Las sombras del interrogatorio de la Guardia Civil que ofreció papeles a cambio de información
La promesa de premiar con “las llaves de Europa” a un ciudadano camerunés, Belleti Renaud, a cambio de información despierta las dudas sobre la base legal que ampararía esta clase de prácticas por parte de la Guardia Civil. Los expertos consultados destacan el peligro de la “arbitrariedad” ante un aparente “vacío” que no determina en qué términos un agente puede pedir estas colaboraciones con un as en la manga: el sueño de obtener la residencia legal en España.
La publicación de una grabación reveló las presiones de un guardia civil de Melilla sobre un ciudadano camerunés en un interrogatorio que buscaba conseguir información sobre determinadas personas con las que el subsahariano podría haber coincidido en su viaje migratorio. Además de ofrecer la facilitación de los papeles en caso de colaborar, el agente advirtió sobre las consecuencias de descubrir una mentira entre sus palabras, verle en Melilla “por mucho tiempo”, un castigo para muchos subsaharianos que sueñan con la Península. La opacidad que rodea a cada traslado, el último paso para alcanzar zona Schengen, fue denunciada por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa tras su visita a España.
¿En qué marco legal podría amparse el ofrecimiento? El Instituto Armado por el momento no ha aclarado a eldiario.es si efectúa estos interrogatorios de forma habitual y si, en el caso de estar amparados por la legislación, cuáles son sus límites. La Ley de Extranjería recoge la opción de otorgar la autorización provisional de residencia para extranjeros que se encuentren irregularmente en España que sean “víctimas, afectados o testigos de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad”. Se desconoce si el interrogatorio fue efectuado en el marco de esta vía o de forma arbitraria.
En este caso, según la normativa, los órganos administrativos competentes encargados de la instrucción del expediente sancionador deben informar al potencial testigo “a fin de que decida si desea acogerse a esta vía”. En la grabación a la que ha tenido acceso eldiario.es, el agente no menciona la legislación española ni la posibilidad de adhesión a esta opción legal. El guardia civil se limita a describir las dificultades de los inmigrantes irregulares para conseguir los papeles y los premios que ofrece a aquellos que “dicen toda la verdad”: la residencia en España.
Fuentes jurídicas sugieren que podría tratarse de un paso previo para iniciar el procedimiento recogido por la ley. No obstante, los expertos consultados observan ciertas lagunas. Según deslizan, podría ser consecuencia de la falta de concreción del artículo 59 de la Ley de Extranjería y su posterior desarrollo reglamentario.
“Este tipo de chantajes son posibles debido a la propia Ley de Extranjería, ya que deposita una enorme capacidad de actuación y poder de las fuerzas de seguridad sobre las personas inmigrantes”, asegura Francisco Solans, portavoz de la Comisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.
“La normativa menciona la posibilidad de premiar con la residencia provisional a una persona que, espontáneamente, colabora con la justicia. El objetivo de este punto de la ley consistía en que la víctima en situación irregular no fuera castigada por denunciar, sino al revés. Estq era la teoría, pero su redacción final resultó ser muy floja desde el punto de vista jurídico. Lo deja abierto a la arbitrariedad”, apunta. “Cuando se introdujo el artículo se escucharon críticas. Lo advertimos. Si se le restaba fidelidad a la norma, esta no serviría”.
“En el caso específico de las víctimas de trata de seres humanos, sí existe un protocolo concreto que determina cómo las autoridades deben abrir esta vía de colaboración con ellas que, en este supuesto, incluye la protección”, explica Gema Fernández, abogada de la ONG especializada en trata, Women's Link. En este sentido, anima a realizar una comparación entre la concreción del proceder establecido en la norma cuando se encuentran ante una víctima y el ejemplo del interrogatoria a Renaud -que sería, en su caso, testigo-.
Posible vacío legal
“Si la identificación hubiera sido realizada por otras unidades o cuerpos policiales, estos remitirían inmediatamente a la unidad de extranjería del lugar donde se hubiera realizado la identificación de un informe motivado que contenga los indicios de trata (...) así como previo consentimiento de la víctima la propuesta del periodo de reflexión”, reza el protocolo sobre las víctimas de trata. Otras cuestiones planteadas es que la persona afectada esté informada de que se le está planteando la opción de unirse a una vía de protección establecida por la ley a cambio de su colaboración con las autoridades.
Resaltando la diferencia entre la víctima y un posible testigo de delitos de trata o de facilitación a la inmigración clandestina, la abogada de Women's Link recuerda los momentos en los que no existía el protocolo: “Fue fruto de una gran batalla de las ONG y colectivos dadas las particularidades y necesidad de protección de estas personas. Pero si hubiese un vacío legal en el caso de los testigos, el caso difundido en estas grabaciones podría dejar en evidencia la necesidad de un documento que establezca también una serie de garantías”.
Para el portavoz de la Abogacía Española, la historia del camerunés que se ha atrevido a denunciar supuestos abusos del servicio de información de la Guardia Civil no es un caso aislado. Sí destaca su decisión de difundir estas prácticas. “Viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero generalmente no lo puedes demostrar. No se atreven a denunciar por la misma razón por la que surge el problema, por la que se permite la coacción, por miedo. Y lo peor es que hacen bien en tener miedo. Si un agente decide hacer la vida imposible a un inmigrante, se la puede hacer. Este es el poder que le otorga a las fuerzas de seguridad la Ley de Extranjería”, sentencia.
Renaud se atrevió. En la actualidad se encuentra en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Barcelona a la espera de su expulsión, como otros muchos inmigrantes que son retenidos en estos lugares a la espera de su deportación. Desde el interior del CIE pide ayuda, dicen fuentes cercanas al camerunes. Activistas y compañeros han creado un grupo de Facebook 'Todos con Beletti - Renaud Nyame, con el fin de exigir la liberación del joven.
Reacciones en las asociaciones de guardias civiles
Dos asociaciones del Instituto Armado discrepan a la hora de valorar la difusión de las grabaciones. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se han mostrado extrañados con este tipo de interrogatorios y los identifican con una técnica empleada por este agente para conseguir información, aprovechándose de la vulnerabilidad del camerunés. “No puede ser un método habitual de la Guardia Civil engatusar a un inmigrante a través de promesas falsas”, ha afirmado Juan Antonio Delgado, portavoz de la AUGC, el colectivo de agentes del ala progresista.
“Estas ofertas tendrían credibilidad enmarcadas en una operación importante pero la Guardia Civil no se dedica a dar pasaportes”, puntualiza Delgado.
Desde el otro lado, la Asociación Pro Guardia Civil (AproGC), más conservadora, cuestiona la veracidad de las grabaciones pero “en el caso de que fuesen reales” es “absolutamente normal que la Guardia Civil investigue los delitos de trata de seres humanos y relacionados con inmigración. Si el objetivo es perseguir a las mafias y a los responsables directos de estos lo veo positivo”, defiende Guillermo Prada, portavoz de AproGC.
Cuestionado sobre el método de llevar a cabo estas pesquisas, Prada defiende “el supuesto método” empleado por la Guardia Civil. “No creo que haya una forma concreta para la investigación y para la persecución de delitos. Requiere un trabajo específico de gente que sabe lo que hace. Se dedican a eso, debe ser bien visto y los agentes no deben ser criminalizados por el hecho de investigar”, añade.
“Cuando se acusa a las mafias de la inmigración clandestina suele sonar a una nuebe difusa. Esa labor de investigación pretende poner nombre y apellidos a las mafias. La información es fundamental para perseguir a las mafias”, concluye el portavoz de la AproGC.
