Sira Rego: “Feijóo un día apoya el reparto de menores migrantes y al otro pide enviar a la Armada para frenarlos”

Desde hace años, cada cierto tiempo, tras cada pico de llegadas de migrantes, una misma petición enviada desde Canarias, Ceuta o Melilla resuena por los despachos de Madrid. Piden apoyo al resto de comunidades autónomas en la acogida de los niños, niñas y adolescentes que migran solos. Piden una responsabilidad compartida para dar una mejor atención a estos chavales. Ahora, ante la emergencia humanitaria en Canarias, por primera vez, una propuesta de ley centrada en habilitar un reparto obligatorio en épocas de crisis migratoria, elaborada por el Ejecutivo canario y el central, aguarda el respaldo del Parlamento.

Pero antes, ambos gobiernos buscan ampliar el consenso del contenido del texto con el máximo posible de comunidades autónomas, competentes en la acogida de los menores tutelados. Para ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha convocado una conferencia sectorial en Tenerife el próximo miércoles 10 de julio, con el objetivo de recibir las aportaciones de los gobiernos autonómicos. La tarea no se antoja sencilla, especialmente con las autonomías dirigidas por el Partido Popular, mucho menos después de la escalada del discurso sobre inmigración de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que la semana pasada pasó a abrazar los postulados de Vox.

Aunque la coordinación de la reforma de la Ley de Extranjería que pretende crear el sistema de reparto obligatorio -cuando la capacidad de acogida de Canarias, Ceuta o Melilla alcance el 150%- recae en el Ministerio de Política Territorial, Sira Rego ha participado a lo largo de todo el proceso de negociación y ultima los preparativos de una conferencia sectorial clave para el destino de la medida. En una entrevista con elDiario.es, la ministra desmenuza los retos de los pasos pendientes, así como los detalles de una modificación legislativa que considera crucial para proteger a la infancia migrante en momentos de emergencia.

El próximo 10 de julio se ha convocado la conferencia sectorial de infancia para negociar el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados. ¿Cómo afronta la reunión? ¿Cree que es posible lograr un mayor consenso para que la medida salga adelante?

La Conferencia sectorial lo que pretende es compartir, informar a las comunidades autónomas de la propuesta que hacemos desde el Gobierno para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. De manera paralela desde el año 2022, a partir de un reglamento, un acuerdo para la acogida voluntaria de niños y niñas no acompañadas migrantes por todo el Estado, se ha desplegado un operativo. Es decir, que ya había un acuerdo previo del año 2022 acordado en conferencia sectorial. Pero es un acuerdo que, aunque se cerró en las conferencias sectoriales previas, no ha terminado de materializarse. 

Hay una situación estructural y dinámica del fenómeno migratorio que llega a nuestro país y, por ello, proponemos esta reforma del artículo 35 para aportar una solución mucho más estratégica y sostenible. Llevamos la información a la Conferencia sectorial y planteamos que se haga en Canarias, precisamente porque lo que queremos es que los consejeros y las consejeras de las comunidades autónomas que están al frente de las políticas de infancia, vean un poco las circunstancias en las que están los niños y niñas no acompañados en Canarias.

Pero ¿cree que se va a poder lograr un mayor respaldo de las comunidades, del que depende el apoyo del PP a la reforma?

Nos estamos encontrando con muchísimas resistencias. Planteamos la reforma del artículo 35 porque los mecanismos voluntarios no están siendo cumplidos. Es decir, yo vuelvo a una cuestión central: hay un acuerdo consensuado y aprobado por unanimidad en el año 2022 para la acogida de niños y niñas por todo el Estado, que no se ha cumplido, sobre todo por parte de las comunidades del Partido Popular. 

El Partido Popular deberá aclarar por qué frente a un mecanismo voluntario acordado y ratificado en conferencia sectorial, nos encontramos con que prácticamente el 85% de las plazas no se han cubierto, no se ha cumplido con ese acuerdo voluntario del año 22 y del año 23. Sí se ha transferido la financiación del Estado para la acogida de estos niños y niñas y, sin embargo, no se ha cumplido con el acuerdo, no se ha cumplido con la acogida voluntaria por parte de las comunidades autónomas. 

Un ejemplo: la Comunidad de Madrid en el año 2023 tendría que haber acogido tan solo a 34 niños y niñas de infancia migrante de Canarias en el marco de este convenio y no ha acogido a ninguno, a ninguna. Por tanto, no se está cumpliendo con un acuerdo previo. Por eso, planteamos que ante una situación de emergencia, con unos criterios determinados, se puede activar un dispositivo inmediato para dar traslado a estos niños y niñas en todos los territorios del Estado. Esto es lo que plantea fundamentalmente la modificación del artículo 35. 

