Abengoa amaga con irse de Andalucía si la Junta no le garantiza 20 millones para su rescate

El enésimo plazo que se ha dado Abengoa para conseguir un aval de la Junta de Andalucía por 20 millones de euros, que consolide su millonaria operación de rescate, expira este 6 de noviembre y con ello se incrementa la presión para convencer a una Consejería de Hacienda y Financiación Europea, liderada por Juan Bravo, que se ha cerrado en banda a este tipo de procedimientos habituales de la era PSOE, igual que su homólogo de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco.

En este marco se entiende la filtración de que la compañía estaría estudiando trasladar su sede social a otra comunidad autónoma, lo que en el Gobierno de Andalucía hay quien interpreta como un órdago. Máxime cuando la empresa tiene un negocio pendiente con la Junta de Andalucía que sería impensable si se consumara esa maniobra, y es la venta de sus sobredimensionadas instalaciones de Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia, que es en sí misma una operación rescate porque son muchas las dudas que se han vertido sobre la idoneidad para este servicio.

El caso es que fuentes cercanas a la compañía sí han expresado este miércoles que “si la Junta de Andalucía no demuestra interés en la salvación de la empresa, es lógico que esta se plantee cosas”, para dejar caer que la idea del traslado de la compañía, que tiene en Sevilla la mayor parte de su mermada plantilla, está sobre la mesa. ¿Sería el traslado de la sede social o también de sus oficinas centrales? “Eso no se ha concretado”, han subrayado las mismas fuentes, que recuerdan que la situación “es crítica” y la empresa se queda sin tiempo para idear un nuevo plan, lo que la abocaría a la “quiebra”.

La Junta de Andalucía descarta la mudanza

Pero el consejero Rogelio Velasco, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la aprobación del proyecto de presupuestos para 2020 junto a Juan Bravo, ha descartado esa mudanza. Rogelio Velasco, que ha contestado porque de él depende la agencia IDEA, la que tiene la llave de los avales de este tipo, ha dicho: “Es una empresa nacida en Andalucía, con más de medio siglo de existencia, y estamos seguros de que no va a adoptar la decisión de cambiar la sede social a otra comunidad autónoma”. En ese contexto, ha reiterado que se siguen buscando “fórmulas” para “garantizar la supervivencia” de una multinacional que en Andalucía da empleo directo a unas 1.500 personas, y que llegaron a ser el doble en sus tiempos buenos.

Pero no ha podido concretar más, de manera que esa “búsqueda” es la coletilla a la que se agarra el ejecutivo desde que descartó entrar por la vía aval como preveía Abengoa una vez que lo hizo también el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dando su respaldo a una operación liderada por Cesce y la banca liderada por Caixabank, Bakinter y BBVA.

El PSOE, por su parte, ha vuelto a urgir a PP y Ciudadanos que se comprometan con la salvación de la ingeniería. Su portavoz parlamentario, José Fiscal, ha comentado este miércoles que el Gobierno de Andalucía la está dejando “morir” y “poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo” porque “satanizó” y “criminalizó” las políticas de ayudas a las empresas del Gobierno del PSOE “y ahora se topa de bruces con la realidad y no sabe qué hacer”. Ha insistido en que hay “instrumentos jurídicos suficientes” para evitarlo.

Los accionistas minoritarios fuerzan una junta general extraordinaria

Por su parte, los accionistas minoritarios, que se oponen a un rescate que creen que se centra en salvar a Abenewco 1 y no a la matriz, y por tanto les perjudica, han forzado una junta general extraordinaria para el 16 de noviembre, o 17 en segunda convocatoria. Unidos mayoritariamente en AbengoaShares, explican que pedirán “la aclaración y reprobación de todos aquellos acuerdos” que les “perjudican como accionistas, el cese de los miembros del actual consejo de administración, un mayor porcentaje en Abenewco 1, o bien la elaboración de un nuevo plan de negocio”, entre otras cuestiones, como la revocación de las retribuciones aprobadas el pasado año para los directivos.

Desde el principio sostienen que la compañía es viable y rechazan las medidas de “presión” que entienden que se están ejerciendo para demostrar lo contrario o hacer ver que la solución pasa de manera imprescindible por el aval de la Junta de Andalucía, que son 20 millones de euros, como se ha dicho, de una operación que supera los 500.