Diez bombas desperdigadas por Industria en su normativa contra el autoconsumo

El borrador de Real Decreto de autoconsumo del Ministerio de Industria, irónicamente publicado el pasado 5 de junio, día mundial del Medio Ambiente, aprovechando el vacío de poder autonómico tras el 24-M y actualmente en fase de consultas, hará prácticamente inviable, según el lobby solar, la autoproducción de electricidad. Una alternativa que defienden en Estados Unidos sectores teóricamente no muy lejanos del PP como los ultraliberales del Tea Party y también la Iglesia Evangélica.

La drástica caída de los precios de los paneles solares en el último lustro, de en torno al 80%, unida a la flexibilidad de esta tecnología y la rapidez de su instalación (bastan unos meses para poner una pequeña planta en marcha) supone una amenaza para el oligopolio de las grandes eléctricas. El autoconsumo, según sus defensores, incrementa la competencia, abarata el precio del kilovatio (kW) en las horas de mayor demanda y reduce el mercado de las fuentes de energía convencionales. Un coco para las grandes del sector que Soria teme, además, que contribuya a engordar el famoso déficit de tarifa, cuya erradicación ha sido la única prioridad del canario durante la legislatura que se agota.

Los defensores del autoconsumo defienden que cada 100 megavatios (MW) instalados de autoconsumo implican una reducción de los ingresos del sistema de 2,2 millones de euros, equivalentes a un 0,01% del total. 

Especialmente indicado para las pymes (sobre todo del sector servicios) y otras unidades de producción y consumo como colegios y hospitales, cuya demanda coincide con las horas en las que más luce el sol, el autoconsumo (y, de rebote, las famosas baterías de Tesla) lo tendrá muy difícil si sale adelante la norma impulsada por el ministro José Manuel Soria y su secretario de Energía, Alberto Nadal. Estas son algunas de las minas que esconde un borrador que rechaza prácticamente toda la oposición y que convertirá a España “en un caso único contra el autoconsumo solar”, según denuncia José Donoso, director general de la patronal fotovoltaica UNEF.

Mantener el impuesto al sol cambiándole el nombre

En lugar de una tasa conocida como “peaje de respaldo” que contemplaba el borrador de 2013, (expresión acuñada por Iberdrola), el cargo a los autoproductores o “impuesto al sol” se desglosa ahora en dos. Por un lado, un peaje de acceso a las redes para que contribuyan a “los costes de las redes de distribución y transporte”, que abonarán “por el uso real que se haga de ellas” y, por otro, un “cargo asociado” al resto de costes del sistema. Como dice Donoso, “es el mismo perro con distinto collar”.

Obligados a regalar la luz sobrante a las eléctricas

Salvo que den de alta una empresa en el registro mercantil y efectúen declaraciones periódicas de IVA, algo que difícilmente  compensará a un hogar, la variedad de autoconsumo con conexión a la red eléctrica reservada a los particulares (“suministro con autonsumo”) establece que la producción sobrante vertida al sistema “no podrá llevar aparejada contraprestación económica”. Lo que les sobre deberán cederlo, salvo acuerdo con la distribuidora. Las empresas sí podrán vender esos excedentes al precio que marque el mercado eléctrico (conocido como 'pool'), pero sólo las plantas más pequeñas (hasta 100 kW).

La única variedad de autoconsumo que contempla el borrador en la que no hay tope a la potencia de la instalación es la de las conectadas por línea directa a un consumidor (una granja conectada a la red eléctrica que, a su vez, esté conectada a una instalación de autoconsumo, por ejemplo). En este caso, también está prohibida la venta de los excedentes generados. El sector cree que existe una “discriminación” con respecto a otras tecnologías por ese tope de 100 kW, un límite que no existe para la cogeneración, utilizada por muchas industrias para aprovechar el calor generado en su proceso productivo para generar electricidad. 

Veto a los pobres energéticos

Estas instalaciones no podrán tener una tarifa regulada. Ni el denominado PVPC (al que están acogidos la mayoría de hogares), ni el bono social, reservado para los consumidores más vulnerables. Desde el Gobierno y las eléctricas el argumento es el mismo: un pobre no puede pagarse una instalación de este tipo, cuyo coste para un hogar no baja de los 9.000 euros. Sin embargo, UNEF defiende que tras esta medida hay “una insensibilidad con la pobreza energética” y recuerda que hay varias ONG con proyectos en marcha para poner a disposición de personas sin recursos instalaciones de autoconsumo.