El  reglamento que articula la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería fue ratificado por unanimidad por todas las comunidades autónomas en el año 2022. No entendemos por qué ahora dicen que no vale este mecanismo cuando los criterios son sensatos, pues tienen que ver con el nivel de renta de la comunidad autónoma, con la población, con la distribución en base a unos criterios socioeconómicos y, por supuesto, siempre con financiación del Estado.

Aquí tiene que haber corresponsabilidad, porque hablamos de niños y niñas no acompañados, niños y niñas que llegan en circunstancias muy duras, niños y niñas que tienen derechos. Tenemos que hacer políticas públicas de acogida digna que garanticen los derechos de la infancia.

¿Si no se logra un consenso con las comunidades tiene futuro ese cambio legislativo?

El cambio legislativo no depende tanto de lo que suceda en la conferencia sectorial. Esto lo estamos haciendo porque preferimos trabajar desde la transparencia y los acuerdos a todos los niveles. La modificación legislativa le compete al Congreso de los Diputados y las Diputadas, no a la conferencia sectorial de Infancia, pero sí que creemos que es importante que las comunidades autónomas formen parte del proceso de la toma de decisiones.

El PP, que gobierna en Canarias junto a Coalición Canaria, había dejado en manos de sus comunidades autónomas su posible respaldo a la medida, aunque ahora ha endurecido su posición. ¿Por qué cree que se ha dado esta escalada en su discurso anti inmigración?

El Partido Popular está entrando en la lógica de secundar la agenda ultra de Vox. El señor Feijóo un día sale diciendo que está de acuerdo. Al día siguiente sale alguno de sus portavoces diciendo que hay que mandar a la Armada a parar a los niños y niñas migrantes. No deja de ser sorprendente y preocupante que la oposición de este país esté cayendo en las posiciones más ultras y esté planteando nítidamente la vulneración de derechos de la infancia. Cuando el Partido Popular ha secundado un mecanismo de acogida hace dos años, no entendemos este giro. Todo parece indicar que aquí hay una política electoralista, más que la preocupación por velar por los derechos fundamentales de la infancia.

Podría consultar a muchos empresarios que también están contactando con ONG en Canarias y que están planteando mecanismos de empleabilidad para muchos de estos chicos y chicas que llegan a nuestro país. Se puede hacer política migratoria con un enfoque en el que se ponga en el centro los derechos humanos. No debería ser una cuestión de izquierda o de derecha, sino de hacer prevalecer los derechos humanos, las políticas de acogida. 

En la rueda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios y con técnicos de las comunidades, algunos partidos habían transmitido ciertas aportaciones y recomendaciones. El Gobierno central y el canario se comprometieron a trasladarlo a un texto definitivo para presentar en esa reunión con las comunidades autónomas. ¿Hay un nuevo borrador? ¿qué cambios incluye?

Estamos terminando de cerrar las propuestas. La propia conferencia puede ser un espacio también donde evidentemente se hagan aportaciones y se hagan matices. Nosotros y nosotras estamos dispuestas a escuchar a todo el mundo para que cuando lleguemos con el borrador definitivo llegue lo más consensuado posible.

De ahí también la importancia de hacer la sectorial, incluyendo la perspectiva de todos los segmentos de todos los gobiernos, incluso autonómicos, de los grupos parlamentarios. No podemos depositar en una sola comunidad autónoma la gestión de esto, todas las comunidades autónomas en su conjunto tienen que ser solidarias con los territorios de entrada, que son en este caso Ceuta, Melilla y Canarias. No puede ser que los territorios de la periferia se queden en el margen. Los territorios de la periferia forman parte de nuestro país y por tanto, tienen que estar también en el centro de las políticas.

¿Pero hay algún cambio concreto con respecto al borrador presentado anteriormente a los grupos parlamentarios?

Grosso modo, la propuesta es prácticamente la misma, porque se basa en una distribución, en un sistema de acogida muy equilibrado y atiende también a la situación socioeconómica de cada comunidad autónoma. Lo que sí se plantea es que tiene que haber una serie de plazas creadas a partir de un porcentaje. Lógicamente, el Estado se hace cargo poniendo financiación para hacerse cargo de esta política de acogida.

Además de las comunidades del PP, también Catalunya ha mostrado sus reticencias tal y como está ahora planteada la reforma. Catalunya sí acoge ya a un número importante de menores. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno hacia su posición? Dice el PP que no recibirá ningún niño del posible reparto, ¿es así?

Tenemos que ir hacia un sistema más equilibrado. A impulsar una política de acogida activa, distribuida territorialmente. No se está planteando un mecanismo que genere más presión en aquellas comunidades autónomas donde ya hay niños y niñas acogidas, sino se busca hacerlo de manera equilibrada. Es decir, esto no es una distribución asimétrica sin atender a las condiciones de los territorios con carácter previo. Al revés, pretende ser una cuestión sostenible.

