Bruselas aprueba la excepción ibérica para rebajar la factura de la luz en España y Portugal

La Comisión Europea ha aprobado el mecanismo ibérico para rebajar la factura de la luz en España y Portugal. El sistema permite limitar el precio del gas en la Península Ibérica para no trasladarlo directamente a la factura de la luz y, así, conseguir un abaratamiento. “La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, una medida española y portuguesa por valor de 8 400 millones EUR destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles”, ha explicado el Ejecutivo comunitario este miércoles.

Según explica el Gobierno español, el BOE publicará este jueves que la fecha de aplicación del mecanismo será el próximo martes, 14 de junio, “y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente, miércoles 15 de junio. De este modo, las compañías eléctricas y el resto de agentes del mercado tienen plazo suficiente para presentar las garantías económicas que respalden sus operaciones”.

“La Comisión ha aprobado el mecanismo ibérico tal y como está plasmado en el Real Decreto-ley 10/2022”, prosigue el Ejecutivo, “cuya convalidación se someterá mañana a votación en el Congreso de los Diputados. Durante sus 12 meses de vigencia rebajará las facturas de las familias y las empresas y les protegerá de la volatilidad de los precios del gas en los mercados internacionales”.

La vicepresidenta de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, declara: “La medida temporal que hemos aprobado hoy permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad en beneficio de los consumidores. Al mismo tiempo, se preservará la integridad del mercado único. Además, esta medida permite a España y Portugal disponer de cierto margen de tiempo para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde, y, en última instancia, mitiguen aún en mayor medida los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales”.

Según Bruselas, “la medida se ha aprobada reconociendo que las economías española y portuguesa están experimentando una grave perturbación”. Y añade: “La medida está en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre seguridad del suministro y precios de la energía asequibles, así como con las conclusiones del Consejo Europeo, ambas de marzo de 2022, en las que se hace referencia a la adopción de medidas temporales de emergencia para reducir los precios al contado del mercado de la electricidad en favor de las empresas y los consumidores, que no afecten a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común”.

La Comisión Europea argumenta que “el aumento sostenido de los precios del gas tras el ataque injustificado de Rusia a Ucrania ha dado lugar a un aumento de los precios de la electricidad en toda la UE”.

“En este contexto”, dice el Ejecutivo comunitario, “en mayo de 2022, España y Portugal notificaron a la Comisión Europea su intención de adoptar una medida por valor de 8.400 millones de euros (6.300 millones correspondientes a España y 2.100 millones a Portugal) para reducir los costes de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles con el fin de reducir sus costes de producción y, en última instancia, el precio en el mercado mayorista de la electricidad, en beneficio de los consumidores”.

La medida se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023.

¿Y cómo funciona?

Según Bruselas, “la modalidad de la ayuda será el pago de una subvención directa a los productores de electricidad con el fin de financiar una parte de sus costes de combustible. El pago diario se calculará como la diferencia de precio entre el precio de mercado del gas natural y un límite máximo del precio del gas fijado en una media de 48,8 EUR/MWh durante el período de vigencia de la medida. Más concretamente, durante los seis primeros meses de aplicación de la medida, el límite de precio efectivo se fijará en 40 EUR/MWh. A partir del séptimo mes, este límite se incrementará mensualmente en 5 EUR al mes, lo que dará lugar a un límite de precio de 70 EUR/MWh en el duodécimo mes”.

La medida se financiará, explica el Ejecutivo comunitario, “mediante una parte de las denominadas rentas de congestión, es decir, las rentas obtenidas por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España, y una cuota impuesta por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida”.

La Comisión Europea dice haber evaluado la medida “con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la UE, en virtud del cual, los Estados miembros pueden conceder ayudas a empresas o sectores específicos para poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro”.

Así, la Comisión ha concluido “que la medida se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales”.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha constatado que la medida “difiere de otras modalidades de intervención de precios debido a las circunstancias particulares del mercado mayorista ibérico de la electricidad. En concreto, la limitada capacidad de interconexión de la Península Ibérica, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad, así como la elevada influencia del gas en la fijación de los precios de la electricidad han provocado una perturbación especialmente grave de las economías española y portuguesa”.

