La Agencia Tributaria ha usado durante años un software obsoleto para las escuchas a narcos y defraudadores

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha usado durante años un software obsoleto para pinchar las conversaciones telefónicas de presuntos narcotraficantes y defraudadores. El sistema de escuchas que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) adquirió en 2006 y ha utilizado hasta este año llevaba sin actualizarse desde 2016 y no permitía interceptar conversaciones en 4G y 5G. El organismo, que sostiene que el problema ya está resuelto, adquirió en 2019 otro software, pero no ha empezado a utilizarlo hasta hace unas semanas por retrasos en su puesta en marcha.

“Según informa el Servicio de Vigilancia Aduanera su sistema de interceptación ha dado constantes fallos no registrando multitud de incidencias telefónicas de audio, por lo que finalmente se ha centralizado la observación telefónica en el sistema de interceptación de la Guardia Civil”, indica una diligencia presentada recientemente en un juzgado, en el marco de una investigación conjunta del instituto armado y la AEAT.

Esas líneas resumen los problemas que arrastra desde hace años el Syborg Interception Center (SIC), sistema informático utilizado en la última década por el SVA para interceptar las escuchas a presuntos narcos y la persecución de delitos contra la Hacienda Pública como el blanqueo de capitales.

En la agencia hay quien dice que un sistema que debería evocar a la famosa serie The Wire se ha quedado con los años en algo más propio de la española Los Hombres de Paco. El caso arroja nuevas dudas sobre la política de compras del SVA, que recientemente ha gastado más de 8 millones de euros en una patrullera que tiene graves problemas de navegabilidad.

El SVA, integrado en la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, es el cuerpo armado de la AEAT. Depende orgánica y funcionalmente del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Y está pilotado por cargos cuyo nombramiento data de la época del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Ese software obsoleto fue adquirido en 2006 por la Agencia Tributaria a la compañía alemana Syborg por 1.595.000 euros de la época, según explica el organismo a preguntas sobre este asunto en un correo electrónico en el que asegura que “la problemática está ya solventada”.

En ese correo, la agencia reconoce que ese sistema lleva sin actualizarse desde 2016 y tenía “limitaciones técnicas relevantes que se trataron de subsanar mediante sucesivas actualizaciones”, hasta que en 2018 se inició la tramitación de un procedimiento para la adquisición de un nuevo sistema “capaz de interceptar los nuevos servicios de comunicaciones que ofrecen los principales operadores, incluyendo 4G y 5G”.

El problema es que el nuevo servicio, adjudicado en 2019 a otra empresa, no ha podido empezar a utilizarse hasta hace unas semanas. “Se encuentra operativo desde finales de octubre pasado, de manera que la problemática está ya solventada”, asegura la AEAT.

“El 25% de las llamadas”

Varios empleados de la agencia explican a elDiario.es que el problema viene de lejos. Según un trabajador del SVA, “a partir de 2018-2019 el sistema empieza a dar fallos”. “Era un disparate: nos poníamos en contacto con Guardia Civil y nos decían: ¿Habéis escuchado esta conversación? No, no la tenemos…. y así un día, y otro”.

Al solicitar a los juzgados autorizaciones para intervenir conversaciones telefónicas, los investigadores de la agencia se dan cuenta de que no se están recogiendo todas las llamadas que se hacen: ni las entrantes ni las salientes.

“Cuando el personal de la agencia presenta los informes en el juzgado sobre la realización de las escuchas telefónicas, resulta que aproximadamente solo se interviene el 25% de las llamadas que se realizan realmente”, relata ese empleado.

Esto, como es lógico, “es un problema” que “puede producir un grave perjuicio a la investigación”: “Estamos utilizando un programa que está obsoleto, que no recoge las llamadas en 4G ni en 5G”, resume ese trabajador, que subraya lo obvio: que en un proceso de este tipo “no tiene sentido escuchar una conversación aleatoria”.

“Es más fácil atrapar a un supuesto blanqueador por teléfono que a un traficante de hachís, porque tienen menos conciencia de que se les escucha”, dice otro trabajador. Un técnico del SVA que lleva desde mediados de la década pasada dedicado a las escuchas telefónicas explica que en esa época el SIC “funcionaba bien”.

Pero “ya en 2018 empezó a dar fallos. Nos decían que era por el ancho de línea, que al haber muchos usuarios por la Intranet, colapsaba el sistema, que las llamadas entraban con un día de retraso y eran cosas puntuales”.

Y así hasta este 2021. El pasado verano, “se supo de una actividad delictiva de contrabando de hachís en mi zona. Estaba la cosa para judicializarlo y pedir autorización para pinchar teléfonos. Se nos dijo que no, porque el sistema fallaba”.

