¿Por qué mentían cuando decían que el Brexit ayudaría al sistema de salud británico?

Es difícil escoger la manifestación más demagógica de la campaña del Brexit, pero una de sus cumbres sería aquel autobús que recorría las calles del Reino Unido diciendo que “en lugar de mandar a la UE 350 millones de libras semanales podríamos financiar nuestro NHS” (NHS son las siglas en inglés del Sistema Británico de Salud). Este autobús fue fletado por la plataforma Vote Leave, en la que participaban miembros prominentes del partido Tory como los ex-ministros de Justicia Chris Grayling y Michael Gove y el ex-alcalde de Londres Boris Jonhson, aunque también participaban miembros del partido laborista, del UKIP y de los liberal-demócratas. El colmo del cinismo se alcanzó en una entrevista a Chris Grayling sólo unos días después del referéndum, donde dijo que destinar al NHS los 350 millones de libras semanales era sólo “una aspiración” de su plataforma. Una vez más se utilizaba el daño social causado por las políticas austeritarias para dirigir el voto protesta hacia una posición determinada, desentendiéndose después de la responsabilidad política ante el deterioro de los servicios públicos. En este caso, son los mismos tories que han estado ahogando financieramente el sistema británico de salud quienes utilizan demagógicamente ese descontento, pasando de puntillas por el hecho obvio de que esa falta de financiación puede solucionarse independientemente de la permanencia del Reino Unido en la UE.

El sistema británico de salud (NHS) ha sido considerado tradicionalmente uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Además, por el momento, permite a los ciudadanos europeos un acceso fácil a la cobertura sanitaria, para el cuál únicamente ha de probarse la residencia en Reino Unido. Pero el NHS se enfrenta, en estos momentos, a grandes dificultades económicas puesto que el aumento de los gastos, debido al envejecimiento de la población entre otros factores, no se ha visto reflejado en un aumento suficiente de la financiación. Cierto es que el gasto en materia sanitaria, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, se encuentra cerca del máximo histórico, pasando este último del 5% de principios de siglo hasta el 8,5% actual. El aumento de los costes sanitarios debido al envejecimiento puede observarse en todos los países de la Unión Europea y otros países han corregido este aumento del gasto con un correspondiente aumento de la financiación. Sin embargo, Reino Unido ha ido perdiendo posiciones en la lista países ordenados por porcentaje del PIB dedicado a gasto sanitario, alejándose cada vez más de países como Suecia, Francia y Alemania (que dedican al sistema de salud más del 11%) y quedando por debajo de la media UE y la media OCDE. El gobierno conservador está aplicando recortes que comprometen la calidad de la atención sanitaria, y el NHS está viviendo verdaderas situaciones de desborde. Todo esto ocurre fuera del foco mediático, ocupado en estos momentos por las noticias sobre el Brexit y por el sempiterno latiguillo de la inmigración, que una vez más es usado como chivo expiatorio y maniobra de distracción frente a políticas de austeridad. Si la calidad del sistema de salud británico no se ha derrumbado ha sido gracias al esfuerzo de sus trabajadores y a la sobrecarga horaria que están soportando. Esta sobrecarga de tareas llega a límites insostenibles en el caso de los médicos “junior” y fue una de las causas que les llevó a la huelga. Las perspectivas a corto plazo son devastadoras, ya que el gobierno conservador pretende recortar 20.000 millones hasta el año 2020/2021 y reducir aún más el porcentaje del PIB en gasto sanitario, hasta dejarlo en el 7%. El fantasma de la privatización sobrevuela la cabeza del NHS, y más aún desde que Theresa May ha insinuado que las corporaciones de gestión sanitaria estadounidenses podrían tener acceso al Reino Unido en un eventual acuerdo de libre comercio con EEUU. Todo esto, a pesar de las nefastas experiencias con la gestión privada, como el caso del hospital de Hitchingbrooke, que pasó a ser gestionado por la empresa Circle un año después de la llegada de Cameron al poder. La empresa pronto comenzó a quejarse de los mismos problemas que afectan al resto del NHS, básicamente el colapso de las Urgencias y el bloqueo de camas que había surgido por los recortes a las ayudas sociales, y decidió romper el contrato de gestión del hospital. La Comisión de Garantía de Calidad (Care Quality Commission - CQC) que durante la gestión de Circle hizo un informe muy negativo acerca del cuidado que recibían los pacientes en el hospital, declaró que había habido grandes progresos en el cuidado de los pacientes una vez que su gestión volvió a ser pública.

