La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un expediente sancionador a Codere por las “inconsistencias contables” que el grupo reconoció a finales de 2019 en varias de sus filiales en Latinoamérica. El procedimiento podría derivar en una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores, según admite en sus últimas cuentas anuales la multinacional española de las apuestas, que está en proceso de liquidación.
Codere explica en ese documento que el pasado 23 de septiembre la CNMV le notificó que había decidido “iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra Codere, S. A. y otros, por la posible comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 282.2 de la Ley del Mercado de Valores, como responsable de las inconsistencias contables contenidas en los estados financieros de la sociedad correspondientes al primer semestre del ejercicio 2019”.
Ese artículo de la Ley del Mercado de Valores recoge las infracciones “por incumplimiento de las obligaciones de transparencia e integridad del mercado” que las cotizadas deben reflejar en el informe anual, el informe de auditoría o las cuentas semestrales. En octubre de 2019, la multinacional española anunció que había detectado determinadas “inconsistencias” en los resultados publicados de algunas de sus filiales latinoamericanas.
Lo hizo meses después de la salida del consejo de administración del grupo de la familia Martínez-Sampedro, fundadores de Codere y enfrentados a su actual dirección tras ver reducida su participación a la mínima expresión como consecuencia del proceso de reestructuración de la deuda de la empresa.
Un análisis posterior encargado por Codere a la firma EY confirmó que el grupo había infraestimado sus pérdidas en más de 15 millones de euros como consecuencia de esas inconsistencias, detectadas en las cuentas financieras de las filiales en México, Colombia y Panamá. Según Codere, estas pérdidas fueron “intencionadas y coordinadas por un reducido grupo de personas en México”, mediante la modificación de ingresos y costes en sus sistemas operativos contables, y “sin el conocimiento de la dirección corporativa en Madrid”, según reflejó un informe encargado por la empresa a Kroy y Álvarez y Marsal. El grupo acabaría declarando unas pérdidas de cerca de 62 millones en el conjunto del ejercicio 2019. La cifra se disparó por encima de los 200 millones ya en 2020, como consecuencia de los cierres por la pandemia.
Entre las conductas prohibidas que recoge el artículo de la Ley del Mercado de Valores que ha motivado este expediente sancionador está la de omitir información financiera “cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido”, así como el suministro a la CNMV de “información financiera regulada con datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omita aspectos o datos relevantes”.
Codere, con la que elDiario.es se ha puesto en contacto sin obtener respuesta, explica en el documento remitido al regulador español que el pasado 22 de octubre presentó alegaciones contra la incoación del procedimiento sancionador, “solicitando el sobreseimiento del mismo sin imposición de sanción alguna, y desde entonces, estamos a la espera de la resolución de la CNMV”.
“El 16 de marzo de 2022 se recibió comunicación de la CNMV por la que se informaba a Codere, SA, en liquidación, del cambio de instructor del expediente”, añade Codere.
“Sobre los posibles expedientes en curso no damos información hasta que no acaban, en su caso. Las sanciones que impone la CNMV se publican en el BOE y en el registro de sanciones”, se limita a señalar el regulador bursátil, a preguntas sobre este asunto.
El pasado jueves, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó excluir a Codere de negociación y fijó como último día de negociación de sus títulos el próximo viernes, 6 de mayo. La matriz de Codere, que en 2021 aumentó sus números rojos un 43,1%, hasta 338,6 millones, pese a haber aumentado un 33% su facturación, hasta 790,7 millones, anunció en 2021 su entrada en liquidación, tras finalizar el proceso de reestructuración financiera anunciado hace un año, por el que recibió la inyección de hasta 225 millones, se capitalizaron más de 350 millones de deuda por parte de sus acreedores y se alargó su vencimiento a septiembre de 2026, a cambio de dejar el 95% de la empresa en manos de los bonistas del grupo.
En paralelo a su despedida del parqué español, el grupo sacó a cotizar el año pasado su filial de apuestas online en Estados Unidos, que saltó al parqué el pasado diciembre mediante la fusión con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) DD3 Acquisition Corp.II. Recientemente, esa filial ha advertido allí del riesgo de perder su licencia en España por acumulación de sanciones muy graves por incumplimiento de la normativa de juego estatal o autonómica.
El pasado verano, esa filial lamentó la “postura negativa” del Gobierno español contra las casas de apuestas, reflejada en el veto a la publicidad de estas empresas. Es una queja recurrente del grupo: a principios de 2020, el entonces presidente de Codere también cargó contra las “posiciones políticas y sociales radicales” hacia las casas de apuestas y las “falsas creencias” sobre este sector.
Tanto Codere como los consejeros que entonces formaban parte de su comité de auditoría ya fueron sancionados en marzo de 2015 por la CNMV por falsear sus cuentas de 2012. En este caso, la empresa fue multada con 100.000 euros por una infracción muy grave, porque esas cuentas contenían datos “inexactos o no veraces”.
En febrero de 2013, Codere informó de unas pérdidas de 104,6 millones en 2021, lastrada por un deterioro de activos en España por valor de 75,6 millones y por la bajada de los ingresos en el país. Unos meses después reformuló sus cuentas y elevó las pérdidas a 134 millones tras detectar un error contable. Pocos días después, volvía a reformular las cuentas para adecuarlas a una “aclaración” fiscal en México y tras afrontar un pago por licencias en Argentina.
Tras conocer la sanción, y en los sucesivos recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, Codere alegó que la conducta sancionada era fruto de un error técnico que fue corregido de inmediato, y que no alteraba la situación patrimonial de la empresa. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmaron las sanciones en todos sus extremos.
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