España subvencionó en 2023 con más de 500 millones a empresas energéticas con capital de Estados extranjeros

Las Administraciones españolas subvencionaron el año pasado con más de 500 millones de euros a empresas energéticas en las que participan Estados extranjeros, según un análisis de los datos agregados de ayudas públicas que publica el Ministerio de Hacienda. El 87,5% de ese importe fueron fondos europeos y el grueso de las ayudas fue para Iberdrola, Naturgy, EdP, Repsol, Cepsa y Endesa, que tienen capital público foráneo a través de empresas del sector o fondos soberanos

El análisis de las grandes subvenciones concedidas en España en 2023 (las cerca de 1.700 empresas que recibieron al menos un millón de euros en subsidios) refleja que 100 compañías de sectores como energía, automoción, formación, ‘telecos’, tecnología o transporte coparon más de la mitad de las mayores ayudas el pasado ejercicio. 

En pleno reparto de los fondos del Plan de Recuperación, las energéticas absorbieron el 20% de los mayores subsidios en 2023, con más de 1.500 millones. Y un tercio de ese dinero fue a parar a compañías en las que participan gobiernos extranjeros. De esos 500,9 millones, 437 millones, el 87,5%, correspondió a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El dato no debería sorprender si se tiene en cuenta que todas las grandes compañías de este sector tienen en mayor o menor medida accionistas estatales foráneos presentes en su capital, a través de empresas específicas o mediante fondos soberanos. En un país sin eléctrica pública desde que se privatizó Endesa hace ya casi tres décadas, el gobierno llegó a poner esta idea sobre la mesa en agosto de 2021, en los albores de la crisis energética, al sugerir la vicepresidenta Teresa Ribera que una empresa pública gestionase las presas hidroeléctricas conforme caduquen sus concesiones, pero acabó descartándola. Luego el asunto ha vuelto periódicamente al debate público sin demasiado eco. En septiembre, PSOE y PP tumbaron en el Congreso una proposición no de ley de Sumar para crear una entidad pública empresarial que gestione esas concesiones.

A la cabeza en el reparto de esos 500,9 millones en subvenciones para energéticas con participación de Estados extranjeros figura la mayor empresa española de este sector, Iberdrola, que el año pasado recibió 121,6 millones en ayudas. El mayor accionista de la multinacional vasca (aunque no tiene presencia en su consejo de administración) es el Emirato de Qatar. Tiene un paquete del 8,694% que, según varios medios, esta petromonarquía absolutista se está planteando ampliar hasta el 10% o más. Otro accionista relevante de Iberdrola (también sin presencia en la gestión) es el fondo soberano de Noruega (3,116%), uno de los mayores del mundo, a través de Norges Bank.

A finales del año pasado, Iberdrola firmó con Masdar, la empresa estatal del emirato de Abu Dhabi, una alianza para coinvertir 15.000 millones en eólica marina e hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Masdar firmó hace unas semanas la compra de la plataforma de energías renovables Saeta Yield, al fondo canadiense Brookfield, por casi 1.300 millones. Y el pasado mes de julio firmó otro acuerdo con Endesa para coinvertir en una cartera de proyectos fotovoltaicos y baterías de hasta 2.500 megavatios, valorada en 1.700 millones.

A continuación figura Naturgy, que recibió 79,10 millones en ayudas en 2023. En la mayor gasista española, tercera empresa del sector eléctrico, el gigante estatal argelino Sonatrach tiene un 3,85%, consecuencia de un arbitraje por el precio del gas resuelto en contra de la española en 2010. La antigua Gas Natural tiene a dos de sus principales accionistas, los fondos GIP y CVC (en alianza con la familia March), buscando vender su 40% desde hace tiempo por considerar agotado su ciclo de inversión. Naturgy ha sido objeto de negociaciones este año para la entrada en su capital de Taqa, la eléctrica estatal de Emiratos. El movimiento despertaba recelos de Argelia, proveedor clave de gas a España. La operación se iba a articular mediante una oferta pública de adquisición (opa) conjunta con Criteria Caixa, brazo inversor de la Fundación La Caixa, pero se acabó descartando en junio.