La otra vertiente de la crisis del NHS es la crisis del sistema de ayudas sociales (social care crisis). En Reino Unido, las ayudas a los dependientes han sido históricamente mucho más completas que en España, pero el sistema es bastante más costoso. Antes de dar el alta a cualquier paciente dependiente, se evalúa si debe de ser admitido en una residencia, o en su defecto, las ayudas domiciliarias que precisará. En caso de que haya que hacer mejoras en el domicilio (ascensor para escaleras, ducha accesible etc), éstas se llevan a cabo antes de que el paciente obtenga el alta. Los presupuestos para ayudas sociales han sido muy afectados por las políticas de austeridad y recortes, con un 17% menos de gasto desde 2009 para personas mayores de 85 años, mientras su número ha aumentado un 9% en el mismo periodo. Esto ha dado lugar a severos retrasos en la implementación de las ayudas sociales a personas dependientes o en su admisión a residencias de ancianos financiadas, lo que hace que muchos pacientes estén médicamente bien pero no puedan ser dados de alta. Se calcula que estos retrasos al alta han aumentado un 70% de Abril del 2012 a Julio del 2016. Esto a su vez tiene una repercusión muy importante en los departamentos de Urgencias, que ya no pueden ingresar a los pacientes que lo necesitan debido a la falta de camas, y que están teniendo unos resultados pésimos frente a su objetivo de que ningún paciente espere más de 4h en urgencias. También está teniendo un gran impacto en el número de operaciones canceladas por la falta de camas hospitalarias. Un estudio reciente de la London School of Hygiene and Tropical Medicine y la Universidad de Oxford señalan que los recortes en el sistema de ayudas sociales han podido ser la causa de un exceso de mortalidad de 30,000 personas en Inglaterra y Gales en Enero de 2015, el mayor aumento de mortalidad en 50 años. Recordando ahora aquel autobús que prometía 350 millones de libras al NHS, vemos que no puede ser considerado de otra forma que una tomadura de pelo a los ciudadanos británicos o una broma macabra.

Por si fuera poco, el Brexit va a tener un impacto tremendamente negativo en la plantilla del NHS, que con más de 52,000 trabajadores del NHS que se formaron en otros países de la UE, es altamente dependiente de la inmigración europea. Una encuesta reciente de la British Medical Association (BMA) tasa en 60% el porcentaje de médicos formados en otros países de la UE que trabajan en Reino Unido y que están valorando marcharse del RU post-referendum, al tiempo que el número de enfermeros de la UE que han solicitado trabajo en RU ha caído un 90% desde Brexit.

En la actualidad, los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido tenemos un acceso total a la sanidad pública, mientras que quienes realizan estancias cortas (menos de 6 meses) han de solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) en el país de origen. En España cualquier persona cotizando a la seguridad social, o que figure como beneficiario, puede solicitarla. El requisito para obtener la TSE en España es tener un contrato de trabajo indefinido. Si no cumples con ese requisito (contrato de trabajo temporal o sin contrato de trabajo), te darán un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS), que tiene una duración de 3 meses. El problema es que este CPS es un papel que no está reconocido por la UE y al que los gobiernos de la UE ponen muchas pegas para aceptar, llegando incluso a pedir una traducción oficial del documento, pues está expedido sólo en español. Desde Marea Granate informamos de todas estas trabas en la Guía Sanitaria para Reino Unido.

Es probable que la cobertura sanitaria de los europeos en Reino Unido se vea afectada tras el Brexit, de hecho, una de las mayores preocupaciones que tenemos como migrantes es que nos veamos abocados a contratar un seguro sanitario que, por otro lado, muchos quizá no podamos permitirnos. Una posible opción -aunque por supuesto, y como en otros temas, estamos a la espera del inicio de las negociaciones- es que se nos apliquen los condiciones de las personas migrantes desde fuera la UE, los cuales tienen la obligación de pagar un recargo que va de 150 a 200 libras al año por tener acceso al NHS. No se les puede negar en ningún caso la atención hospitalaria, pero sí se les puede pedir un compromiso de pago en caso de no cumplir los requisitos para recibir la cobertura por el NHS. Incluso puede exigirse el pago por adelantado si no es una situación de urgencia. El panorama que se nos presenta a medio plazo no es nada alentador, y si a esto le añadimos la exclusión sanitaria que nos aplicó el gobierno español en 2012 y cuyos efectos sobre los migrantes han sido documentados por Marea Granate, vemos que más nos valdría hacer caso del refrán británico “an apple a day keeps the doctor away” (una manzana al día del médico te alejaría).