Obliga a reducir la potencia de instalaciones ya existentes

La variedad de autoconsumo reservada a los particulares sólo se permite para plantas con hasta 100 kilovatios (kW) de potencia. Pero en lugar de tomar como referencia la potencia nominal, como hasta ahora, tiene en cuenta a la máxima (pico). Y como entre ambas hay una diferencia de potencia que ronda el 5%, puede haber instalaciones ya en marcha que tengan que reducir su potencia para adaptarse a la norma.

Freno a las autonomías

El decreto, según UNEF, será “retroactivo”, por lo que las instalaciones que ya están en marcha y ya han sido regularizadas por las comunidades autónomas entrarían en la ilegalidad si no se adaptan al mismo. Regiones como Cataluña, Baleares y Navarra, entre otras, han concedido por la vía rápida autorizaciones de instalación y puesta en marcha de placas solares en hogares y pymes para autoconsumo que ahora tendrán que adaptarse a la norma estatal. La patronal del sector calcula que el año pasado se instalaron en España unos 22 MW fotovoltaicos, la mayoría para autoconsumo en sector servicios, aprovechando estas ventajas.

Tapón para las empresas de servicios energéticos

Las denominadas ESE, vistas durante un tiempo como un nicho de generación de empleo como alternativa al pinchazo del ladrillo, van a ver limitado su negocio si sale adelante el decreto. El texto establece que, cuando haya vertido de energía a la red, el consumidor y el productor en una instalación deberán ser la misma persona física o jurídica. Esto impide que las ESE puedan ofrecer a una empresa interesada en autoproducir energía la financiación inicial y la solución técnica para la instalación, que se iría pagando con los ahorros generados.

Pagar a las eléctricas 400 euros por un estudio de viabilidad

El decreto acaba con la posibilidad de legalizar instalaciones por el Reglamento Técnico de Baja Tensión. Ahora, deberán regularizarse todas las instalaciones por el proceso más complicado y costoso, el establecido en el Real Decreto 1699/2011. “Alguien que haya comprado una placa de 1.000 euros tiene que solicitar un estudio de conexión eléctrica aunque no vaya a verter energía a la red que le va a costar 400 euros”, explica Donoso, que lo califica de “irracionalidad absoluta”. En el caso de las plantas de menor tamaño, “en Portugal basta con entrar en la web del ministerio y comunicar que se tiene una instalación de esas características”.

Efímero apoyo en los sistemas extrapeninsulares

El propio decreto reconoce que el autoconsumo de electricidad en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla es actualmente mucho más económico que la generación convencional, por tratarse de sistemas aislados. Pero el plazo de cuatro años por el que se librarán del denominado 'impuesto al sol' no va a permitir amortizar ninguna instalación, privando al conjunto del sistema del efecto beneficioso que tendría la puesta en marcha de tecnologías más eficientes en unas regiones con un sobrecoste de 1.800 millones de euros anuales a cargo de todos los consumidores de luz.

Cortocircuito a las baterías de Tesla

Mientras en Alemania los acumuladores disfrutan de subvenciones del 30% a través de exenciones fiscales, del borrador se desprende, según UNEF, “una prohibición explícita” a través de recargos que penalizan especialmente a la tarifa 3.1, que es la habitual en el sector servicios (por ejemplo, una gasolinera o un restaurante). Para Donoso, puede tener un efecto perverso: va a propiciar que cuando la estadounidense Tesla saque al mercado sus famosas baterías “la gente se desconecte de la red, y eso sí que será un problema para el sistema eléctrico”, por la reducción de ingresos que conllevará.

Multas multimillonarias a las placas ilegales

El borrador mantiene las desproporcionadas multas que fija la Ley del Sector Eléctrico, de hasta 60 millones de euros, por no tener legalizada una instalación de autoconsumo: el doble que por ocultar un escape nuclear y 260 veces más alta que el castigo a la negligencia en un accidente de aviación con víctimas. “Esperamos que ningún juez en su sano juicio autorice una multa tan desproporcionada”, dice el director general de UNEF.