Abengoa solicita el concurso de acreedores

Abengoa ha solicitado este lunes la declaración de concurso voluntario de acreedores, después de haber fallado en sus intentos de reestructurar su deuda, según ha detallado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En cualquier caso, el Consejo de Administración asegura que seguirá buscando alternativas para evitar la inviabilidad de las filiales y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, para lo que pide “la máxima colaboración” a todas las partes con intereses en la compañía.

La compañía ha tomado esta decisión tras no haber logrado que los acreedores financieros otorguen los consentimientos solicitado con el fin de extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración.

Hasta el pasado 19 de febrero, según ha explicado la firma sevillana, se ha ido extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, a la vez que la firma ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la compañía ha explicado que al no haberse obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el acuerdo de reestructuración ha quedado automáticamente resuelto, de modo que la operación de financiación no puede ser ya ejecutada.

Pelea entre accionistas

El actual consejo de administración de Abengoa ha acusado al grupo de accionistas minoritarios AbengoaShares de maniobrar para mejorar su posición en contra de “los propios intereses de los accionistas en general” y ha reiterado que el plan de reestructuración alcanzado el pasado mes de agosto con sus principales acreedores financieros es “la única opción realista y realizable” para tratar de dotar de viabilidad al grupo.

En un informe sobre la situación de la compañía remitido a la CNMV de cara a la próxima junta general extraordinaria convocada para el mes de marzo, el órgano rector señala que continúa “trabajando y apoyando al equipo directivo de la sociedad en todas las alternativas posibles para alcanzar el objetivo de posibilitar la ejecución de la operación de refinanciación” de Abengoa.

En la documentación, el consejo de administración del grupo relata de las reuniones mantenidas desde su nombramiento el pasado mes de noviembre con la dirección de la compañía, sindicatos, asesores externos, así como con fondos e inversores alternativos a la inyección de 20 millones de euros que iba a asumir la Junta de Andalucía en el plan de rescate.

Así, defiende que las instrucciones impartidas por los accionistas en la junta general celebrada el pasado 17 de noviembre, por la que se adoptó reprobar el plan de reestructuración financiera acordado en agosto, “son contrarias a la ley”, por lo que considera que su decisión de “no proceder a su ejecución en sentido estricto resulta plenamente ajustada a Derecho”.

En concreto, el órgano rector estima que esa instrucción adoptada en la junta de noviembre es “colusoria, es decir, está dictada en perjuicio de terceros”.

A este respecto, señala que los accionistas de AbengoaShares han “adoptado acuerdos e instruido” al consejo, “en un intento de mejorar su posición, siendo ese intento claramente contrario a los propios intereses de los accionistas en general, dado que de no ejecutarse el plan de reestructuración y llevar a la sociedad a la liquidación, su posición esperable es infinitamente peor que la conferida mediante la ejecución del plan, puesto que su participación en el proceso de liquidación sería nula”.

De esta manera, el actual consejo cree que esas instrucciones “son ilegítimas por esperarse de su seguimiento daños a los diferentesinteresados, sin ser realista un resultado más positivo” y elevan “el riesgo de que Abengoa vaya a concurso, sea liquidada y se eleven extraordinariamente las pérdidas de los acreedores y de los propios accionistas”.

Por ello, defienden que si los administradores ejecutan las instrucciones, “podrían incurrir en responsabilidad penal (insolvencia punible del art. 259.5ª y 9ª del Código Penal), en responsabilidad concursal (condena al pago del déficit concursal, ex art. 456 de la Ley Concursal) y, en su caso, en responsabilidad civil ex 1902 CC por los daños que sufran los acreedores”.

Plan de rescate

El pasado 6 de agosto, el grupo alcanzó un acuerdo para que Abengoa Abenewco 1, que según el plan -denominado 'Vellocino'- está previsto que pasará a ser sociedad cabecera de todos los negocios de la empresa, suscribiera un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que solicitó la garantía del ICO al amparo del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19.

Al préstamo de 230 millones sumaba Abengoa una línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, calificada como nueva línea de avales.

El cierre de la operación estaba pendiente de la contribución de la Junta de Andalucía a ese rescate en unos 20 millones de euros adicionales que no se terminó de concretar.

El pasado 23 de diciembre, el nuevo consejo de administración de Abengoa, presidido por Juan Pablo López-Bravo, ya consideró que la refinanciación convenida en agosto era “la mejor y única solución para el grupo”.

El órgano rector de la compañía, con dos integrantes de los tres iniciales tras la dimisión de Jordi Sarrias, advirtió de que demorar su ejecución más allá del día 31 de ese mes “conduciría a la liquidación del grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa SA y para sus accionistas”.