Si en un lugar tenemos una saturación de plazas, este mecanismo tendrá que garantizar que se haga de manera equilibrada. Por tanto, no es una regla de tres sin más, es una política que tiene en cuenta la capacidad de acogida previa de los territorios y pone recursos para impulsar la apertura de más espacios para alojarles, porque hay que hacerlo.

¿Cómo se hará? Las comunidades temen que no haya financiación suficiente.

Hay que hacer una radiografía de cada territorio. En función de la radiografía, atendiendo a su capacidad socioeconómica, a su realidad poblacional, atendiendo a muchos factores y muchos criterios, se tiene que hacer esa propuesta de distribución por comunidades que ya son de acogida y que tienen muchas plazas creadas. Quizá algunas tengan que acoger a menos niños y niñas. Quizá a algunas comunidades donde no haya habido una política activa de acogida hay que pedirles ese esfuerzo solidario para que creen esas nuevas plazas.

Va a haber acompañamiento y va a haber financiación. El Gobierno va a poner los mecanismos para garantizar ese equilibrio y para garantizar también la solvencia financiera. Pero tiene que haber una posición de compromiso.

El Gobierno de Canarias ha anunciado que va a acoger a menores migrantes ante la situación de saturación en carpas en los muelles. Va a empezar por Lanzarote, en el muelle de Arrecife. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Tenemos que hacer todo lo posible porque estos niños y niñas estén lo mejor atendidos posible. Desde luego, desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a hacer todo lo posible para tratar de distribuir los recursos para que las llegadas sean atendidas con dignidad y en condiciones.

Tenemos que evitar esta situación. Y se puede evitar con voluntad política. Hay que elegir si nos ponemos en el lado de quienes hacen electoralismo con esto, que es lo que está haciendo el Partido Popular, o si nos ponemos en el lado de dar una solución política. Hay recursos y hay mecanismos para hacer efectiva esa solución. Y esa es la contradicción del Partido Popular, porque tiene unas comunidades autónomas que están pidiendo que se avance en la solución política, porque hay recursos para hacerlo, pero está el señor Feijóo y los portavoces del Partido Popular comprando la agenda ultra de la extrema derecha en nuestro país. La pelota está en el tejado del Partido Popular porque el Gobierno ha hecho los deberes y el Gobierno ha hecho propuestas.

La pelota está en el tejado del Partido Popular porque el Gobierno ha hecho los deberes y el Gobierno ha hecho propuestas.

Recientemente se han revelado las pésimas condiciones de algunos centros de menores de Canarias, como el de Lanzarote. Aunque la Fiscalía pide cerrarlo, el Gobierno lo mantiene abierto. Hablan de agresiones, condiciones insalubres, personal sin formación, acceso a ansiolíticos sin control… Ya que se está intentando una reforma para repartir de forma obligatoria a estos menores, ¿el Estado podría intervenir de algún modo para controlar cómo se está acogiendo a los menores en cada centro? 

Hay que hacer todo lo posible desde todos los frentes, para que se cumpla con los derechos de la infancia, independientemente del origen e independientemente de la situación que tengan. Esto es un elemento central en las políticas del Ministerio de Juventud e Infancia. En cualquier caso, las competencias las tienen las comunidades autónomas y, desde luego, el nivel de exigencia debe ser muy alto. Y luego están todos los dispositivos del resto de los poderes del Estado: los mecanismos de la propia Justicia, de la Fiscalía, etc. Pero sí que creemos que es importante establecer algún mecanismo de coordinación con las comunidades autónomas, lógicamente, para que de alguna manera se verifique que las condiciones siempre deben ser óptimas, sobre todo en el cumplimiento de los derechos de la infancia. 

¿Cómo se van a realizar los traslados y qué administración va a tener la tutela antes y después del desplazamiento del menor a otra comunidad?

El cambio del artículo 35 no modifica la tutela. Solo permite abrir la posibilidad de que se dé un mecanismo inmediato de respuesta ante un fenómeno determinado y puntual de una una saturación en un territorio completo. De esta manera, si se activa este mecanismo y se produce la acogida vinculante en los territorios, también en función de la situación previa de cada autonomía, con financiación del Estado.

Hay casos de menores con necesidades especiales, perfiles que requieren una atención personalizada: potenciales víctimas de trata, niños muy pequeños, demandantes de asilo… ¿cómo se van a detectar y atender esas vulnerabilidades añadidas en el proceso de reparto y posterior acogida?

Tiene que ver mucho con la dinámica de llegada, con situaciones de vulnerabilidad extrema y demás. Los especialistas en la materia forman parte de quienes están atendiendo a la infancia y tienen la formación para determinar esto.

