, la información que se les ofrece es escasa e incompleta.

“No he hablado de mi salud en los ocho meses que llevo aquí”, explica Jamal (nombre ficticio), un marroquí demandante de asilo que reside en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Como peticionario de asilo tiene derecho a la misma asistencia que los españoles y a la tarjeta sanitaria, pero él de eso no sabe nada. El CETI subcontrata el servicio médico con Eulen y el de enfermería con Cruz Roja, y realiza un chequeo médico a los nuevos residentes. Después nadie les explica los resultados, según aseveran varios de ellos.

Médicos del Mundo ha detectado un importante desconocimiento entre los migrantes que llegan a Melilla y, para paliarlo, han lanzado un proyecto basado en la difusión del listado de derechos sanitarios que los inmigrantes en situación irregular tienen en función del lugar por el que pasan en su ruta migratoria. En algunos de los casos localizados en Melilla, las trabas al acceso al sistema sanitario pudieron derivar en un riesgo de salud pública.

“Ya no fumo”, anuncia sonriendo un joven marroquí habitual de las calles de Melilla, antes de explicar por qué: acaba de superar una tuberculosis. Convivió durante semanas con la enfermedad y otros chicos en una casa abandonada hasta que su caso fue detectado por la responsable del programa de Médicos del Mundo y el muchacho fue ingresado en el hospital. La ONG ha detectado otro caso de estas características recientemente.

“La falta de información constituye una de las principales barreras para acceder a la atención sanitaria”, aseguran desde Médicos del Mundo. El objetivo es que los migrantes y los solicitantes de asilo que llegan a la Unión Europea puedan acceder a la atención primaria y preventiva y paliar ese déficit de información. “Consiste en ofrecer una información clara y veraz de cuál es la situación sanitaria de la persona y cuáles son las barreras de acceso al sistema sanitario en esa ciudad o en las que vaya pasando”, resume Carmen Zamora, coordinadora del proyecto para Médicos del Mundo.

A la vez, quienes estén interesados rellenan un pasaporte sanitario, un documento extraoficial, confidencial y de uso estrictamente personal con el que facilitar la labor del personal médico que los atenderá en su periplo europeo. El programa se ejecuta en cinco ciudades españolas: Madrid, Valencia, Las Palmas, Málaga y Melilla.

Ahmed: “Me dicen que no me pasa nada”

Ahmed (nombre ficticio) es otro ejemplo del desconocimiento y de sus posibles consecuencias. “No me siento bien. Aquí no hago nada: me levanto, como, fumo, duermo”, se queja. Es argelino, tiene 30 años y también residente en el CETI. Ahmed dice que le persiguen en su país por ser cristiano, así que pidió asilo hace casi un año. “Yo era mecánico. Trabajaba y ganaba lo suficiente. Estaba bien en Argelia. Pero me pasó esto”, relata antes de enseñar cicatrices en barbilla y brazos, rastro de las palizas que sufrió por su religión.

Asegura que ha pedido visitar a un psicólogo, y que en Argelia tomaba unas pastillas dos veces por semana: “Aquí he preguntado, pero me dicen que no me pasa nada”. Tiene derecho a una tarjeta sanitaria y podría pedir una cita al margen de los servicios del CETI, pero no lo sabe, así que Médicos del Mundo le acompañará un par de días después a pedir su documentación.

Como otros en el CETI, Ahmed está desesperado por el bloqueo de su expediente y se plantea huir a la Península como polizón. “¿Sabes qué pasa si consigues hacer el riski?”, le preguntan. Si lo consigue se convertirá en un inmigrante irregular y, según el Real Decreto 16/2012, no tendrá derecho a que le curen el quiste que tiene en el cuello, ni a que un psicólogo le atienda, aunque su aplicación difiere en función de las comunidades autónomas. Tampoco lo sabía.

Hay una imagen que describe gráficamente esta desinformación: los subsaharianos suelen mostrar con alegría sus órdenes de expulsión. La administración les entrega el documento coincidiendo con su traslado a la Península, de modo que ese papel simboliza la llegada a Europa. No saben qué tienen entre manos ni lo que significa: se quedarán en España si no son repatriados, pero serán inmigrantes en situación irregular, en España o en el resto de Europa. Nadie les ha dicho que ese papel los excluye del derecho a la asistencia sanitaria salvo en situaciones de urgencia, enfermedad grave o asistencia en embarazos o partos, ni que les será prácticamente imposible encontrar un trabajo dentro del sistema legal.

Casos de tuberculosis entre los migrantes de la calle

En Melilla viven en la calle decenas de migrantes, muchos de ellos niños. Son casos de especial vulnerabilidad. En la mayor parte de las ocasiones presentan sarna, papilomas, enfermedades mentales, torceduras, heridas o cortes. Evitan voluntariamente acudir al médico porque desconfían: muchos creen que serán denunciados y deportados. En estos supuestos, el objetivo del proyecto es acompañarlos. “Ellos me ven y piensan que les voy a asistir, pero mi función es informarles. Luego los llevo al hospital si lo necesitan”, explica Ana Medina, la técnico de Médicos del Mundo que ejecuta el proyecto en Melilla.

Son casos al margen del sistema, excluidos por la vía de los hechos. “Cuando estamos en un sitio es porque efectivamente hay necesidades que no están siendo cubiertas”, asegura Carmen Zamora. La coordinadora cree que el proyecto no suple la función de las administraciones públicas, sino que visibiliza sus fallas y debilidades: “Creemos que crear redes paralelas no es positivo y que no debemos sustituir al sistema. Nuestra fuerza está en reivindicar en que los servicios públicos cumplan con sus responsabilidades”.