La OIT aprueba una normativa internacional contra la violencia y el acoso en el trabajo

El mundo del trabajo se puso este viernes de acuerdo para dar luz a la primera norma internacional de tolerancia cero a la violencia y acoso en el trabajo, sea de tipo física, psicológica, sexual o económica, se produzca fuera o dentro del centro laboral, de forma esporádica o repetitiva.

Más de cuatro años de trabajos y negociaciones “difíciles, y por momentos emotivas y tensas” -como las describieron algunos de los delegados que participaron en ellas- fueron necesarios para llegar a un texto aceptable para gobiernos, empleadores y sindicatos, que votaron masivamente a su favor.

En la última jornada de la conferencia del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención para la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Trabajo fue aprobada por 439 votos, frente a 7 en contra y 30 abstenciones, en un sistema único en el mundo y que hace que los gobiernos solo tengan la mitad del poder de decisión.

En el sistema tripartito de la OIT, patronales y sindicatos tienen derecho a voto, pero los del gobierno tienen doble peso.

El nuevo instrumento jurídico cubre todas las categorías de trabajadores, independientemente de su estatus contractual, así como a personas en formación (incluidos aprendices y becarios), así como a aquellos cuyos trabajos han terminado, voluntarios y personas que buscan empleo.

Su aplicación se extiende al empleo informal, que a nivel mundial representa al menos el 60 % del total.

Sin mención al colectivo LGTBI

El convenio abarca la violencia de género y reconoce el vínculo que puede existir entre el mundo del trabajo y este tipo de violencia.

Sin embargo y pese a los esfuerzos de patronales y sindicatos, no se incluyó finalmente de forma explícita a las personas LGTBI como un colectivo especialmente vulnerable a la violencia en el trabajo, por oposición de numerosos países.

“En favor del compromiso se optó por una referencia genérica a los grupos vulnerables en lugar de enumerarlos e incluir a los LGTBI, pero lo que está claro es que todos tienen derecho a una vida laboral libre de violencia”, reconoció ante la prensa el director general de la OIT, Guy Ryder, después de la votación.

Los negociadores también quisieron dar un enfoque de prevención a este nuevo convenio y para ello los Estados tendrán que identificar -en colaboración con organizaciones empresariales y sindicatos- los sectores, ocupaciones y el tipo de organización del trabajo que más expone a los empleados a la violencia y al acoso.

Se ha pensado, por ejemplo, en los nocturnos, los que se realizan de forma aislada, en los servicios sociales y de emergencia, en hospitales, en el transporte, la educación y el entretenimiento, así como en el trabajo doméstico.

Uno de los temas más polémicos durante las negociaciones fue la definición del ámbito geográfico y de las formas que podía adoptar el acoso, con los sindicatos que promovían un enfoque más amplio que los empleadores, quienes temían asumir responsabilidades que iban más allá de su capacidad de acción.

Acoso fuera del centro de trabajo

El convenio considera como lugar de posible violencia no sólo el espacio de trabajo, sino otros entornos como donde los empleados reciben su remuneración, hacen una pausa o comen, y los servicios sanitarios y vestuarios.

También se incluyen situaciones como los viajes de trabajo, las capacitaciones, los eventos sociales en relación al mismo, los lugares de hospedaje facilitados por el empleador y el trayecto de ida y vuelta del trabajo.

Asimismo, se reconoce que la violencia y el acoso pueden ocurrir mediante comunicaciones virtuales vinculadas al trabajo.

Ryder dijo que ahora corresponderá a las organizaciones de empleadores y trabajadores vigilar que los gobiernos busquen rápidamente la aprobación del convenio en sus parlamentos para proceder a su ratificación.

Una vez ratificada por tan solo dos países, la convención entrará en vigor y se convertirá en la 190 que se adopta bajo los auspicios de la OIT en sus cien años de existencia y la primera desde 2011, cuando se aprobó el convenio para la protección de los trabajadores y trabajadoras domésticas.