Pero es cierto que tenemos datos de algunos casos preocupantes. Según ACNUR, se estima que un 55% de los niños y niñas migrantes no acompañados que llegan a nuestro país serían solicitantes de asilo. Por tanto, hay que tener un mecanismo muy ágil que nos permita trabajar de una manera muy dinámica. Por esto hablamos también del dinamismo del fenómeno, de tal manera que tengamos capacidad de acogida digna en cada situación y en cada circunstancia.

tenemos datos de algunos casos preocupantes. Según ACNUR, se estima que un 55% de los niños y niñas migrantes no acompañados que llegan a nuestro país serían solicitantes de asilo. Por tanto, hay que tener un mecanismo muy ágil que nos permita trabajar de una manera muy dinámica.

Cambiando de asunto, esta semana el Ministerio de Transformación Digital ha presentado la cartera digital Beta, el sistema de acreditaciones para acceder a webs porno. Será obligatorio para todos los adultos para impedir el acceso de los menores. ¿Qué le parece? ¿Usted lo habría hecho así?

Desde el Ministerio estamos trabajando desde el principio del mandato en la cuestión de los entornos digitales seguros. Nosotras estamos trabajando con el grupo de 50 expertos y expertas y hemos hecho muchas aportaciones. Una buena parte de la Ley de Entornos Digitales Seguros sale del Ministerio de Juventud e Infancia con algunas de las propuestas que ya nos había adelantado el panel de 50 expertos y expertas.

Trabajamos sobre la base de la evidencia científica de la investigación y de la participación de la comunidad educativa, de las familias, de especialistas, de investigadores e investigadoras. Estamos trabajando fundamentalmente en la Estrategia Nacional para Entornos Digitales Seguros. Y, específicamente, de manera muy proactiva, trabajamos en el plan de alfabetización mediática digital, que busca dotar a la infancia y a la juventud de herramientas y capacidades para poder moverse en el entorno digital con libertad y con derechos. 

Sobre ese paquete de medidas que menciona, ¿por qué decidieron presentar la norma sin esperar a las conclusiones de sus expertos?

Hay un debate social y la industria tecnológica está produciendo avances a una velocidad vertiginosa. El grupo de expertos y expertas está planteando un marco para un gran acuerdo de país, un acuerdo intergeneracional de país. No solamente puede haber una ley, que tiene que haberla, no solamente hablamos de aplicaciones que pueden ir modificándose en función de las necesidades de la sociedad, sino que estamos ante un cambio de paradigma: el que sitúan los entornos digitales. Y tenemos que ser capaces como sociedad de articular un acuerdo para movernos en el entorno digital con derechos, con libertad y con garantías de protección a la infancia y a la juventud. 

Por tanto, el grupo de expertos y expertas no solamente aporta a la ley, sino que su función es establecer una estrategia de país, es decir, trasciende a una ley, van más allá de una ley. 

Este sábado se ha reunido la la Coordinadora de Izquierda Unida por primera vez desde la Asamblea para elegir a su Ejecutiva. ¿Cuál es ese papel que debe tener Izquierda Unida tras el paso a un lado de Yolanda Díaz al frente del movimiento de Sumar?

Izquierda Unida es esa organización de siempre, que da certezas. Esa organización de arraigo territorial que trabaja con lo cotidiano, que trabaja con lo pequeño, que tiene que ver con el día a día de la gente, de la gente trabajadora en nuestro país. Tenemos esa historia del municipalismo, reivindicando aquí el municipalismo como esa institución que hace país y en la que Izquierda Unida tiene mucha fuerza.

Y creo que desde ahí, desde el arraigo territorial, desde la diversidad de lugares en los que estamos en Izquierda Unida, tenemos mucho que decir. Y, por supuesto, también con nuestra propuesta de país, con esa visión que tenemos de país federal republicano, con esa visión transformadora de la de la realidad y de poner siempre en el centro la defensa de los derechos.

¿Y cree que en este nuevo tiempo deberían recuperarse también las alianzas electorales con Podemos?

 Yo creo que desde la izquierda tenemos que hacer un esfuerzo por intentar ir a espacios de unidad, siempre de entendimiento. Lógicamente, luego las dinámicas son las que son. Las legitimidades son las que son. Evidentemente, los debates internos de cada organización política son los que son. Pero tenemos que intentar articular al menos espacios de entendimiento, porque estamos viendo el avance de la extrema derecha. La extrema derecha viene con proyectos de recorte de derechos, de recorte de los marcos de convivencia. Y nosotros frente a esto tenemos un modelo de país, tenemos un modelo de sociedad que sí, que es un modelo amplio, que incluya la mayoría social y que defiende los derechos de la mayoría social. Y ahí yo creo que nos tenemos que entender y yo estoy convencida de que nos podemos entender.

Vídeo: Nando Ochando