Ante la incertidumbre sobre el futuro de ese 40% del capital de Naturgy se ha especulado con una entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en su capital, al estilo de la realizada en Telefónica tras la entrada de la saudí STC, en un movimiento que ha reclamado abiertamente Sumar.

Como dijo hace unos días en una entrevista en La Vanguardia el consejero delegado de Criteria Caixa, Ángel Simón, sustituir a los fondos que quieren salir de Naturgy “es un tema complejo”: Es una empresa “estratégica para el país, para el Gobierno, el de ahora y el que pueda venir, y también para unos socios de referencia e históricos como nosotros. Pero encontraremos la solución”.

La tercera energética con participación pública que más ayudas recibió en 2023, con 66,2 millones, es la portuguesa EdP, en la que el Estado luso tuvo que vender su último paquete de acciones en el año 2013 por exigencia del rescate de la Troika. En el accionariado de esta empresa, que es la cuarta distribuidora eléctrica española y uno de los cinco operadores dominantes del sector, sobresale la china estatal Three Gorges (21,08%), junto a una gran fortuna española, la familia Masaveu (6,8%), y de nuevo, el noruego Norges Bank (5%). 

A continuación, con 60,7 millones en subvenciones en 2023, figura Repsol, primera petrolera española, quinto operador eléctrico y la energética más afectada por el impuesto extraordinario al sector que acaba de decaer por el rechazo de Junts y el PNV a prorrogarlo. “Afortunadamente, el problema se ha acabado”, decía el jueves su consejero delegado, Josu Jon Imaz. La petrolera, cuya privatización culminó el gobierno de José María Aznar en 1997, solo tiene en la actualidad dos accionistas significativos: el gigante de la inversión Blackrock (6,2%) y Norges Bank (5%). Este año, Repsol ha entablado negociaciones con el gigante estatal saudí Aramco para darle entrada en su filial de energías renovables, valorada en unos 6.000 millones.

Y tras Repsol, con otros 60,5 millones en ayudas públicas en 2023, figura la segunda petrolera española, Cepsa, recién rebautizada como Moeve para ilustrar su giro verde. La histórica compañía también había condicionado hace unos días su multimillonaria inversión en el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno (con millonarias subvenciones públicas) al futuro de ese gravamen. El mayor accionista de Moeve (63%) es el emirato de Abu Dhabi a través de Mubadala, que en 2021 y 2022 se repartió dividendos de 1.400 millones procedentes de Cepsa junto a su socio, el fondo Carlyle, aprovechando los beneficios récord de la petrolera y tras la venta de la mitad de sus activos de Exploración y Producción. 

Mubadala también tiene un pequeño paquete en Enagás, dueña de la red de gasoductos, ahora volcada en el desarrollo del hidrógeno verde, y que en 2023 recibió 18,3 millones en ayudas públicas, según los datos de Hacienda. Enagás es una de las pocas energéticas en las que el Estado español tiene presencia, con un 5% del capital a través de la SEPI. El holding público es el único accionista que no tiene limitados sus derechos políticos en el operador gasista.

Otro nombre destacado es Endesa. La antigua eléctrica estatal privatizada en 1997, junto a su matriz, la eléctrica semipública italiana Enel, recibió el año pasado 58,3 millones en ayudas públicas de la Administración española. 

El listado de energéticas con capital público extranjero que recibieron subvenciones públicas millonarias en 2023 se completa con la regasificadora de Reganosa (17,9 millones), participada por la Xunta de Galicia (59,64%) y Sonatrach (11,76%); la eléctrica estatal noruega Statkraft (12,355 millones) y la francesa Engie (2,42 millones). 

Otros 27,67 millones en subsidios recibió Basquevolt, iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno vasco en la que también participan Iberdrola, CIE Automotive o Enagás; y Biscay Marine Energy Platform, participada por el Ente Vasco de la Energía (75%) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), con 2,63 millones.