“No podemos prometer que no volverá a pasar. Pero hacemos lo posible para que no ocurra nunca más”. Así resume una fuente de la Comisión Europea la entrada en vigor del nuevo reglamento comunitario sobre la homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de motor, aprobado en 2018 para evitar un dieselgate que, cinco años después, sigue en la memoria de los europeos.
Aquella manipulación de emisiones contaminantes por parte de Volkswagen (VW) se produjo porque el fabricante había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015. Como resultado de este fraude, descubierto por una investigación independiente de International Council on Clean Transportation (ICCT), sus motores habían superado con éxito los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
Consecuencia de todo aquello, entra en vigor este martes el nuevo reglamento de la UE sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor, adoptado en mayo de 2018, y que revisa y endurece considerablemente el sistema anterior de homologación de tipo –que el tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica cumple con la normativa– y de vigilancia del mercado al reforzar los tests de los vehículos y aumentar los controles de los automóviles con una mayor supervisión europea.
Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, ha afirmado: “A partir de ahora, la Comisión Europea podrá efectuar controles de automóviles e imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo en caso de que se incumpla la ley”.
Los servicios técnicos que realicen tests e inspecciones de nuevos modelos de automóviles serán objeto de una auditoría independiente sobre la base de criterios estrictos, explica Bruselas: las autoridades nacionales de homologación están, a partir de ahora, sometidas a revisiones para asegurarse de que las normas se apliquen y se hagan cumplir de manera rigurosa en toda la UE.
“El nuevo marco mejora también los controles de los vehículos que ya circulan en el mercado y los controles para su venta en los concesionarios”, prosigue la Comisión Europea: “A partir de ahora, los Estados miembros están obligados a someter a tests con regularidad un número mínimo de vehículos y podrán adoptar medidas de salvaguardia contra los vehículos no conformes en su territorio sin esperar a que actúe la autoridad que expidió la homologación”.
Todos los Estados miembros deben realizar una prueba de verificación en al menos un automóvil por cada 40 000 nuevos vehículos de motor matriculados. Aunque la atención se centra en las pruebas de emisiones, también se comprobará la seguridad, dice Bruselas. Dado que en 2019 se registraron casi 17,9 millones de vehículos de motor nuevos en la UE, esto significaría que tendrían que llevarse a cabo al menos 447 controles de vigilancia del mercado de vehículos repartidos por los Estados miembros para cumplir las nuevas normas.
Además, la Comisión Europea puede ahora llevar a cabo controles de cumplimiento y conformidad de vehículos en laboratorios o en carretera. En caso de que los fabricantes incumplan la legislación en materia de homologación (por ejemplo, dispositivos de desactivación o declaraciones falsas), el Ejecutivo comunitario puede ordenar retiradas del mercado a escala de la UE e imponer a tales fabricantes sanciones de hasta 30.000 euros por automóvil. Hasta hoy solo las “autoridades nacionales de homologación de tipo del automóvil podían imponer tales medidas”.
La homologación de tipo es el proceso para certificar que un vehículo cumple todos los requisitos para ser introducido en el mercado y para controlar el cumplimiento de la legislación de la UE por parte de los fabricantes, incluidos los límites de emisiones establecidos en un reglamento aparte.
Las nuevas normas de homologación fueron propuestas por Bruselas en 2016 tras el escándalo del dieselgate y fueron adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo (los 27 gobiernos de la UE) en 2018.