Los trabajadores del Samur Social de Madrid denuncian que “se están vulnerando los derechos humanos” de los refugiados
La plantilla de SAMUR Social (Trabajadores Sociales y Auxiliares de Servicios Sociales) de Madrid denuncia “una situación de continua vulneración de derechos humanos por la carencia de recursos para atender demandas de alojamiento de personas en situación de emergencia social y de extrema exclusión”.
Los trabajadores, en un comunicado, exponen una realidad que se viene agudizando en los últimos meses y que afecta a la atención de familias solicitantes de asilo y familias en situación de calle tras procesos de desahucios. El sistema de asilo y refugio, dependiente de los ministerios de Trabajo y de Interior y las organizaciones encargadas a proporcionar una primera atención, no parece encontrar solución a las familias que hacen largas colas para solicitar asilo y no tienen lugar donde dormir debido a la falta de recursos en la red de albergues.
Desde el Ministerio de Interior explican a eldiario.es que están tratando de agilizar los trámites de manera que “se tomarán medidas que permitan conciliar que la petición de asilo se pueda hacer en unas condiciones dignas con una carga de trabajo razonable para los funcionarios”. Desde el Ayuntamiento de Madrid, de quien depende el Samur, se afirma que se está analizando la situación para dar respuesta a la crisis.
La plantilla del Samur denuncia el extremo al que se llegó la semana pasada, en la que “gracias al equipo humano”, se tuvo que llegar al extremo de facilitar “incluso la pernocta en las instalaciones de la central de nuestro servicio en zonas no habilitadas para el descanso como sillas, mesas o el propio suelo”.
Este pequeño campamento improvisado se zanjó la tarde del pasado viernes, cuando varias familias solicitantes de asilo, procedentes de El Salvador, Venezuela, Colombia, Nicaragua o Georgia, fueron desalojadas de la recepción de la central del Samur Social en Madrid, donde algunos de ellos habían dormido noches anteriores ante la falta de otra alternativa.
La situación, para los trabajadores sociales, “no sólo produce situaciones absolutamente desgarradoras” sino que supone “una vulneración flagrante y sistemática de normativas y leyes internacionales, europeas y españolas: desde el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención de Ginebra, la Carta Social Europea, la Constitución Española o la Ley de Asilo de 2009”, denuncian.
En otras ocasiones, se plantean alternativas de urgencia que se sostienen en el tiempo, como es el caso de las familias refugiadas que viven desde hace meses hacinadas en un centro de emergencias municipal, tras ser deportadas a España desde Alemania por el acuerdo europeo y ser excluidas del sistema de acogida del Gobierno.
Con todo esto, en el comunicado también indican los estragos que se producen sobre los trabajadores, que denuncian estar “sufriendo un desgaste emocional y psicológico sin precedentes, sintiéndonos meros comunicadores de la imposibilidad de dar cobertura a necesidades básicas”, enfrentándose a la “continua sensación de estar quebrantando nuestro código deontológico, nuestra ética personal y profesional, así como los valores que las promueven”, lamentan.
Así mismo, afirman haber informado “mediante los cauces internos oportunos”, de esta circunstancia y de la “profunda inquietud e indignación” de los trabajadores. Aunque reconocen no haber recibido “una respuesta que ofrezca una solución coherente, integra, real y digna”.
Sin dejar de señalar “ la responsabilidad del Ministerio de Interior en lo que supone una clara dejación de funciones y falta de respuesta acorde a la gravedad de la situación”, instan al Ayuntamiento de Madrid a “que asuma y subsane los enormes errores cometidos en la gestión”.
