Juan (nombre supuesto) perdió una oreja en un accidente de trabajo. Lo habitual en España es elegir entre un catálogo de unos diez modelos de prótesis. En su caso, la mutua le costeó un implante prácticamente igual al de la oreja que le quedaba, diseñado con tecnología e impresora 3D, al que le añadieron marcas y manchas basadas en antiguas fotografías para lograr más verosimilitud. Este es uno de los ejemplos del trabajo de Exovite, una empresa zaragozana de 14 trabajadores, la mayoría ingenieros, que se dedica, sobre todo, a la innovación tecnológica en herramientas y procedimientos médicos.
Aseguran que con su software para planificar operaciones con tecnología 3D reducen el tiempo en quirófano entre un 60 y un 70%, lo que redunda en beneficio del paciente y de los costes. También fabrican férulas ergonómicas para rehabilitar roturas de huesos o tratar enfermedades degenerativas como la artrosis. “Sin la ayuda europea habríamos sido mucho más lentos, o incluso lo habríamos dejado. Los inversores nos pedían demasiado retorno de ganancias y el hardware de salud es un área muy complicada”, explica Juan Monzón, el consejero delegado.
Su empresa, que obtuvo en 2016 un préstamo del Banco Europeo de Inversiones y avales para ampliarlo hasta los 300.000 euros en Ibercaja, representa el caso español en la feria que ha organizado la Comisión Europea en Bruselas con ejemplos de compañías y cooperativas beneficiadas por el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI en sus siglas en inglés), más conocido como Plan Juncker. Junto a Exovite, una cadena de panaderías estonas que nacieron en la pequeña isla de Muhu, un proyecto de viviendas asequibles en la ciudad polaca de Poznan o una empresa austriaca de energía renovable.
Este plan ha regado de millones la Unión Europea y España desde 2015, según asegura la Comisión. En concreto, ha movilizado 315.000 millones hasta mediados de este año en toda la UE. En España se han aprobado préstamos hasta el momento por valor de 7.700 millones de euros, de los que se espera que generen inversiones por valor de 39.300 millones. En términos de PIB, España se sitúa como el octavo país más beneficiado por el plan, de entre los 28 estados miembros de la Unión Europea. Los tres primeros son Grecia, Estonia y Lituania.
El plan ofrece avales con cargo al presupuesto europeo para proyectos en los Estados miembros con el fin de ayudarles a atraer también inversión privada. Funciona en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para canalizar la financiación a través de intermediarios nacionales.
El pasado julio la Comisión decidió ampliar su funcionamiento hasta 2020, con el objetivo de lograr inversiones por medio billón de euros. Calculan que ya han conseguido elevar un 0,6% el PIB europeo y que al final del programa habrá crecido un 1,3%. Hasta ahora se han creado 750.000 puestos de trabajo en toda Europa y creen que llegarán a los 1,4 millones.
Muchos de de los destinatarios en España han sido pymes como la zaragozana Exovite (según cálculos de la CE más de 100.000 pequeñas y medianas empresas españolas han podido acabar beneficiándose del plan en alguna de sus facetas). Pero, como recuerdan los que critican aspectos del proyecto, también se han beneficiado compañías mucho menos necesitadas de ayudas para obtener liquidez como BBVA, Santander, Bankia, Grífols, Acciona o El Corte Inglés. Los grandes almacenes, por ejemplo, recibieron financiación por 232 millones para su transformación digital en 2016.
Por su parte, el fallido almacén de gas Castor fue uno de los primeros proyectos que se financiaron en España. “Los proyectos elegibles como inversiones estratégicas son muy cuestionables”, señala el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun. Miguel Urbán, de Podemos, afirma que este plan “puso en evidencia el lado más oscuro de los proyectos público-privado” y “asignoÌ a los contribuyentes españoles una deuda ilegiÌtima que pretenden que se pague con las facturas de gas”.
Un plan para la economía europea en horas bajas
El plan fue lanzado en plena crisis para dar brío a una economía europea en horas bajas usando dinero público, pero sobre todo promoviendo la inversión privada. La Comisión organiza viajes a Bruselas con prensa de los países beneficiados para dar publicidad a esta política y explicar sus logros. En esta ocasión, griegos, españoles, búlgaros o italianos, aunque también de otros países como Dinamarca.
El programa de trabajo: un encuentro con responsables del diseño de estos programas, entre ellos el comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, y una visita a una pequeña feria en la que se exhiben algunas empresas y cooperativas seleccionadas para explicar cómo les ayudó el macroplan de inversiones impulsado por el todavía presidente de la Comisión Europea. El año que viene se celebran elecciones europeas, y de la composición de la Eurocámara dependerá, en principio, quien sucede al frente de la Comisión a Juncker, del PPE, que ya ha dicho que no se presentará.
Según el comisario Katainen, el Plan de Inversión para Europa “ha funcionado relativamente bien en España gracias a un banco de promoción nacional (el ICO) muy capaz y que funciona bien”. Asimismo, el ex primer ministro finlandés señala que los bancos privados españoles “han sido muy activos” en el uso del Fondo. “Animaría a España a difundir la palabra sobre cómo utilizar el EFSI en las regiones”, afirmó Katainen.
Fallos de diseño y en los proyectos elegidos
El eurodiputado Ernest Urtasun admite que el EFSI supuso “un cambio de orientación en las políticas económicas de la UE, que pasaron de centrarse estrictamente en la austeridad y en las reformas estructurales, a introducir un tercer elemento, las inversiones”.
Sin embargo, hace varias críticas: “El plan fue ideado para movilizar capital privado hacía una lista de proyectos que se suponen de valor añadido. Diferentes informes, como los de Ernst&Young o el Tribunal de Cuentas Europeos, han cuestionado que se haya movilizado dinero hacía nuevos proyectos, sino que lo que habría sucedido en muchos casos es que proyectos que ya tenían financiación y se hubieran llevado a cabo igualmente hayan contado con un apoyo público excepcional”.
En cuanto a las inversiones estratégicas, advierte de que pueden ser “muy cuestionables”, ya que, destaca, “aquellos que hacen la economía europea más dependiente de las energías fósiles siguen siendo elegibles”. “Hemos visto como se han financiado gaseoductos o grandes autopistas, cosa que nos aleja tanto de la modernización de nuestra economía como de los objetivos climáticos. Incluso en la nueva herramienta InvestEU, que será la heredera del EFSI, no queda claro si los combustibles fósiles serán excluidos”.
Miguel Urbán va más allá: “este plan ha alimentado la economía especulativa al atraer capital privado con dinero público del presupuesto de la UE para garantizar préstamos de alto riesgo por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Luego, si algo sale mal el BEI socializa las pérdidas, mientras que los beneficios siempre van al sector privado”. A su juicio, “no solo se debe terminar con el plan y realizarse una auditoría integral y pública, sino incluso estudiar acciones legales contra la Comisión Europea de Juncker y las empresas y que devuelvan el dinero público en caso que se pueda demostrar fraude, sobrecostes o malversación”.