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El fondo social de viviendas en alquiler ya tiene condiciones
El Gobierno ha acordado el contenido esencial del que será el convenio para la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler, que se firmará previsiblemente en la tercera semana de enero, lo que permitirá su puesta en marcha a partir del primer trimestre de 2013.
Según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado, el fondo se constituirá con unas 6.000 viviendas propiedad de las entidades financieras y contará con alquileres de baja cuantía.
Podrán beneficiarse del fondo las personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda desde el 1 de enero de 2008 por impago de la hipoteca y que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad social.
El convenio cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector y la mayor parte de las entidades financieras.
Cada entidad financiera constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas que podrá ampliarse. Estas viviendas se ofrecerán a personas que hayan sido objetivo de una demanda de ejecución por parte de la entidad propietaria del fondo.
Las entidades darán información de las viviendas de su fondo social a posibles beneficiarios, a ayuntamientos, diputaciones provinciales colaboradoras, organizaciones no gubernamentales con proyectos de inclusión social y a la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
Esta información, que también estará disponible en las propias entidades, incluirá las características básicas de las viviendas, su distribución por municipios y provincias, los requisitos para acceder al contrato y los términos básicos del mismo.
Pueden ser arrendatarios las personas desalojadas a partir del 1 de enero de 2008 como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de préstamo hipotecario por parte de la entidad que constituye el fondo.
REQUISITOS PARA ACCEDER AL FONDO
En el momento en el que solicite la vivienda, el conjunto de los ingresos de su unidad familiar no puede superar tres veces el Iprem (1.597,53 euros mensuales) y ninguno de los miembros puede tener vivienda en propiedad.
Además, el potencial beneficiario tiene que encontrarse en un supuesto de especial vulnerabilidad como pertenecer a una familia numerosa, a una unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo o a una unidad de la que forme parte al menos un menor de tres años.
También se consideran supuestos de especial vulnerabilidad las unidades familiares en las que alguno de los miembros tiene declarada una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, y aquellas en las que el deudos está en paro y ha agotado sus prestaciones.
Asimismo, forman parte de este colectivo las familias en las que exista alguna víctima de la violencia de género y las que conviven con una o dos personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de hasta tercer grado y con alguno de los miembros en situación de discapacidad o enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente.
ENTRE 150 Y 400 EUROS AL MES
La renta del arrendamiento estará comprendida entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales, mientras que la duración del contrato será de dos años, prorrogable un año más.
Las solicitudes deberán dirigirse a la entidad de crédito, que darán prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social. Para determinarlo, solicitarán un informe a los servicios sociales de los Ayuntamientos o Diputación provincial, que deberán emitirlo en un plazo de 15 días.
Las viviendas se asignarán antes de la finalización de cada trimestre, comenzando el 31 de marzo de 2013. Las organizaciones sociales asesorarán en el proceso y facilitarán el acceso a la información.
El Gobierno creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento en la que participarán, además de las organizaciones sociales, los ministerios que suscriben el convenio, el Banco de España, la FEMP y cuatro representantes de las entidades designados por la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de las Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Asociación Hipotecaria.