Bruselas, así, entiende que la medida ibérica es “adecuada, necesaria y proporcionada. En particular, la medida reducirá los precios mayoristas de la electricidad en favor de los consumidores, sin afectar a las condiciones comerciales en forma contraria al interés común. Por otro lado, la medida no va más allá de lo necesario para hacer frente a los precios excepcionalmente elevados de la electricidad en la Península Ibérica”. Y añade: “Tiene un carácter estrictamente temporal, ya que solo se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023”.

Además, según el Ejecutivo comunitario, “la medida aprobada hoy [por este miércoles] reduce al mínimo el falseamiento de la competencia y evita posibles efectos negativos en el funcionamiento de los mercados de la electricidad al contado y a plazo. Por otro lado, en consonancia con las normas del mercado interior, la medida no da lugar a restricciones transfronterizas al comercio ni a discriminación entre consumidores ibéricos y no ibéricos”. 

En una rueda de prensa en el ministerio en Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha insistido en que el ahorro para los consumidores será “entre el 15% y el 20% de lo que hubieran pagado en todo este tiempo en ausencia de este mecanismo”. Ha señalado que Bruselas ha aprobado el mecanismo “sin ningún tipo de cambio” respecto al decreto ley aprobado hace un mes, norma que ha confiado en que “sea respaldada por el conjunto de las fuerzas políticas”, PP incluido.

Ha reconocido que la luz verde ha tardado “un poquito más” de lo esperado y lo ha atribuido a que Portugal remitió una versión mucha más corta del texto sobre la que la Comisión “planteó algunas preguntas”, y a ello se han sumado varios festivos en Bruselas. Dudas que han quedado despejadas tras las aclaraciones publicadas hace unos días por el regulador portugués de la energía, ERSE. La Comisión ha hecho, según Ribera, un “trabajo ejemplar, extraordinariamente ágil” y “no es habitual” que “se pronuncie tan rápidamente” en un procedimiento de este tipo, informa Antonio M. Vélez.

Bruselas cuestiona por primera vez la “estructura del mercado eléctrico”

“El gas es el más caro y define todo el precio. Este sistema de mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo”, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Hay un nuevo sentido común en Bruselas en relación al mercado eléctrico. Por primera vez desde que España promoviera hace un año la idea de la reforma de un mercado que lleva a que la energía más cara marque el precio de la factura eléctrica en un momento del gas disparado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho un alegato público, ante el Parlamento Europeo, a favor de una reforma que ni siquiera había defendido la comisaria de Energía, Kadri Simson, o el propio informe de ACER, los reguladores europeos, que prefieren defender las bondades del statu quo, por mucho que el statu quo sea cada vez más difícil de sostener en el tiempo por los precios de la factura de la luz.

“Los precios de la electricidad, los precios de la energía se están disparando y estamos haciendo mucho al respecto”, ha argumentado Ursula von der Leyen en el turno de cierre del debate sobre las conclusiones de la última cumbre europea: “Hemos publicado una caja de herramientas que muchos de nuestros Estados miembros están utilizando para gravar los beneficios caídos del cielo y ayudar a los hogares y empresas vulnerables. Pero también sabemos que esto supone un alivio a corto plazo que realmente no cambiará nada la estructura del mercado”.

“¿Y cuál es el problema de la estructura del mercado?”, se ha preguntado Von der Leyen: “Que tenemos un mercado de la electricidad diseñado de una manera que era necesaria hace 20 años cuando comenzamos a introducir las energías renovables. Así, son las renovables las que entran primero porque en ese momento eran mucho más caras, y luego venía el resto de la energía, como el petróleo, el gas, la nuclear o el carbón. Y el que entra el último, el más caro, es el que define el precio”.

“Hoy en día, el mercado es completamente diferente”, ha proseguido Von der Leyen: “Son las energías renovables las más rentables y las más baratas. Y entran primero y, luego, al final, entra el gas. El gas es el más caro, pero define todo el precio. Este sistema de mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo, tenemos que adaptarlo a las nuevas realidades del dominio de las renovables. Esta es la tarea que la Comisión ha asumido ahora. Esto no es trivial, es una gran reforma. Llevará su tiempo. Tiene que estar bien pensada. Pero tenemos que dar un paso adelante para adaptar nuestro mercado eléctrico a las condiciones actuales”.