El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la primera querella interpuesta a raíz del escándalo de Banco Madrid, dirigida contra la propia entidad y sus antiguos responsables por un delito de blanqueo de capitales.
Se trata de la querella que presentaron a principios de abril las mercantiles y clientes de la entidad Marine Instruments y Liunaski contra Banco Madrid y su expresidente José Pérez; el exconsejero delegado Joan Pau Miquel -en prisión en Andorra-; los hermanos y dueños de BPA Higini y Ramón Cierco; Soledad Núñez y Ricard Climent y el exsecretario del Consejo Rodrigo Achirica.
Andreu reproduce los hechos descritos en el escrito, en el que se recogían los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir esta entidad el pasado 10 de marzo, lo que provocó la dimisión en bloque de los consejeros querellados, al tiempo que el supervisor andorrano hacía lo propio con su matriz, acusada por Estados Unidos de ayudar a lavar dinero del crimen organizado.
Para el juez, estos hechos deben ser objeto de investigación penal en la Audiencia Nacional, ya que la hipótesis de la querella no se advierte “ni absurda ni irracional, desde el momento en que consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervención de Banco Madrid” después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas decidiera intervenir BPA.
Una decisión que, según explica Andreu, se basó en asegurar el cumplimiento por parte de BPA de la normativa en materia de blanqueo de capitales.
Además, los denunciantes explicaban las circunstancias que habían llevado al banco al concurso voluntario de acreedores, presentado por los administradores que había designado el Banco de España tras la estampida de sus consejeros, y que aceptó el juez de lo Mercantil número 1 de Madrid, que inició los trámites para proceder a su liquidación.
El juez que tramita el concurso aseguraba que “el pánico y desconfianza de los clientes” causó una fuga de depósitos entre el 10 y el 13 de marzo de 124 millones de euros, a los que se unían otros 52,3 millones de órdenes pendientes de ejecución y el “riesgo” de que gestoras de fondos pudieran cursar otras por un importe cercano a 150 millones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó favorablemente a la competencia de este tribunal para investigar los hechos y a recabar en Anticorrupción la información sobre si existen investigaciones preliminares sobre esta materia, propuesta que ahora asume el juez Andreu.
No obstante, con carácter previo a practicar cualquier diligencia, se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para confirmar si está tramitando diligencias sobre estos mismos hechos y de ser así, recabarlas para evitar duplicidades.
De hecho, Anticorrupción ya abrió sus propias diligencias de investigación el pasado 13 de marzo a raíz de la denuncia que ese mismo día le presentó la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, tras detectar operaciones irregulares que podrían indicar que la entidad ayudó al blanqueo de capitales.
En esas operaciones sospechosas de blanqueo denunciadas por el Sepblac, salieron a relucir nombres como el del ruso Andrei Petrov, o la trama china de Gao Ping, así como los de altos cargos del Gobierno venezolano de Hugo Chávez o el de uno de los jefes de campaña del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, así como el de la familia Carceller, propietaria de Damm.