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Cani Fernández obtiene luz verde del Congreso para presidir la CNMC y promete “máxima independencia”

Cani Fernández, este jueves en el Congreso.

Antonio M. Vélez

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La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados ha dado este jueves su visto bueno al nombramiento de la jurista Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fernández ha pasado el trámite con 19 votos favor y 16 en contra, los del PP, Vox y Ciudadanos, que han puesto en entredicho su independencia tras su paso como asesora por Moncloa y por los posibles conflictos de interés que puede conllevar su trayectoria previa en el despacho Cuatrecasas. Ha superado el examen junto a los otros cuatro consejeros propuestos, incluyendo al futuro vicepresidente, Ángel Torres, previo a su nombramiento por decreto para los próximos seis años, sin posibilidad de reelección.

La futura presidenta de la CNMC, que no prevé “un número significativo de asuntos” en los que deba inhibirse, ha prometido “máxima independencia” de la CNMC. Sin precisar para cuántas empresas ha trabajado en los dos últimos años, ha garantizado que se abstendrá ante cualquier posible conflicto de interés, ya se trate de decisiones que afecten a empresas a las que ha asesorado desde ese bufete, del que fue socia responsable de Competencia hasta que en marzo se incorporó como asesora en la Presidencia del Gobierno, o las que tengan relaciones con Compass, la consultora especializada en competencia de la que es directivo su marido, Jorge Padilla.

“Me abstendré incluso voluntariamente cuando la ley no lo requiera pero deba dar un paso más”, ha señalado Fernández, que solo se ha referido a dos casos concretos de empresas a las que ha asesorado, Volkswagen y Mediaset. También ha trabajado para “la mitad de las comunidades de España” y para la Comisión Europea, “que ha sido mi cliente contra el Reino de España, al que he vencido en todas las ocasiones” y “con gobiernos de muchos colores”.

“Allí donde han confiando en mí como asesora el denominador común ha sido mi independencia de criterio”: del Gobierno a Bruselas o la propia CNMC, contra la que ha litigado “constantemente”, ha dicho Fernández, que ha señalado que el actual presidente del regulador holandés tiene un perfil “muy parecido” al suyo y ha pedido a los diputados “una reflexión muy profunda” por que se considere “un demérito” haber asesorado a un gobierno.

Citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que considera que “frenar” que “técnicos de primer nivel puedan incorporarse a organismos regulatorios” no es “una buena idea” y “viola el principio de no discriminación”, ha incidido en que “los hechos son los que hay que juzgar”.

La futura presidenta de la CNMC ha expuesto ante los diputados sus 33 años de experiencia profesional nacional e internacional en el derecho de la competencia desde el ámbito académico, judicial y de la abogacía. “Mi propósito es tan solo uno: máxima independencia de la CNMC”, que “debe dar un salto de calidad y multiplicar su valor añadido”. Cuenta con un “margen de maniobra muy amplio para ello” y “el capital humano necesario” para “impulsar una regulación eficiente y garantista que aporte unas reglas del juego claras y dinámicas” para modernizar los sectores estratégicos y lograr el bienestar de los consumidores.

Los candidatos propuestos han cosechado el esperado rechazo de PP, Vox y, en menor medida, Ciudadanos, que ha votado en contra de Fernández y del consejero propuesto por Podemos y para el resto se ha abstenido. El portavoz de los populares ha hablado de “clientelismo”, “colonización” y “asalto” de las instituciones y “captura del regulador”; la de Ciudadanos, María Muñoz, ha recurrido a la expresión “capitalismo de amiguete” para criticar al candidato Carlos Aguilar; y el representante de Vox, Víctor González, ha puesto en duda la independencia de todos los aspirantes y, singularmente, la de Fernández.

El candidato a vicepresidente, Ángel Torres, cuyo currículum, como el de Fernández han reconocido todos los portavoces, ha repasado su larga trayectoria en el Ministerio de Economía, donde fue secretario general de Política Económica con Pedro Solbes, y en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Ha matizado que “el hecho de ser militante de un partido político no es óbice para nada”, pero ha dejado claro que no está afiliado a ninguna formación.

“Ningún sesgo”

No es el caso de Carlos Aguilar, propuesto por Podemos, que ha hecho frente a las críticas de los portavoces de la derecha por su militancia en En Comú Podem, de cuyas listas formó parte en las últimas elecciones generales. Aguilar, vicedecano de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona, ha argumentado que su labor docente, que “es incompatible con ningún sesgo ideológico”, es suficiente garantía de independencia.

También ha reconocido que no es “ningún experto en temas de competencia”, pero ha puesto en valor su aportación para lograr una CNMC más “plural”, y para la que ha pedido “dotarla de las herramientas técnicas y de los recursos humanos necesarios” para desarrollar su “fundamental” labor. Aguilar ha negado tajantemente relación alguna con el empresario audiovisual Jaume Roures, al que ha dicho no haber visto “jamás”.

Pilar Sánchez Núñez, que ya fue vicepresidenta de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ha incidido en la “madurez” del sistema español de defensa de la competencia, y ha repasado su trayectoria de casi 30 años en este ámbito. Sobre su actual puesto como asesora en el gabinete de Nadia Calviño, y después de que el portavoz de Vox le afeara que, pese a su “extraordinaria” trayectoria, venga del gabinete de la vicepresidenta económica, ha dicho que “se trabaja extraordinariamente bien con ella” y ha recordado que antes estuvo con dos secretarios de Estado distintos bajo gobiernos del PP.

Por su parte, Josep María Salas, propuesto por ERC y que formó parte del grupo de expertos que asesoró al Gobierno de Mariano Rajoy sobre la transición energética, ha negado también vinculación alguna con ningún partido y ha señalado que está “en contacto permanente” con la oficina de conflictos de interés, un asunto que ha considerado “encauzado”.

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