Ante la esperable complicación del acceso a la sanidad en Reino Unido tras el Brexit, creemos que el gobierno español debe volcarse en la defensa de nuestro derecho a la salud, un derecho universal que debiera ser efectivo tanto en nuestro país de origen y como en Reino Unido. Pedimos que ésta sea una cuestión prioritaria en las negociaciones, y que ante el riesgo de que nos quedemos desprotegidos, se deroguen inmediatamente las leyes de exclusión sanitaria que afectan a todo el colectivo migrante.

Es difícil escoger la manifestación más demagógica de la campaña del Brexit, pero una de sus cumbres sería aquel autobús que recorría las calles del Reino Unido diciendo que “en lugar de mandar a la UE 350 millones de libras semanales podríamos financiar nuestro NHS” (NHS son las siglas en inglés del Sistema Británico de Salud). Este autobús fue fletado por la plataforma Vote Leave, en la que participaban miembros prominentes del partido Tory como los ex-ministros de Justicia Chris Grayling y Michael Gove y el ex-alcalde de Londres Boris Jonhson, aunque también participaban miembros del partido laborista, del UKIP y de los liberal-demócratas. El colmo del cinismo se alcanzó en una entrevista a Chris Grayling sólo unos días después del referéndum, donde dijo que destinar al NHS los 350 millones de libras semanales era sólo “una aspiración” de su plataforma. Una vez más se utilizaba el daño social causado por las políticas austeritarias para dirigir el voto protesta hacia una posición determinada, desentendiéndose después de la responsabilidad política ante el deterioro de los servicios públicos. En este caso, son los mismos tories que han estado ahogando financieramente el sistema británico de salud quienes utilizan demagógicamente ese descontento, pasando de puntillas por el hecho obvio de que esa falta de financiación puede solucionarse independientemente de la permanencia del Reino Unido en la UE.

El sistema británico de salud (NHS) ha sido considerado tradicionalmente uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Además, por el momento, permite a los ciudadanos europeos un acceso fácil a la cobertura sanitaria, para el cuál únicamente ha de probarse la residencia en Reino Unido. Pero el NHS se enfrenta, en estos momentos, a grandes dificultades económicas puesto que el aumento de los gastos, debido al envejecimiento de la población entre otros factores, no se ha visto reflejado en un aumento suficiente de la financiación. Cierto es que el gasto en materia sanitaria, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, se encuentra cerca del máximo histórico, pasando este último del 5% de principios de siglo hasta el 8,5% actual. El aumento de los costes sanitarios debido al envejecimiento puede observarse en todos los países de la Unión Europea y otros países han corregido este aumento del gasto con un correspondiente aumento de la financiación. Sin embargo, Reino Unido ha ido perdiendo posiciones en la lista países ordenados por porcentaje del PIB dedicado a gasto sanitario, alejándose cada vez más de países como Suecia, Francia y Alemania (que dedican al sistema de salud más del 11%) y quedando por debajo de la media UE y la media OCDE. El gobierno conservador está aplicando recortes que comprometen la calidad de la atención sanitaria, y el NHS está viviendo verdaderas situaciones de desborde. Todo esto ocurre fuera del foco mediático, ocupado en estos momentos por las noticias sobre el Brexit y por el sempiterno latiguillo de la inmigración, que una vez más es usado como chivo expiatorio y maniobra de distracción frente a políticas de austeridad. Si la calidad del sistema de salud británico no se ha derrumbado ha sido gracias al esfuerzo de sus trabajadores y a la sobrecarga horaria que están soportando. Esta sobrecarga de tareas llega a límites insostenibles en el caso de los médicos “junior” y fue una de las causas que les llevó a la huelga. Las perspectivas a corto plazo son devastadoras, ya que el gobierno conservador pretende recortar 20.000 millones hasta el año 2020/2021 y reducir aún más el porcentaje del PIB en gasto sanitario, hasta dejarlo en el 7%. El fantasma de la privatización sobrevuela la cabeza del NHS, y más aún desde que Theresa May ha insinuado que las corporaciones de gestión sanitaria estadounidenses podrían tener acceso al Reino Unido en un eventual acuerdo de libre comercio con EEUU. Todo esto, a pesar de las nefastas experiencias con la gestión privada, como el caso del hospital de Hitchingbrooke, que pasó a ser gestionado por la empresa Circle un año después de la llegada de Cameron al poder. La empresa pronto comenzó a quejarse de los mismos problemas que afectan al resto del NHS, básicamente el colapso de las Urgencias y el bloqueo de camas que había surgido por los recortes a las ayudas sociales, y decidió romper el contrato de gestión del hospital. La Comisión de Garantía de Calidad (Care Quality Commission - CQC) que durante la gestión de Circle hizo un informe muy negativo acerca del cuidado que recibían los pacientes en el hospital, declaró que había habido grandes progresos en el cuidado de los pacientes una vez que su gestión volvió a ser pública.