Vox exige que la Junta denuncie ante la Policía a los inmigrantes sin papeles que vayan al médico o se empadronen
Vox exige que la Junta de Andalucía denuncie ante la Policía a los inmigrantes que, según los registros autonómicos, se encuentren en situación irregular. Es una de las exigencias incluidas en un nuevo documento con el que Vox pretende condicionar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente andaluz. En la práctica, esto supondría que la Junta de Andalucía denuncie ante Interior a aquellos inmigrantes sin papeles que vayan al médico o que se empadronen como exigen los ayuntamientos.
Vox ha exigido al PP como condición para su apoyo que la futura Junta de Andalucía comparta “documentación” de migrantes en situación irregular con la Policía con la finalidad de “colaborar en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”. Según la formación de extrema derecha el Gobierno andaluz “posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes 'ilegales' y no la comparte con la Policía”, pero no aclara de dónde sale esa cifra, ni qué tipo de datos son los que pretende que sean compartidos con el Ministerio del Interior.
Aunque las organizaciones especializadas desconocen de dónde salen los números citados por Vox y el partido no responde a las preguntas de eldiario.es, hay dos mecanismos principales por los que los datos personales de migrantes en situación irregular quedan registrados en la Administración regional o local: a través de los datos recogidos por las instituciones sanitarias o a través del acceso al empadronamiento, que en este caso depende de los Ayuntamientos. La sanidad universal en Andalucía garantiza asistencia médica a cualquier persona, indepedientemente de su situación administrativa.
La Junta de Andalucía no tiene competencias para deportar a inmigrantes en situación irregular, algo que depende del Ministerio del Interior, actualmente dirigido por el Gobierno del PSOE.
En el último año, 54.703 personas han llegado de forma irregular a las costas peninsulares y Baleares, según el balance del Ministerio del Interior de 2018. No hay datos oficiales sobre las entradas concretas a las costas españolas, dado que el Gobierno central no aporta los datos desglosados por comunidades autónomas.
