Los refugiados saharauis buscan un sistema económico después de 38 años de exilio
El Frente Polisario celebró el 40 aniversario de su creación durante el pasado mes de mayo con festejos en los campamentos de refugiados y en los territorios liberados del Sáhara Occidental; una región también controlada por el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El músico Mohamed Nouf colaboró en las celebraciones, pero no lo volvería a hacer: “El Gobierno nos pagó 10.000 dinares argelinos (110€) por la preparación, así como transporte de más de 300 km por el desierto y dos conciertos; mientras que podemos cobrar 15.000 dinares (160€) en bodas y celebraciones organizadas por particulares”, comenta el cantante del grupo Baba Salama. El mismo descontento con los salarios ofrecidos por el Estado fue el que llevó a Cheja Beiruk a emprender su propio negocio de restauración en Rabouni. “El Gobierno nunca ha pagado bien y por eso ha florecido un sistema de negocios locales privados por las wilayas desde finales de los años 90”, señala Cheja, quien estuvo trabajando en el Ministerio de Información de la RASD hasta 2001.
Como centro administrativo de los campamentos de refugiados saharauis, Rabouni alberga la sede del Gobierno, de las agencias de cooperación y de las organizaciones no gubernamentales, cuyos trabajadores locales también cobran una mensualidad. La diferencia entre lo cobrado por un técnico saharaui con la misma cualificación trabajando para el Gobierno y ONG es también motivo de conflicto. Los técnicos saharauis del Ministerio reciben incentivos, que son una cuarta parte del salario de sus homólogos locales de las ONG pese a que ambos pagos llegan de los financiadores (agencias europeas y de la ONU).
La ayuda internacional, especialmente las visitas de las familias españolas, ha sido una de las fuentes de problemas al crear una economía ficticia que termina tan pronto éstas regresan a España, según indica Mariem Sidi Mohamed, directora del programa de microcréditos de la wilaya de Bojador. Esta iniciativa, implantada en 2010, está financiada por la institución española Hegoa y se diseñó para paliar precisamente este tipo de disfunciones. Mediante la concesión de créditos de 10.000 a 20.000 dinares para devolver en un año se posibilita la creación de cooperativas para que grupos de saharauis puedan hacer frente a una situación de precariedad. “La crisis lleva no solo al nacimiento de nueva economía sino que afecta a la ayuda humanitaria y provocará muchos problemas”, señala Brahim Mojtar, ministro de Cooperación saharaui, quien se enorgullece de ser promotor de la iniciativa privada mediante estos programas.
Sin embargo, el acceso a las cooperativas financiadas por microcréditos está condicionado por la pertenencia de la mitad de los socios al sector público o a la Unión de Mujeres Saharauis. Por ello también han surgido cooperativas particulares orientadas a dar una mayor flexibilidad para sus miembros tanto en la formación como en el pago de los préstamos. La falta de acceso a ayudas es la mayor queja de los jóvenes, así como las limitadas oportunidades en un contexto en el que el ente público no puede absorber la cantidad de graduados cualificados. Y, cuando lo hace, existen disfunciones dentro del sector público con salarios que varían desde los 1.000 dinares diarios que gana un obrero de la construcción a los 4.500 mensuales ganados por el conductor de una ambulancia.
El principal problema al que se enfrenta el sistema económico de los campamentos saharauis es precisamente el refugio prolongado y la falta de mecanismos de regulación fruto de las desventajas de la ayuda internacional y de la dependencia que ello ha creado. Así lo analiza Salama Lehbib Hafed, director del Centro de Trabajadores de Smara, un proyecto innovador que sirve como paso intermedio entre la formación profesional y el mercado laboral. La iniciativa, financiada por AECID y el Gobierno vasco, permite a un grupo de 25 a 32 trabajadores la oportunidad de recibir salarios desde el comienzo, como aprendices (3.000 a 7.000 dinares mensuales) o como trabajadores de pleno derecho, cuyos salarios vienen estipulados en función de los talleres e ingresos. Estos ingresos se obtienen de las ventas de su producción en carpintería, soldadura o panadería a todo tipo de compradores, incluidas las ONG, beneficiando a la economía local. Salama explica la situación que viven los campamentos saharauis: “Lo que ha dado lugar al cambio ha sido la situación de ni paz ni guerra, cuando la sociedad saharaui se abre al mercado exterior. La figura de la cooperación y del estado benefactor disminuyen, dando lugar a una asfixia económica en la que la gente busca salidas particulares”.
En ocasiones, las iniciativas también provienen de algunos gobiernos locales de las wilayas, como el gobernador de Smara, que ha empezado a regular las tarifas de la flota de taxis privados del campamento. De la misma forma, los saharauis idean proyectos relacionados con el imaginario de los campamentos y orientados a contribuir a un sistema económico en transformación. Es el caso del proyecto para el diseño de una nueva moneda acorde con la arraigada tradición local de hacer los pagos y ventas diarios en inexistentes dinares saharauis mediante conversión de los dinares argelinos de oficial circulación. Mohamed Souleiman, estudiante en Batna (Argelia) y uno de los precursores del proyecto, explica que la iniciativa es principalmente artística, pero que pretende involucrar a la sociedad saharaui en el diseño de una moneda que refleje sus aspiraciones, como parte de la creación de un nuevo estado en el que han estado trabajando con la inercia y el tiempo que dan 38 años de exilio prolongado.