Este trabajador lamenta que se haya pasado de unos años “con aprehensiones de grandes alijos de hachís y cocaína y en los que Vigilancia Aduanera tenía medios punteros para escuchas telefónicas o geolocalización de vehículos” a “ir a remolque” de los cuerpos policiales.

La AEAT afirma por correo electrónico que “no se puede fijar un momento concreto” para precisar cuándo empieza SIC a dar problemas. El sistema, afirma, permite escuchas de redes 4G en voz, pero no en datos.

Tras su adquisición, se fue actualizando a través de un servicio de soporte y mantenimiento. Además, “se han elaborado expedientes específicos para mejorar sus prestaciones y adaptar sus capacidades al entorno (cambio en los interfaces de entrega de los operadores, nuevos servicios, etc.)”.

Así, “en el ejercicio presupuestario de 2008 se contrató una importante actualización por un importe de 209.800 euros, y en el ejercicio presupuestario de 2010 una nueva, incluyendo el cambio de versión de la plataforma, por un importe de 554.300 euros. Posteriormente, se han contratado diversas adaptaciones de la infraestructura y ampliaciones menores de su capacidad de almacenamiento y base de datos, la última de ellas en 2016”.

“No obstante, el despliegue por los operadores de nuevas tecnologías de comunicaciones, en particular las redes 4G, junto con el permanente incremento del tráfico por abonado de los servicios interceptados por el sistema en los últimos años, hizo necesario plantear la adquisición de un nuevo sistema”, explica la AEAT.

Nuevo sistema

“Así, en el ejercicio presupuestario de 2018 se elaboró el expediente para la adquisición de un nuevo sistema de interceptación y monitorización de las comunicaciones”, conocido en el argot como SIMON, que “permitiera interceptar los nuevos servicios de comunicaciones que ofrecen los principales operadores de telecomunicaciones”, indica la agencia.

“Asimismo, se exigía la máxima escalabilidad al sistema con el objetivo de permitir su adaptación durante los próximos años a las necesidades de almacenamiento y de proceso, así como la integración de nuevos operadores de comunicaciones, nuevos servicios y la adopción de nuevos estándares de comunicaciones”.

Según indica la agencia, “el sistema ha sido recepcionado y ha entrado en operación a finales de octubre pasado”. Trabajadores del organismo explican que este mismo mes se ha realizado un curso de formación sobre interceptación de comunicaciones en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda con este nuevo sistema.

Con él, “el Departamento de Aduanas tiene plena capacidad de atender la interceptación legal de cualquier servicio de comunicaciones prestado por los principales operadores, así como de adaptarse a los nuevos servicios que se desplieguen en el futuro”, asegura la AEAT.

Más de dos años después

El contrato se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y, tras invitar al procedimiento a cuatro empresas, se adjudicó por un importe de 1.406.000 euros, más dos años de soporte y mantenimiento por otros 421.800 euros, explica la AEAT. Según consta en la plataforma de contratación del Estado, el contrato se formalizó el 30 de septiembre de 2019. Los pliegos no son públicos, por el carácter reservado del servicio. Pero en la información disponible se indica que en ese momento se daban “seis meses para la entrega del sistema y dos años para el mantenimiento”.

¿Qué ha pasado para que no se ponga en marcha hasta que han transcurrido más de dos años, hace apenas unas semanas?

Según la AEAT, porque “una vez entregado, y antes de la recepción por parte de Vigilancia Aduanera, era necesaria una labor del adjudicatario, en contacto con el Departamento de Informática, que requiere que los distintos software externos se integren en la informática corporativa, a efectos de garantizar la seguridad e integridad de la arquitectura informática de la Agencia, y estos trabajos informáticos se vieron dilatados con la pandemia”, que ha mandado a casa a millones de personas para trabajar en remoto.

La adjudicataria del nuevo sistema fue el grupo Excem, de la familia Hatchwell, pilares del empresariado de la comunidad judía en España y cuyo patriarca, el fallecido Mauricio Hatchwell, fue fundador y primer presidente del Comité Internacional Judío Sefarad y, entre otros reconocimientos, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990.

Con presencia en negocios tan diversos como el cemento, el inmobiliario o las telecomunicaciones, la división de tecnología de Excem tiene entre sus clientes, según su web, además de a la Agencia Tributaria, a la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra. También a entidades públicas como Aena y Adif, los ministerios de Interior y Defensa o la Generalitat de Catalunya. Y empresas como Telefónica, Acciona, ACS, Orange o Yoigo.

El actual cabeza visible de Excem es David Hatchwell, uno de los empresarios que convenció al magnate estadounidense del juego Sheldon Adelson para que instalara el fallido proyecto de Eurovegas en la Comunidad de Madrid. Más reciente, Hatchwell ha acompañado al músico Nacho Cano en su frustrado intento de construir una pirámide azteca con teatro y macroparking para montar un musical en el barrio de Hortaleza.